Organizaciones denuncian que México no logró acreditar avances significativos para la vida de las mujeres ante CEDAW.

*Negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza a quienes han perdido la vida y a sus familias»: OCNF

/ Escrito por Wendy Rayón Garay /

20.06.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México: De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT) la delegación mexicana recurrió a evasiones, datos parciales y narrativas triunfalistas durante la sustentación del X informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); por lo que, apuntaron que México no pudo acreditar avances significativos para detener la discriminación y violencia contra las mujeres.

El pasado 17 y 18 de junio, el Estado mexicano fue evaluado por décima ocasión ante la CEDAW en Ginebra, Suiza. Durante la comparecencia, el Comité cuestionó la falta de pruebas concretas que demuestren avances sustanciales del Estado en temas de justicia y la eliminación de la discriminación hacia las mujeres.

Sin embargo, en el turno para responder de la delegación mexicana evadió los cuestionamientos, por ejemplo, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, destinó tiempo de las respuestas a enfatizar las acciones implementadas desde la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México y de la narrativa oficialista de «es tiempo de mujeres», pero no dio cifras de avances y resultados concretos de dichas acciones.

Uno de los señalamientos que hicieron las organizaciones fue que el Estado afirmó la disminución de los feminicidios cuando las cifras oficiales demuestran que en realidad van en aumento. En el informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano» señala que, en promedio 10 mujeres son asesinadas diariamente. Datos oficiales de 2015 hasta abril del 2025 registraron que en este periodo se han asesinado a 34 mil 715 mujeres y solo 24.6% se investigaron como feminicidios y en estados como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es menor al 10%.

«Negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza a quienes han perdido la vida y a sus familias» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT)

El Comité también llamó la atención sobre la ausencia de datos estadísticos claros y actualizados, lo que dificulta la evaluación del impacto real de las políticas públicas en la vida de las mujeres mexicanas. Además, expresó su preocupación por el debilitamiento de instituciones claves como la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la desaparición del El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como por el proceso de militarización que afecta específicamente a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes.

Por otro lado, la OCNF y la RED TDT advirtieron que el desmantelamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) es un retroceso que pone en riesgo a la continuidad del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y viola el principio de progresividad en materia de derechos humanos.

Esto debido a que la institución era la encargada de gestionarlas y con su extinción, la responsabilidad recae en la Secretaría de las Mujeres y de la asignación de recursos para su implementación que provienen de los 2 mil 93 millones de presupuesto que tiene la secretaría y de la cual se reparte en diferentes programas.

Alertas de Violencia de Género debilitadas por Secretaría de las Mujeres. CEDAW 2025 – cimacnoticias.com.mx

Otro señalamiento del OCNF y de la RED TDT fue que el Estado presumió el Mecanismo de Protección a Defensoras y Periodistas, pero apuntaron que «las cifras muestran la ineficiencia». Datos del mismo informe del Mecanismo, recuperados por el informe sobra de ambas organizaciones, muestran solo mil 472 de 2 mil 128 solicitudes fueron aceptadas y las medidas otorgadas siguen siendo reactivas y limitadas.

Entre 2018 a marzo del 2025 se incorporaron al mecanismo 171 mujeres defensoras (solo 146 cuentan con medidas) y 614 periodistas (solo 561 tienen medidas). De 2018 a 2024, 39 mujeres defensoras fue ron asesinadas y 4 desaparecidas, siendo los años más violentos, principalmente para las defensoras de la tierra/ territorio. En el mismo periodo, 16 mujeres defensoras fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la mayoría mujeres indígenas. Entre 2018 y 2025, 4 mujeres periodistas fueron asesinadas.

En materia de aborto y salud sexual y reproductiva, mencionaron que el Estado omitió obstáculos reales, entre ellos, la falta de personal capacitado, la objeción de conciencia sin regulación, y la criminalización persistente en al menos 8 estados. Asimismo, Citlali Hernández negó que en México existieran mujeres encarceladas por practicarse un aborto cuando se han documentaron que, en solo tres meses de 2025, se abrieron 218 carpetas por aborto, incluso en entidades donde ya está despenalizado.

Datos Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» muestran la existencia de 2 mil 169 denuncias por el delito de aborto (680 mujeres), así como 2 mil 456 averiguaciones previas y carpetas de investigación (258 mujeres) reportadas por procuradurías o fiscalías, entre enero de 2012 a diciembre de 2022.

En el mismo periodo se encontraron 14 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto. Asimismo, en 412 ocasiones se ejerció la acción penal por abortar (145 de las veces fueron mujeres) y se emitieron 142 sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república mexicana.

Asimismo, la OCNF y la RED TDT denunciaron que el Programa Nacional contra la Trata de Personas fue mencionado como una «columna vertebral» ante esta problemática, pero el Programa 2022-2024 no tuvo presupuesto, por lo que demandaron que el nuevo Programa tenga un presupuesto específico para su mejor
implementación.

«Nos preocupa que la Ley General en materia de trata no sea reformada debido a que los elementos del tipo penal de los delitos descritos en la misma permiten la impunidad, como lo ha referido Mario Uribe Olvera, abogado penalista y profesor de la Universidad Panamericana» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT)

«El estado nos quedó a deber»

México está a la espera de la evaluación final una vez que entreguen por escrito la información y datos solicitados por las diferentes expertas que participaron en el Comité y que se evadieron durante la comparecencia. Por ello, la OCNF y la RED TDT apuntaron que el Estado mexicano no logró acreditar avances reales ni sustantivos.

«No hay «tiempo de mujeres» mientras no se garantice el derecho a la vida, la justicia y la igualdad. No hay avances si seguimos contando a nuestras muertas» -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT)

Por ello las organizaciones exigieron:

  • Que el Estado mexicano responda de manera puntual y verificable a los cuestionamientos de la CEDAW.
  • La reinstalación de CONAVIM o la creación de un órgano con igual o mayor capacidad técnica y presupuestaria.
  • La homologación de los códigos penales estatales, así como la aprobación de un Código Penal Único con perspectiva de género.
  • La transformación del mecanismo de protección para defensoras y periodistas, dotándolo de una estructura sólida, especializada y con enfoque interseccional.
  • Que se garantice el acceso real y efectivo al aborto legal y seguro, con servicios accesibles, personal capacitado y sin criminalización.
  • Que se reconozcan y respeten los derechos de las madres buscadoras, defensoras indígenas, comunitarias y periodistas, y que ninguna más tenga que elegir entre su lucha y su vida.
  • Que se doten de recursos suficientes a los refugios existentes que atienden a mujeres y niñas víctimas de trata y la creación de nuevos refugios especializados para atender a todas las víctimas que necesiten dicha atención.
  • Que el nuevo Programa en materia de trata de personas 2025- 2030 incluya los contenidos sugeridos por la sociedad civil que han trabajado durante varias décadas en la prevención y atención de este problema, además, que todas las entidades federativas desde sus comisiones interinstitucionales implementen su programa desde su realidad local, contemplando los tres ejes principales: la prevención, atención integral, investigación y judicialización e integren los fondos para la reparación integral del daño a las víctimas.