*Escrito por Wendy Rayón Garay .
21.03.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Las organizaciones feministas Frente Feminista Nacional, MIRA Pensadoras Urbanas, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-UNAM y Comunicación e Información de la Mujer A.C., presentaron los resultados del Informe alterno Mexico-Beijing+30 en el que abordaron los avances y retrocesos en materia de derechos humanos de las mujeres en seis diferentes ejes.
La creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es la hoja de ruta y marco de políticas internacionales más progresista para avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Este documento histórico fue adoptado de los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que fue celebrado en Beijing, China, entre el 4 al 15 de septiembre de 1995. Se trata de un plan visionario para promover los derechos de las mujeres y alcanzar la igualdad de género a escala global.
Para asegurarse del cumplimiento de lo establecido en la Declaración, se creó la Plataforma de Acción de Beijing que llama a los gobiernos, comunidad internacional y organizaciones no gubernamentales participantes a contribuir a los mecanismos, acciones y medidas que permitan lograr los objetivos de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), así como los avances de los derechos de las mujeres.
Desde entonces, representantes de 189 gobiernos acordaron un compromiso sin precedentes para involucrarse en el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres como la modificación de sus políticas nacionales, política exterior, así como inversiones en leyes, políticas y programas dirigidos a la igualdad de género. A 30 años de su implementación, estos han sido sus avances y retrocesos en México.
Pobreza, protección social y servicios sociales
De acuerdo con Azucena Ávila Vásquez, del Frente Feminista Nacional, después de revisar los programas sociales Pensiones para las Personas Adultas Mayores, el Programa Sembrando Vida y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad se encontró que estos han sido implementados sin perspectiva de género logrando que no se atienda la desigualdad.
Asimismo, apuntó que no se ha consultado a la población sobre su efectividad, son programas asistencialistas y la información disponible no permite conocer el verdadero impacto en la reducción de la pobreza.
En cuanto a la atención de la salud de niñas y mujeres, se identificó como avance la reforma a la Ley General de Salud en mayo de 2022 donde se estableció que la atención debe brindarse con perspectiva de género. Sin embargo, desde ese año no hubo seguimiento a indicadores de calidad.
Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, hubo un avance en las modificaciones legales en 22 de las 32 entidades federativas a febrero de este año en las que se ha despenalizado la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas. Sin embargo, Azucena Ávila Vásquez explicó que todavía faltan acciones que promover un cambio cultural en la sociedad, en el funcionariado, en el personal médico y en las personas que imparten justicia para que se fortalezca el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
En el tema de la violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud, particularmente en la violencia obstétrica al no estar incluida en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, provoca complicaciones cuando una mujer quiere acceder a la justicia.
Finalmente, en la educación se presentó un avance en la reforma educativa de 2019 al elevar a rango constitucional la perspectiva de género y la SEP retomó en su plan de estudios de educación básica para la igualdad de género. Empero, todavía falta formación en igualdad de género en el magisterio, ya que provoca que los docentes no utilicen contenidos que permitan erradicar los estereotipos de género.
Erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos
De acuerdo con Marilú Servín Miranda, integrante del Frente Feminista Nacional en los últimos cinco años se modificó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el que se reconoció un tipo de violencia adicional (violencia por interpósita persona) y dos modalidades de violencias (política en 2020 y digital en 2021).
Con este logro, da pie a reconocer las dimensiones y ejes de violencia que existen y se reconocen como tales. Sobre todo porque en los últimos cinco años se registró un aumento de la violencia del 4% donde el 70.1% de las mujeres reconocieron haber vivido algún tipo de violencia.
Entre ellas, la que mayor ocurrencia tuvo fue en el ámbito comunitario donde se ejerció violencia sexual seguida de la psicológica en las relaciones de pareja y la económica en el ámbito laboral. Respecto a la violencia feminicida, explicó que el Secretariado Ejecutivo refirió entre 10 y 12 feminicidios por día en el país, para el cierre de 2024 ocurrieron 797 casos.
