*Profundiza la violencia contra las mujeres y niñas.
/Escrito por Wendy Rayón Garay /
25.07.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México- El pasado 23 de julio, 18 organizaciones de la sociedad civil de América Latina presentaron, en una audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un diagnóstico sobre el impacto del crimen organizado en los derechos humanos, entre las que se incluyeron estrategias impulsadas desde los territorios para hacer frente a este fenómeno, el cual profundiza la violencia contra las mujeres y niñas.
De acuerdo con el informe «La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado» de Iniciativa Spotlight, los cárteles y organizaciones criminales tienen una larga trayectoria en los países de América Latina. Por ejemplo, los carteles mexicanos se establecieron en áreas estratégicas del país y fueron dirigidos por familias locales. En 1990, hubo un proceso de transformación con un nuevo modus operandi en la búsqueda de control del territorio (plazas) y de la población (piso).
La violencia contra mujeres por parte del crimen organizado puede darse bajo diferentes contextos, ya sea porque participan activamente; viven o transitan en territorios donde estos operan; están en situación de vulnerabilidad por su vulnerables por su nivel económico, social o étnico; por ser pareja o familiar de un hombre vinculado a grupos criminales; o cuando se trata de mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas o activistas, y cuyas actividades son percibidas como una amenaza. La vulnerabilidad de las mujeres en contextos de crimen organizado radica en la proximidad (territorio, afectivo, laboral o social) que entrelaza la violencia en niveles múltiples.
Poco a poco, transportar drogas se volvió insuficiente, por lo que expandieron sus actividades en la extorsión y el cobro de piso. En 2006, se desataron diversas disputas por el control de plazas con otras organizaciones criminales, sobre todo en zonas rurales donde se lleva a cabo el transporte de drogas. De acuerdo con International Crisis Group, 2019 fue el año más violento en la historia mexicana gracias a la escalada de enfrentamientos del crimen organizado.
La «guerra contra el narcotráfico» emprendida en el gobierno de Felipe Caldearon para buscar combatir el crimen organizado no hizo más que dividir aun más la lucha por el control del territorio y ahora, existen dificultades para contabilizar el total de grupos criminales que existen en México. El informe de International Crisis Group encontró alrededor de 463 grupos criminales (135 cárteles) que operan en México entre 2009 y 2019 y concluyó que cuando aumentan estos grupos, la violencia también lo hace.
En este contexto, las mujeres corren mayor riesgo de sufrir violencia por el crimen organizado basado en la discriminación de género que es visible de diferentes formas como presiones, amenazas y acoso hasta que son asesinadas. En los territorios gobernados por el crimen organizado disminuye la probabilidad de que los familiares denuncian los feminicidios de las mujeres.
«En estos territorios, la violencia contra las mujeres y el feminicidio ganan el estatus de una “exhibición de capacidad de dominio que debe ser reeditada con cierta regularidad” y el poder de los grupos criminales se les condiciona a que den “muestra pública dramatizada a menudo en un acto predatorio del cuerpo femenino”» -Iniciativa Spotlight, en «La violencia contra las mujeres y niñas en contextos de crimen organizado»<
La audiencia fue solicitada por: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA); Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos “Defendemos Derechos” de Ecuador; Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY); Cristosal; Fundación Heinrich Böll México y Centroamérica; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Justicia Transicional en México (JTMX); Laboratorio de Justicia y Política Criminal; Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, promotora de la Red ALAS-América Latina Alternativa Social; Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ); Programa “Somos Defensorxs” de Colombia; Proyecto Crime-Lab de la Fundación Panamericana para el Desarrollo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); Sinodar; Transparencia Venezuela; y el Working Group for Research on Illicit Networks in Latin America.
El diagnostico de las organizaciones
Durante la audiencia «Desafíos de los sistemas de justicia en investigaciones de delincuencia organizada y estrategias innovadoras desde la ciudad civil», las organizaciones alertaron sobre la expansión y transformación del crimen organizado en América Latina como un fenómeno en el que el narcotráfico abarca diversas actividades económicas ilícitas como la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la desaparición forzada y el lavado de activos.
Asimismo, apuntaron que el crimen organizado no opera solo, sino en redes complejas, flexibles y transnacionales en donde se involucran actores estatales, empresariales y financieros: “la delincuencia organizada no sólo genera violencia física, sino que corroe la legitimidad democrática, socava el Estado de derecho y limita gravemente el ejercicio de los derechos humanos en amplios sectores del territorio latinoamericano” expuso una de las organizaciones.
Además de visibilizar los impactos graves y sostenidos sobre los derechos humanos, la información presentada por las organizaciones peticionarias busca contribuir al proceso de elaboración de la próxima resolución temática de la CIDH sobre crimen organizado y derechos humanos. Las organizaciones subrayaron que estas redes ilícitas no solo ejercen violencia directa sobre comunidades enteras, sino que han penetrado estructuras estatales, capturado instituciones de justicia y profundizado la desigualdad y la impunidad.
Entre las experiencias y propuestas se encuentran la producción de conocimiento independiente, investigación de redes criminales, protección integral de personas defensoras y el uso social de los bienes decomisados a organizaciones delictivas, esto con un enfoque de derechos humanos. Estas estrategias ya han sido impulsadas anteriormente por las organizaciones ante la inacción del Estado, convirtiese en herramientas clave para el monitore, denuncia reparación y prevención de la violencia.
Por ello, las principales recomendaciones que hicieron ante la CIDH y a los Estados de la región fueron fortalecer la investigación penal estratégica de los Ministerios Públicos con enfoques de análisis de redes, contexto y economía criminal; garantizar acceso público e interconectado a datos claves; reconocer y proteger a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes y lideresas comunitarias; impulsar normativas que permitan la reutilización social de bienes decomisados; y establecer canales sostenidos de diálogo y participación efectiva con la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de políticas frente al crimen organizado.
Para las organizaciones, sin la participación activa de la sociedad civil, así como respuestas articuladas, los Estados enfrentaran el crimen organizado sin herramientas suficientes, por lo que es indispensable generar conocimiento colectivo en acciones concretas que garanticen justicia, verdad y reparación para las víctimas, así como condiciones de vida digna para las comunidades afectadas.
