*Demandan acciones urgentes ante la crisis de seguridad en Michoacán
03.11.2025.- Diversas agrupaciones empresariales y sociales de todo el país expresaron su indignación por el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido el 1 de noviembre durante un acto público.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones empresariales lamentaron profundamente el hecho y extendieron su solidaridad a los familiares del edil, quien había solicitado en múltiples ocasiones el respaldo del Gobierno Federal para enfrentar la presencia de grupos delictivos en su municipio.
El comunicado señala que este crimen debe ser esclarecido sin demora y que los responsables deben enfrentar consecuencias legales ejemplares. También se exige el fortalecimiento de mecanismos de protección para la población, ante un entorno marcado por el miedo y la inseguridad.
La situación se agrava con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre. Ambos casos reflejan el deterioro acelerado de las condiciones de seguridad en la región, donde la violencia ha cobrado la vida de actores clave en el desarrollo comunitario.
Las organizaciones firmantes critican que, pese a las recientes visitas de autoridades federales y estatales a Apatzingán, se haya excluido de los encuentros a sectores esenciales como el productivo, académico, religioso y a los integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia. También se señala la ausencia de los alcaldes que enfrentan directamente las consecuencias de la violencia.
Ante este escenario, se exige una reunión urgente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador de Michoacán y su equipo de seguridad, para conocer las medidas que se están tomando, los objetivos trazados y las estrategias previstas para garantizar la protección de la ciudadanía.
El avance del crimen organizado no solo pone en riesgo la vida de las personas, sino que obstaculiza el desarrollo económico, debilita las instituciones y profundiza la desconfianza entre la sociedad y el Estado.
Las organizaciones convocan a una acción conjunta entre gobierno y sociedad civil para recuperar la paz, reconstruir el tejido social y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