Las entidades con mayor feminicidio fueron el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, también hay una variación en términos de las sanciones por feminicidio que oscilan en las diferentes entidades entre 20 años y 70 años como como sanción última.
La desaparición de mujeres ha ido en aumento. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas cerró 2023 con 123 mil 190 personas desaparecidas, de las cuales 28 mil 140 eran mujeres, de esta cifra, 16 mil 755 fueron niñas.
Las entidades que encabezan la lista de personas desaparecidas fueron el Estado de México, Tamaulipas y la Ciudad de México. En cuanto a los protocolos de atención y búsqueda inmediata de personas, se detectó que este fue implementado en 26 de las 32 entidades federativas.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres ha sido uno de los mecanismos que tiene el Estado para visibilizar y tomar acciones particulares frente a la violencia feminicida en el país. Se identificaron 56 solicitudes de diferentes órganos para que una alerte pueda activarse, de ellas se admitieron 41 y desde entonces se han emitido 26 declaratorias en 24 estados.
El análisis también se aplicó al matrimonio infantil y se encontró que en los últimos cinco años estados como Guerrero, Chiapas y Michoacán se sigue practicando pese a que está prohibido y que el registro de edad es a partir de los 18 años. Se estima que 300 mil 000 niñas y adolescentes han estado bajo esta práctica el cual se realiza de la mano de compra venta con precios que oscilan entre los 5 mil y 20 mil pesos.
El monitoreo también se aplicó en la representación de las mujeres en medios de comunicación. Un estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones para 2023 señaló que el 94% de los personajes son fenotípicos excluyendo directamente a la población del país. El 63% fueron mujeres y de ellas, el 37% se representaron como amas de casa y cuidadoras, reforzando los estereotipos.
Participación, rendición de cuentas e instituciones con perspectiva de género
Alma Margarita Oseguera Rodríguez, integrante de la Coordinación Nacional del Frente Feminista Nacional apuntó que México las normativas respecto a los derechos políticos y electorales se fortaleció en 2019 al lograr “la paridad en todo”, la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, el reconocimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, colocar a la primera mujer en la presidencia, tener 13 gobernadoras, y una presidenta en el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante, pese a la inclusión de las mujeres en la política, persisten obstáculos y resistencias, por ejemplo, en la incorporación de perspectiva de género por parte de quienes toman desiciones, en la esfera musinicpal no se respeta la paridad, en el legislativo las mujeres continúan ocupando posiciones secundarias, los partidos continúan sin entregar prerrogativas a mujeres y se siguen postulando personas sancionadas incluso estando en el registro nacional.
De 1995 a 2018 se dio un impulso en la construcción del andamiaje institucional para el adelanto de las mujeres. En esta esfera de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se instituyen las políticas centrales con sus respectivos sistemas, mecanismos de coordinación interinstitucional y mecanismos para el adelanto de las mujeres en los tres órdenes de gobierno y poderes de la Unión.
Los obstáculos encontrados para el adelanto de la mujer en el marco normativo son a partir del 2018 donde hubo un incumplimiento, señalado como inédito por Alma Margarita Oseguera Rodríguez, en los tres objetivos de los mecanismos institucionales, como lo marca la Plataforma de Acción de Beijing para el avance de la mujer.
El Plan Nacional de Desarrollo del 2019 eliminó la estrategia de la política de la transversalidad de la perspectiva de género y de una visión integral de desarrollo. La Secretaría Federal de Bienestar desapareció los programas sociales destinados a las víctimas de violencia.
Alma Margarita Oseguera Rodríguez determinó que se carece de un diagnóstico en relación con las necesidades y el tamaño de las fechas de desigualdad por entidad que justifique el monto de destino de los recursos asignados a entidades y su transparencia. Las secretarías de estado, los institutos de las mujeres estatales, así como las instancias e institutos municipales de las mujeres coexisten con graves y serias diferencias entre sí, entre ellos, el número de funcionarios.
