Redacción.
Cdmx., a 20 de mayo de 2019.-Las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG) contra las Mujeres para Veracruz por Agravio comparado, exigen a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) informe sobre el estado actual que guarda la implementación de las recomendaciones hechas a las autoridades en el marco de la 2da Alerta por Agravio Comparado para dicho estado.
En un comunicado Católicas por el Derecho a Decidir A.C., Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C. y Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. organizaciones peticionarias de la 2da Declaratoria de Alerta de Género por Agravio comparado para Veracruz, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitan a la CONAVIM, informe a la brevedad:
“Cuáles son las medidas implementadas, hasta el momento.
Las medidas que continúan sin implementación.
El plan de trabajo para su evaluación y seguimiento.
Así como la persona responsable de la implementación de dicha alerta”.
Cabe recordar que la Alerta por Agravio comparado se solicitó debido a la discriminación y falta de acceso a servicios especializados de salud para las mujeres y niñas que incluyen la Interrupción Legal del Embarazo y su importancia radica en la especial atención a la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes en el estado, ya que de acuerdo a los datos recabados por el OCNF, entre 2015 y 2016 más de mil niñas de entre 10 y 14 años de edad quedaron embarazadas producto de una violación sexual.
Estas niñas no contaron con acceso efectivo a servicios de salud especializada y se vieron en la necesidad de llevar a término un embarazo forzado, poniendo en peligro su vida, salud e integridad emocional. Sumado a ello, ante la falta de acceso a métodos anticonceptivos, las mujeres corren el riesgo de tener embarazos no planeados y acudir a servicios de aborto en condiciones de inseguridad, insalubridad y clandestinidad.
Al no cumplir con las recomendaciones previas a la Declaratoria de AVG, la 2da Alerta para Veracruz fue declarada el 13 de diciembre de 2017, luego de que el Grupo de Trabajo que se conformó para la investigación y recomendaciones, definió que las autoridades no cumplieron con ninguno de los indicadores que se establecieron para que en un lapso de seis meses fueran realizadas por las autoridades del estado.
“Frente al agudo contexto que viven las mujeres veracruzanas como organizaciones peticionarias y defensoras de los derechos de las mujeres hacemos un llamado a las autoridades federales, particularmente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que sin pretexto ni dilación”:
-Informe de manera transparente y pública el estatus actual de la implementación de la segunda Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Veracruz, por Agravio Comparado.
-Dé a conocer si se cuenta con el personal capacitado que da seguimiento a la implementación de las recomendaciones de dicha alerta, y en todo caso quiénes son las y/o los servidores públicos encargados de ello.
-Informe cuáles fueron los avances en las recomendaciones de la Declaratoria por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Exhortamos a la CONAVIM a cumplir el acuerdo tomado en la sexta sesión ordinaria del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario a través del que se reconoce la participación de las organizaciones peticionarias en el seguimiento de la implementación de la AVG. Y que por interés legítimo, así como por la expertis de dichas organizaciones, su participación deberá ser con voz y voto.
Hicieron un llamado al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para que a la brevedad instale una mesa de trabajo a fin de realizar las recomendaciones de la Alerta por Agravio Comparado
bajo los más altos estándares en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres y que permita que la salud reproductiva de las mujeres sea garantizada. Es necesario que el Poder Ejecutivo genere las condiciones para el cumplimiento cabal de la alerta y así salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes en el estado.
