*Palabra de Mujer
/ Billie J Parker /
En política, los anuncios espectaculares suelen concentrarse en la obra nueva, en las compras millonarias o en los proyectos que lucen bien en fotografías y discursos. Pero pocas veces se reconoce que gobernar también implica hacer lo incómodo: limpiar el desorden heredado, desmontar inercias burocráticas y tomar decisiones administrativas que no generan aplausos inmediatos, aunque sí impacto financiero.
Eso es precisamente lo que intenta hacer la gobernadora de Rocío Nahle García en Veracruz.
Desde el inicio de su administración, la mandataria ha repetido una frase que ya funciona como sello político: “orden, orden, orden”. Y aunque para algunos puede sonar únicamente a eslogan, lo cierto es que detrás de esa insistencia comienza a delinearse una lógica administrativa más profunda: reorganizar el aparato estatal antes de intentar expandirlo.
El reto no es menor. Veracruz arrastra años de acumulación de pasivos, infraestructura deteriorada, inventarios inflados y patrimonio gubernamental abandonado. En ese contexto, ordenar no significa únicamente poner reglas; significa revisar qué sirve, qué cuesta y qué representa una carga silenciosa para las finanzas públicas.
Por eso resulta relevante que, al mismo tiempo que el gobierno estatal invierte en helicópteros, ambulancias, pipas y equipo especializado para seguridad, protección civil y servicios públicos, también haya comenzado un proceso para depurar miles de unidades vehiculares inoperantes que permanecían olvidadas en patios oficiales.
El dato puede parecer menor frente a otros debates políticos, pero no lo es. Cada vehículo abandonado representa gastos permanentes: seguros, obligaciones fiscales, mantenimiento mínimo y costos administrativos que siguen corriendo aun cuando la unidad ya no tenga utilidad alguna. Es dinero público destinado a sostener chatarra.
La diferencia está en que ahora el problema se reconoce abiertamente y se intenta resolver mediante un mecanismo legal: solicitar autorización al Congreso para dar de baja estos bienes y posteriormente llevarlos a subasta.
En términos financieros, la medida tiene una lógica elemental pero poco aplicada en gobiernos acostumbrados a acumular sin depurar. Pasar de una administración pasiva del patrimonio a una gestión activa implica entender que el Estado no solo debe adquirir bienes; también debe saber cuándo dejar de sostener aquello que ya no funciona.
La apuesta de Nahle parece construirse sobre esa premisa: liberar recursos improductivos para redirigirlos hacia áreas estratégicas.
No es una política vistosa ni necesariamente popular. De hecho, la disciplina administrativa rara vez genera entusiasmo político porque sus resultados suelen percibirse lentamente. Sin embargo, es ahí donde muchas administraciones fracasan: compran más de lo que pueden sostener y heredan estructuras cada vez más costosas e ineficientes.
En Veracruz comienza a observarse otro enfoque. Uno donde gobernar no solo significa inaugurar, sino también corregir. No solo invertir, sino depurar. No solo sumar activos, sino entender cuáles dejaron de tener sentido.
Porque al final, ordenar el presente también es una forma de financiar el futuro.
