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25.03.2026 Veracruz.- El Gobierno de Veracruz instruyó una auditoría profunda a la administración del fideicomiso de Ciudad Industrial, luego de detectar presuntos saldos negativos y recibir la renuncia de la persona encargada de su manejo.
La gobernadora Rocío Nahle García informó que esta semana recibió en su oficina la dimisión de la administradora del fideicomiso, acompañada de un reporte documental sobre el estado financiero del mismo.
Ante ello, indicó que de manera inmediata turnó el caso a la Secretaría de Finanzas y al órgano interno de control para realizar una revisión exhaustiva del manejo de los recursos.
“Se va a llevar a cabo una auditoría profunda de esa administración, particularmente de los últimos años, porque tenemos saldos negativos y es necesario conocer con exactitud en qué se ejercieron los recursos”, señaló.
La mandataria estatal subrayó que la renuncia no exime a la ex funcionaria de responsabilidades, por lo que deberá someterse al proceso de fiscalización conforme a la ley.
Cancelación del fideicomiso.
En este contexto, recordó que su administración ya había anunciado la cancelación del fideicomiso, como parte de una estrategia para reorganizar la gestión de la zona industrial.
Explicó que se busca que el Estado asuma el control directo de los recursos y que, en coordinación con el municipio, se atiendan las necesidades de infraestructura y urbanización en esta área, la cual —reconoció— presenta rezagos importantes.
Asimismo, detalló que se contempla que el gobierno estatal sea quien recaude las aportaciones de los industriales, con el objetivo de destinarlas de manera más eficiente a la mejora de servicios y condiciones en Ciudad Industrial.
Transparencia y rendición de cuentas
La auditoría responde también a exigencias de mayor transparencia en el manejo del fideicomiso, particularmente en el periodo reciente, donde se han señalado inconsistencias en la aplicación de los recursos.
Finalmente, la gobernadora reiteró que su administración mantendrá una política de rendición de cuentas, asegurando que cualquier irregularidad detectada será investigada y, en su caso, sancionada conforme a la ley.
