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02.02.2025 México.- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), entre ellas Amnistía Internacional, emitieron una carta abierta en la que advierten la parcialidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y la figura de la prisión preventiva oficiosa (PPO).
El pronunciamiento señala que los documentos recientes de la CNDH omiten información clave, como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y recomendaciones de organismos internacionales que ordenan limitar la intervención militar en seguridad pública y eliminar la PPO.
Las OSC subrayan que el informe especial de la CNDH, publicado el 20 de diciembre de 2024, justifica la presencia de las fuerzas armadas en las calles sin ofrecer una evaluación imparcial de sus consecuencias.
Denuncian que el organismo soslaya las masacres protagonizadas por militares en estados como Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato y Chihuahua, así como su responsabilidad en la muerte de mujeres, jóvenes, niñas y bebés. Además, critican que el documento minimiza las quejas por tortura, desaparición forzada y detenciones arbitrarias, pese a que informes internacionales han advertido que la militarización incrementó los homicidios en un 28 por ciento.
Respecto a la prisión preventiva oficiosa, las OSC señalan que la CNDH incurre en omisiones graves al referirse únicamente a la prisión preventiva justificada.
El comunicado del organismo afirma que la reforma al artículo 19 constitucional permite al Ministerio Público solicitar la medida cautelar, pero no menciona que la reforma obliga al juez a imponerla de manera automática para un catálogo cada vez más amplio de delitos. Para las organizaciones, esta omisión no es un error, sino una deliberada abstención de informar sobre el verdadero alcance de la reforma.
Las OSC recuerdan que la PPO, vigente en México desde 1993, vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la independencia judicial y el derecho a la defensa. Además, afecta principalmente a personas en situación de pobreza, jóvenes y comunidades marginadas.
Recordaron también que en 2022 la CoIDH condenó al Estado mexicano por mantener a tres personas en prisión preventiva oficiosa durante 17 años sin comprobarles delito alguno.
En su carta, las organizaciones insisten en que ni la militarización ni la PPO han servido para frenar la impunidad ni reducir la incidencia delictiva.
Plantean que la solución pasa por fortalecer las fiscalías y las corporaciones policiacas, dotándolas de capacitación, recursos técnicos y equipamiento adecuado. Señalan que la ineficacia de las fiscalías en la investigación de delitos es el verdadero obstáculo para combatir la impunidad, como se ha evidenciado en casos de feminicidio.
Finalmente, las OSC llaman a la CNDH a cumplir con el espíritu con el que fue creada en 1990, formulando propuestas constructivas que fortalezcan la vigencia de los derechos humanos en México.
También exhortan al Estado mexicano a elevar el nivel del diálogo y abrir espacios para que organizaciones sociales, académicos y expertos puedan aportar sus conocimientos y experiencias en la consolidación del sistema nacional de derechos humanos.
