*A Juicio de Amparo
/ María Amparo Casar /
No nos podemos llamar a engaño. Ya en campaña (2018) el entonces candidato López Obrador mostró abiertamente su animadversión por dos tipos de instituciones: los órganos de autonomía técnica o Constitucional y las organizaciones de la sociedad civil. Ambas concebidas y creadas, entre otras cosas, para limitar el poder del Ejecutivo. Sí, para limitar al Ejecutivo, pero también para otras cosas que un Estado democrático debería valorar: atender necesidades que por algún motivo el poder público no atiende, ayudar a que los ciudadanos ejerzan sus derechos, investigar la realidad en distintos ámbitos de la sociedad sin sesgo político y proponer políticas públicas con base en datos y evidencia. En suma, para ampliar la participación social.
En todo sistema democrático existen contrapesos. Los de carácter político son la división de poderes que reparten facultades entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Los de carácter técnico, instituciones que normalmente no están atadas a los cambios de gobierno. Y los de carácter social que, si bien son mayormente privados, tienen una función de articular distintos intereses y abrazar causas puntuales: empresariales, sindicales, ambientalistas, de género, en favor del Estado de derecho, de apoyo legal, de ayuda humanitaria, de protección a comunidades, de generación de información o de promoción de la rendición de cuentas. Además de estos, también está la prensa libre.
Es un hecho que las democracias más avanzadas tienen organizaciones de la sociedad civil más numerosas, más robustas y más activas. Todas reciben estímulos fiscales en tanto no son actividades lucrativas y, aunque viven prioritariamente de donativos privados, algunas reciben fondos gubernamentales.
También es cierto que las autocracias no sólo no promueven ni facilitan la creación de este tipo de organizaciones, sino que las inhiben, obstaculizan su formación e incluso las desaparecen. Ahí están Venezuela, Nicaragua, Rusia, Hungría, El Salvador y, desde luego Cuba. En muchos de estos países los grupos de personas que trabajaban en una ONG tuvieron que salir de sus países como perseguidos políticos.
Dos reportes de la semana pasada en el periódico El Universal dieron cuenta de que más de 100 organizaciones de la sociedad civil sufrieron un revés por parte del SAT y perdieron su autorización como donatarias autorizadas. En realidad han sido muchas más las que han tenido ese fin: de 2019 a la fecha el SAT ha revocado o cancelado el registro de 1,393 organizaciones. Algunas porque dejaron de tener donantes a sabiendas de que la política gubernamental era contraria a ellas y temieron represalias. Otras porque, en efecto, perdieron su carácter de donataria al no cumplir con alguno de los tantos requisitos que la autoridad solicita.
Esto quiere decir en primer lugar que se les revocó la autorización para recibir donativos deducibles. La consecuencia es que hay menos personas físicas y morales dispuestas a donar a aquellas causas con las que comulgan. Pero el problema no acaba aquí. Pocos reparan en que aún cuando las personas morales quisieran seguir donando y sin importarles la deducibilidad, existen numerosas fundaciones mexicanas y extranjeras que están impedidas, por estatutos, de otorgar recursos a las organizaciones sociales que no cuentan con el registro de donataria autorizada. Doble golpe para la supervivencia financiera de las ONGs.
Y más, las consecuencias de la revocación del carácter de donataria autorizada no se reducen a la no deducibilidad. Al perder el registro, los recursos obtenidos por las organizaciones se transforman en ingreso acumulable sujeto al pago del impuesto sobre la renta. En lugar de considerarse como personas morales con fines no lucrativos, se convierten en personas morales que desarrollan actividades lucrativas que deben presentar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual en materia de impuesto sobre la renta. Como si las ONG´s fueran empresas con utilidades aún cuando deben seguir respetando no tener un peso de ganancia.
A ello habría que agregar que muchas de estas organizaciones han sido desprestigiadas e incluso perseguidas por los gobiernos de la 4-T por el único motivo de criticar las políticas públicas del gobierno con base en evidencia, por movilizar a sectores de la población e incluso por dar a conocer información contraria a la oficial y que al gobierno no le interesa que se conozca.
Es cierto que México no ha llegado al caso de promulgar nuevas leyes que hagan imposible la existencia de las ONGs pero los obstáculos son cada vez mayores. En lugar de nuevas leyes se ha optado por avanzar de organización en organización, revocando su autorización con argumentos tan discrecionales que son imposibles de combatir. No hay amparo que valga. Es la misma autoridad que retira el registro quien niega o complica los pasos para poder volver a obtenerlo. ¿Qué hacer cuando te dicen que fuiste sujeto de revocación por “no reunir los requisitos necesarios para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”? No hay amparo que valga.
Y recuperar el carácter de donataria, lo mismo. No sólo hay que volver a reunir todos los requisitos de nuevo sino encomendarse al cielo para que sean aceptados. El registro de donataria y su recuperación son instrumentos en manos del Poder Ejecutivo. Como tales, al final de cuentas, discrecionales y arbitrarios. No cualquiera tiene la buena fortuna de conseguir la donataria unos días después de fundarse, como la organización que promueve AMLO supuestamente para enviar recursos a Cuba.
Con todo aquí seguimos muchas de las organizaciones gracias sí, a la generosidad de todas aquellas personas físicas y morales que creen firmemente que el trabajo que hacemos y las causas que perseguimos son necesarios y valiosos, aun cuando el gobierno quiera ponernos trabas.
