- La diputada del PAN indica que el objetivo es garantizar el acceso a la justicia a las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de algún delito sexual.
• Expertas y expertos coinciden en la necesidad de armonizar la legislación en el país en materia de delitos sexuales y acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas para atender los casos con mayor precisión.
16-06-2025. Ciudad de México.- Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia a las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de algún delito sexual, la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) organizó el “Primer Encuentro Nacional de Congresos Locales rumbo a la Armonización Legislativa en Materia de Delitos Sexuales y Acceso a la Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas”.
Durante el encuentro, la secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados destacó la importancia de eliminar de las legislaciones locales aquellas disposiciones jurídicas que vulneran los derechos de las víctimas y obstaculizan la correcta persecución de los delitos sexuales.
“Hoy asumimos una doble responsabilidad, ya que ahora tenemos nuevas herramientas para que (legisladoras locales), regresen a sus estados a eliminar disposiciones jurídicas que vulneren el derecho de las víctimas, artículos en sus legislaciones locales que revictimicen la correcta persecución de estos delitos”, subrayó.
Hizo un llamado a mantener el trabajo coordinado entre legislaturas y a establecer una red permanente para dar seguimiento a las acciones legislativas, por lo que aseguró que este esfuerzo apenas comienza y expresó su confianza en que más congresos locales se sumarán en futuros encuentros.
Asimismo, reiteró el compromiso de la Cámara de Diputados, en especial de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para seguir trabajando en conjunto con su homóloga del Senado. “Quiero que sepan que las legislaturas locales no están solas en esta labor; estamos todas y todos unidos”, sostuvo.
Durante la mesa “Ruta de trabajo legislativo desde el Congreso de la Unión”, Ortiz Pérez afirmó que el foro es el inicio de una ruta conjunta de trabajo legislativo para la construcción de alianzas y vínculos para fortalecer el compromiso colectivo y construir un país que proteja verdaderamente a su niñez, lo que será posible con la voluntad, liderazgo y convicción de las y los legisladores.
Planteó cinco puntos para construirla: 1. Conformar un diagnóstico compartido para sistematizar los avances y rezagos legislativos por estado para identificar con claridad las reformas necesarias y sus prioridades. 2. Avanzar en la tipificación uniforme de delitos para abordar desde el abuso sexual digital y el “grooming” hasta la explotación sexual en redes sociales. 3. Implementar procedimientos sensibles para las víctimas para garantizar mecanismos de denuncia accesibles. 4. Impulsar el fortalecimiento institucional con enfoque en derechos de infancia. 5. Seguimiento legislativo a dichas acciones.
“Desde el Congreso de la Unión hemos avanzado en reformas trascendentales, como la que declara que los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes no prescriben. Sin embargo, estos avances sólo tendrán impacto real si logramos que cada estado del país cuente con una legislación alineada y coherente; no puede haber protección efectiva con vacíos legales”, reafirmó.
Por eso nuestro deber como legisladoras y legisladores no es menor, nos toca construir leyes que escuchen que sanen, protejan y que nos acerquen más a la justicia restaurativa, anotó.
La diputada Socorro Jasso Nieto (PRI), secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, aseveró que el encuentro representa un intercambio y una oportunidad concreta para avanzar hacia una legislación más justa para todas y todos los niños, niñas y adolescentes del país.
“La legislación nacional debe ser más coherente y sensible ante los delitos más atroces que puede sufrir una persona, como es la violencia sexual de los niños, niñas y adolescentes. Durante décadas la legislación ha avanzado lentamente, mientras la realidad sigue siendo sumamente alarmante”.
La senadora Laura Esquivel Torres (PAN), presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, dijo que para tener una ruta legislativa en la materia, es necesario tener datos, ya que la última encuesta sobre trabajo infantil se realizó en 2022, por lo que hay un rezago
Mencionó que el “grooming” o acoso y abuso sexual “on line” en México es un delito que se debe atender en materia legislativa; incluir agravantes en el delito de hostigamiento sexual sobre todo si la víctima es un menor de edad, y homologar la edad de la víctima en los tipos penales del delito de estupro.
“Necesitamos salir de este foro con compromisos muy puntuales con la comunicación directa con las presidentas de las comisiones, porque en esto tiene que haber un cambio”.
La senadora María Alejandra Barrales Magdaleno (MC), integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, puntualizó que un reto primordial que tiene el país es la de armonizar las legislaciones, a fin de fortalecer herramientas para hacerle frente tan enorme reto en la materia, además de unir esfuerzos para dotar de presupuesto al Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como garantizar la participación infantil.
Lamentó que México sea número uno en abuso sexual infantil, que encabece los primeros lugares de niños y niñas en pobreza, que diariamente desaparecen 14 menores con diferentes modalidades, así como saber qué pasa con las niñas y niños migrantes que se quedan sin sus padres por las redadas que se están realizando en Estados Unidos, por lo que aseguró que es necesario trabajar en un protocolo para saber con quién se quedan o qué sucede con ellos.
