*
/ Ana Laura Magaloni Kerpel /
Uno de los mayores éxitos de López Obrador fue convertir una promesa moral en identidad partidista. Morena surgía para regenerar la vida pública. Su nombre contenía su programa: separar el poder político del dinero y acabar con la corrupción. La promesa funcionó. Millones creyeron que la honestidad de AMLO se convertiría en una nueva forma de ejercer el poder. Ocho años después sabemos que no fue así. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI, 84.1% de la población consideró frecuentes los actos de corrupción. Contratos a modo, empresas amigas, facturas infladas y un largo etcétera forman parte del paisaje nacional. Y la impunidad continúa siendo el pegamento político.
La corrupción no se elimina por contagio moral desde Palacio Nacional. Es una red: quien asigna, quien cobra, quien paga, quien lava y quien encubre; todos ganan robando dinero público. En casi ocho años no hemos visto una investigación emblemática que explique cómo opera, identifique a sus beneficiarios y recupere el dinero. Ha habido escándalos, auditorías, destituciones y anuncios. Pero, como en el viejo régimen, la regla sigue siendo la impunidad.
López Obrador privilegió la construcción de mayorías calificadas por encima de la regeneración de la vida pública. Eso implicó abrir la puerta a quien quisiera sumarse a Morena sin un proceso real de depuración moral. El resultado es un partido con enorme poder, pero desordenado, atravesado por intereses diversos y prácticas contradictorias.
Sheinbaum hereda un partido hecho bolas, pero con un enorme poder político. La disyuntiva de la Presidenta es ordenar la casa o preservar la unidad de Morena rumbo a 2027. Quienes prefieren mantener la cohesión interna sostienen que investigar a los propios fractura al partido y pone en riesgo la mayoría calificada en la Cámara y algunas gubernaturas. Pero no perseguir la corrupción tampoco garantiza ganar, pues destruye la ventaja que hizo posible el ascenso de Morena: la creencia de que era un partido que gobernaría distinto.
Para ordenar la casa se necesita que la amenaza de castigo sea creíble para todos, sin importar quién esté involucrado. Para ello es indispensable construir una Fiscalía Anticorrupción que sea creíble que no recibe instrucciones sobre a quién investigar y a quién no y que, además, tenga capacidades investigativas robustas. Ello implica que dicha fiscalía trabaje eficazmente con el SAT, la UIF y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Perseguir la corrupción comienza por seleccionar casos paradigmáticos y ejemplares. Ninguna fiscalía puede investigarlo todo. Debe escoger asuntos que permitan exhibir redes y cambiar prácticas e incentivos. Ir sólo contra el funcionario menor no altera los incentivos de quienes organizan el esquema. Lo más importante es contar con verdaderos instrumentos de investigación para seguir el dinero. Se requiere, además de fiscales, analistas financieros, especialistas en contrataciones, contadores forenses. También se necesita acceso oportuno y legal a información bancaria, fiscal, societaria y de propiedad. La ASF, la UIF y el SAT son quienes pueden proveer algunas de las piezas clave de este tipo de rompecabezas delictivo. El éxito de la Fiscalía Anticorrupción no se mide en carpetas iniciadas, sino en redes desmanteladas, responsables sancionados y dinero recuperado.
Hasta la fecha, nada de ello sucede. Según el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Tojil, en 2023, la Fiscalía Anticorrupción sólo llevó 42 casos ante un juez y no se puede saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso, ni cuántos casos terminaron en sentencia. Es decir, no sólo faltan grandes casos, faltan también resultados elementales y transparencia para evaluarlos.
Morena quizá pagaría un precio electoral por depurarse, pero creo que, de no hacerlo, también pagaría un precio. Lo que está en juego es algo mayor: traicionar su razón histórica. Esto último, tarde o temprano, se lo va a cobrar el electorado. ¿Cuándo pagar el costo? Esa es la disyuntiva.