Entre el 2019 y 2021 se favoreció la transformación de secretarías e institutos de las mujeres para convertirlos en espacios que desdibujan los objetivos de la la Plataforma de Acción de Beijing con hombres de diversidad social, diversidad sexual e inclusión.
En la esfera de la mujer y medios de difusión, las noticias escritas por mujeres periodistas cuestionan dos veces más los contenidos estereotipados, discriminatorios y violentos. Esto, mencionó Alma Margarita Oseguera Rodríguez significa que es una oportunidad para transformar la narrativa mediática; sin embargo, las periodistas ejercen su labor en condiciones de desigualdad.
No permiten la conciliación de la vida privada, la doble carga de trabajo, la permanente violación de derechos laborales por parte de las empresas de medios, así como la descalificación de ideas y propuestas de las mujeres y el acoso y el hostigamiento sexual por parte de los colegas, hombres y mujeres.
Para la ponente, la violencia pretende inhibir su labor periodística, durante el sexenio de 2018 a 2024, cinco mujeres periodistas fueron víctimas de violencia. Tan solo en el último año, 204 mujeres periodistas fueron víctimas de violencia sexual, es decir, una cada dos días. De estos actos violentos han sido los funcionarios de gobierno los principales agresores y la impunidad ha acompañado a cada caso.
Sociedades pacíficas e inclusivas
Cintia Casarrubias Rivas, directora general de Familias, Mujeres y Derechos Humanos en el estado de Querétaro, abordó los hallazgos de las sociedades pacíficas e inclusivas se dividieron en tres ejes: militarización de la seguridad pública, desaparición forzada y trata de personas.
En la primera parte se destacó que México no es un país con un conflicto armado internacional; sin embargo, existe una disputa por el control del territorio por parte de los grupos criminales que operan en el país.
Los cárteles siguen creciendo en presencia, en letalidad y en diversificación de los delitos como secuestro, extorsión, cobro de piso, trata de personas, negocios lícitos con dinero ilícito que se van internacionalizando y además van adquiriendo cada vez más poder con la complicidad de las altas esferas de decisión, de mando y de autoridades en todos los niveles.
Respecto a la desaparición forzada, en México las mujeres se ven enfrentadas a profundas desigualdades en todos los ámbitos económicos, sociales, legales y otros y carecen de atención integral a su salud mental.
Asumen roles tradicionales con extensas jornadas no siempre remuneradas y cuando un ser querido desaparece o no es localizado, se convierten en figuras centrales en los colectivos de búsqueda y de la exigencia de su derecho a la verdad, a la paz y al debido proceso.
El problema de las apariciones se ha minimizado desde los gobiernos estatales y municipales, obligando a las madres y familiares a asumir la responsabilidad de la búsqueda sin el apoyo del Estado.
Además de ser estigmatizadas y con riesgos de agresiones por parte de los grupos criminales y de las fuerzas públicas del Estado. No obstante, las cifras no están institucionalizadas en México, no hay un registro accesible y actualizado que ofrezca un diagnóstico de esta realidad.
En cuanto a la trata de personas, Cintia Casarrubias Rivas mencionó que es un problema que sigue creciendo. A pesar de la existencia del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y la ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata; los programas para atender el problema han sido insuficientes, ya que cada año el número de personas que son víctimas de trata, especialmente mujeres y niñas, continúa en aumento.
La trata de personas presenta un número menor de denuncias y tarda muchos años para el restablecimiento de una vida digna y segura para la víctima y su círculo cercano, ya que en el ámbito jurídico pasan procesos complicados porque no hay aplicación de la ley y la corrupción permea en los imputados de justicia desde las fiscalías hasta las policías adjuntas.
Conservación, protección y rehabilitación del medio ambiente
Marta Teresa González, feminista, activista y coordinadora del centro de atención a la mujer trabajadora de Chihuahua, recalcó que el modelo de producción y consumo instalado en el mundo ha creado una crisis ambiental con efectos en lo social, cultural, relaciones humanas, biodiversidad, sistemas en la producción, economía y en todo ser vivo.