En el panel “Diagnóstico: situación actual de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes”, la encargada de Legislación y Políticas Públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Mónica Miguel Muñoz Olmedo, aseguró que los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes presentan un alto subregistro: por cada caso denunciado, podrían existir entre cinco y diez que no se reportan.
Señaló que la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes, por lo que es urgente un enfoque de justicia con perspectiva de infancia y género. Denunció además la impunidad persistente, especialmente en casos de abuso cometidos por miembros del clero, subrayó el impacto desproporcionado en niñas y adolescentes indígenas, criticó el débil funcionamiento de las fiscalías, la inaccesibilidad de los canales de denuncia y la falta de reparación del daño, factores que perpetúan la violencia.
Recordó que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha emitido recomendaciones urgentes al Estado mexicano, como armonizar los códigos penales estatales, implementar programas estructurales de largo plazo, fortalecer la actuación de la SEP en las escuelas, investigar formalmente los abusos eclesiásticos, y establecer canales de denuncia accesibles, confidenciales y con enfoque en derechos de infancia. También propuso garantizar atención multidisciplinaria y capacitar adecuadamente a los operadores del sistema.
Durante su intervención, la directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) A.C, Mariana Gil Bartumeu, señaló que, además de armonizar las leyes sustantivas, es fundamental hacerlo con las leyes procesales bajo estándares internacionales y las necesidades de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, especialmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el de Procedimientos Familiares y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes.
Destacó que para prevenir la violencia sexual se debe reconocer a la niñez como sujetos de derechos, ya que al llegar al sistema de justicia enfrentan discriminación, revictimización y falta de credibilidad por parte de las autoridades.
Desde ODI, subrayó, proponen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer la prueba anticipada como mecanismo de protección, y la especialización de los operadores del sistema, como fiscales, abogados y psicólogos que intervienen en estos casos.
Sandra Espinoza Rizo, abogada de Early Institute, en representación de Alumbra A.C, consideró que se debe legislar con mayor perspectiva de niñez y adolescencia, protegiendo y viendo por el interés superior de esta población, asegurar un catálogo esencial de delitos sexuales, promover la homologación de tipos penales en todo el país, incorporar agravantes o delitos específicos cuando las víctimas sean niñas, niños y adolescentes, establecer criterios uniformes para la imposición de sanciones y eliminar disposiciones que señalen edades diferenciadas.
Dijo que de lo contrario, implicaría una falta de acceso a la justicia para víctimas y de persecución de los delitos en algunas entidades federativas, subjetividad en la interpretación y aplicación de tipos penales de tipos penales, y multiplicidad de delitos sin enfoque de niñez, revictimización, especialmente en delitos como el estupro, dificultad para medir y conocer la magnitud real del fenómeno, así como obstáculos para diseñar políticas públicas de prevención eficaces y basadas en evidencia
Expuso que observaron que existen diferentes delitos para una misma conducta, pues mientras en el Código Penal Federal se contemplan 15 delitos en la materia, en los estados existen 40 delitos nombrados de distintas maneras, y agregó que además algunos no contemplan una agravante o no se consideran como uno distinto cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el coordinador de Tejiendo Redes por la Infancia, vía Zoom, Juan Martín Pérez García, destacó que, aunque México cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados en materia de derechos de niñas y niños, su aplicación sigue siendo limitada. Dijo que esta situación, lejos de proteger, puede generar violencia institucional y revictimización.
Ante este panorama, subrayó la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y avanzar en una armonización legislativa nacional que considere las particularidades de cada estado, a través de la red de comisiones legislativas del país, y se propone la construcción de leyes base que puedan adaptarse a nivel local, con el objetivo de homologar los tipos penales y cerrar las llamadas “puertas giratorias” que perpetúan la impunidad.
Durante la mesa “Situación y desafíos actuales para homologar la tipificación y sanción de los delitos sexuales contra las infancias y adolescencias”, Luis Peña Cruz, encargado de despacho de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en representación del Sistema Nacional DIF, abordó algunos desafíos parta la homologación de la tipificación y sanción de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Mencionó la dispersión normativa, que es el hecho de que una misma figura legal esté regulada de distinta forma en la legislación del país, que se da en función de los 32 códigos penales.
Por otro lado, Paula Gándara Autrique, coordinadora General de Formación y Políticas Públicas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas; en representación de la Fiscalía General de la República, expuso que académicos destacados y abogados penalistas crearon un modelo de código penal tomando en cuenta los códigos penales de las 32 entidades federativas, así como el Código de Justicia Militar y el Código Penal Federal.
Mencionó los problemas relacionados con la ausencia de perspectiva de niñez y adolescencia en el ámbito de aplicación de la justicia de los órganos jurisdiccionales, con un enfoque en dos momentos distintos, en donde desde la experiencia de la Fiscalía General de la República “hemos advertido que este se vuelve problemático”
En un primer momento, comentó, tiene que ver con el desahogo y valoración de las pruebas, específicamente al testimonio de niñas y niños que son víctimas de delitos sexuales, que podría extenderse al desahogo y valoración de otro tipo de pruebas de procesos penales de esta naturaleza.
Durante la clausura del encuentro las y los asistentes firmaron el compromiso por una infancia y adolescencia libre de violencia sexual.