En consecuencia, se abrió más la brecha de desigualdades entre mujeres y hombres como las cargas de trabajo y responsabilidades en familiares, así como el incremento de la migración de los hombres en donde las mujeres se quedan al cargo de la familia.
En el 2023, se reportaron los asesinatos de 20 defensores ambientales, de los cuales una era mujer en tanto de mil 317 personas fueron afectadas por un evento de agresión, 170 fueron hombres y 68 mujeres.
Según analizó Marta Teresa González el tema de la contaminación y su incidencia en las mujeres, halló en las minas existen contaminación tanto de agua, suelo, aire, modificación del paisaje y en los servicios ambientales que afectan la calidad de vida, la salud y el desarrollo de los pueblos. Esa situación favorece el despojo de territorio.
También hace falta redoblar esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir el aumento de la producción de combustibles fósiles: «el regreso ahorita de las grandes potencias como Estados Unidos a la utilización de estos eh producción de combustibles fósiles es preocupante», señaló.
Las mujeres trabajan en la agricultura, quienes suelen tener menores niveles de ingreso, no tienen ningún poder para tomar decisiones, las cuales están sesgadas, ya que la mayoría de estas mujeres no son de dueñas de la tierra o el agua.
Marta Teresa González hizo énfasis en colocar a la igualdad de género como tema urgente para lograr la seguridad alimentaria y la protección contra la exposición de agrófitos. La ingesta diaria de alimentos contaminados con pesticidas implica riesgos graves para la salud, ya que los riesgos están diseñados para intoxicar organismos, por lo que resulta preocupante que casi dos tercios de toda la tierra agrícola del mundo, está contaminada con al menos un ingrediente activo pesticidas.
Con respecto al agua, los principales problemas relacionados con el agua son la escasez, contaminación, sobreexplotación de acuíferos y el cambio climático. Actualmente, la falta agua potable puede provocar enfermedades transmitidas como diarrea, fiebre, hipodía, hepatitis, afectando principalmente a las mujeres quienes se encargan de los cuidados.
El avance económico de las mujeres
María del Pilar Magdalena Amanda del Corazón de Jesús García y Hernández, integrante de organización social, comunitaria, colectiva u organización feminista, abordó el avance y retroceso jurídico en la defensa de las mujeres como:
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación está en peligro ante la Reforma Judicial
- Las políticas de austeridad del sexenio anterior fueron aplicadas de forma radicales al desmantelar el aparato estatal en materia económica.
- Se apartó el modelo económico neoliberal otorgando aumentos importantes en otros aspectos como el salario mínimo y distribuyendo recursos monetarios directos a la población en un proceso de desinstitucionalización y feminización donde las responsabilidades gubernamentales de atención a la población.
- El ejecutivo rechazó la perspectiva de género en las políticas públicas y sustituyó los programas del anexo de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres por programas antipobreza basados en transferencias monetarias directas en la forma de becas, apoyos y pensiones que no fueron condicionadas con evidencia de rendimiento laboral o escolar lo que manifiesta su sesgo clientelar.
- Las políticas instrumentadas se diferenciaron de las corrientes neoliberales clásicas en estas transferencias monetarias directas y por los aumentos importantes en el salario mínimo que habían perdido el 75% de su poder adquisitivo y haciendo 2024 aún el salario mínimo era más poco más de 50 por ciento inferior en el existente en un nivel más alto en 1976.
- Los órganos gubernamentales como la Suprema Corte Justicia, Secretaría de las mujeres y la Comisión de Derechos Humanos se aliaron con el transactivismo promoviendo la eliminación de referencias a mujeres y hombres en leyes y programas, política que ha debilitado los avances, pero también la medición del avance en igualdad sustantiva que atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos.
Mientras tanto, el modelo económico que en esa no sigue vigente y se recurre a él en momentos de crisis con políticas dirigidas a mitigar los efectos y efectos en la población. Magdalena García señaló que, el feminismo aporta a este modelo económico la inclusión de la igualdad de género y la sostenibilidad del planeta como elementos fundamentales del desarrollo.
