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09.10.2026.Suecia.- La jurista sudafricana que enfrentó al apartheid y llevó los crímenes de guerra ante la justicia recibe el máximo reconocimiento por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos
El Comité Noruego del Nobel otorgó este viernes 9 de octubre el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay, jurista sudafricana que ha dedicado su carrera a combatir la impunidad, defender los derechos humanos y fortalecer los mecanismos internacionales para investigar y sancionar los crímenes más graves contra la humanidad.
La decisión reconoce una trayectoria que comenzó en un país marcado por la segregación racial y se extendió hasta los principales tribunales internacionales. Desde su trabajo como abogada contra el apartheid hasta su participación en procesos relacionados con genocidio, crímenes de guerra y violencia sexual durante conflictos armados, Pillay ha defendido el principio de que ninguna persona ni gobierno debe estar por encima de la ley.
Al anunciar el galardón, el Comité destacó su contribución a la construcción de un orden jurídico internacional capaz de llevar ante la justicia a responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El reconocimiento adquiere especial relevancia en un escenario mundial en el que las instituciones multilaterales y los tribunales internacionales enfrentan cuestionamientos y presiones políticas.
La premiación coloca en el centro del debate una cuestión fundamental: la paz no consiste únicamente en detener los enfrentamientos armados, sino también en establecer responsabilidades por las atrocidades cometidas y garantizar que las víctimas tengan acceso a la verdad y a la justicia.
Una mujer que desafió el apartheid
Nacida en Durban, Sudáfrica, en 1941, en una familia de ascendencia tamil india, Pillay creció bajo el régimen del apartheid, un sistema institucionalizado de segregación racial que restringía derechos y oportunidades de la población negra y de otros grupos racializados.
Las barreras que enfrentó por su origen y condición de mujer no impidieron que construyera una carrera jurídica que abrió camino para otras mujeres. En 1967 se convirtió en la primera mujer en establecer un despacho de abogados en la provincia sudafricana de Natal. Desde esa posición defendió a personas perseguidas por su oposición al régimen y documentó abusos cometidos contra detenidos y presos políticos.
Su trabajo se desarrolló en una época en la que cuestionar el sistema podía significar vigilancia, intimidación y persecución. En lugar de limitarse al ejercicio profesional, participó en la defensa de quienes reclamaban derechos políticos y libertades fundamentales.
Con el fin del apartheid y la transformación democrática de Sudáfrica, su trayectoria adquirió una dimensión institucional. En 1995 se convirtió en la primera mujer negra en ocupar un puesto de jueza en el Tribunal Superior de su país. Ese mismo año fue elegida para integrar el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, creado por Naciones Unidas para juzgar a responsables del genocidio de 1994.
Ruanda: un precedente para juzgar la violencia sexual
En el tribunal internacional dedicado a los crímenes cometidos durante el genocidio ruandés, Pillay participó en procesos que contribuyeron a desarrollar el derecho penal internacional. Entre 1999 y 2003 presidió esa institución, cuya labor buscaba establecer responsabilidades individuales por asesinatos masivos, persecuciones y otras atrocidades.
Uno de los asuntos más significativos de aquella etapa fue el proceso contra Jean-Paul Akayesu, antiguo alcalde de la localidad ruandesa de Taba. En 1998, el tribunal lo declaró culpable de genocidio y otros delitos, en una sentencia histórica que reconoció la violación como un acto que, bajo determinadas circunstancias, puede constituir genocidio.
La resolución representó un avance para el reconocimiento jurídico de la violencia sexual como instrumento de destrucción de comunidades y no solamente como una consecuencia secundaria de los conflictos armados.
El precedente también abrió un camino para que las agresiones sexuales cometidas durante guerras y campañas de persecución pudieran ser investigadas y juzgadas con mayor rigor. La experiencia de Pillay contribuyó a consolidar una perspectiva de justicia que reconoce la gravedad específica de estos delitos y la necesidad de atender a las víctimas.
Su trabajo en Ruanda se convirtió así en una parte esencial de su legado: la búsqueda de justicia no debía excluir las formas de violencia que históricamente habían quedado invisibilizadas o insuficientemente castigadas.
De los tribunales penales a Naciones Unidas
Entre 2003 y 2008, Pillay formó parte de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, institución creada para juzgar a personas acusadas de algunos de los crímenes más graves de trascendencia internacional cuando se cumplen las condiciones de su competencia.
Posteriormente, en septiembre de 2008, asumió el cargo de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, responsabilidad que desempeñó hasta 2014. Desde esa posición promovió la investigación de violaciones graves, la protección de las libertades fundamentales y la rendición de cuentas de los Estados.
La función de la alta comisionada no consiste en sustituir a los tribunales ni en dictar sentencias penales, sino en vigilar la situación de los derechos humanos, denunciar abusos, impulsar la cooperación internacional y promover medidas para prevenir nuevas violaciones.
Durante su gestión, Pillay defendió la aplicación universal de los derechos humanos y sostuvo que la soberanía nacional no debía utilizarse como argumento para ignorar las obligaciones internacionales de protección de las personas.
Su trayectoria también ha estado vinculada con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación. Esa perspectiva amplió el alcance de su trabajo jurídico al relacionar las garantías individuales con las estructuras políticas y sociales que permiten la persistencia de los abusos.
Gaza y el debate sobre la responsabilidad internacional
En años recientes, Pillay volvió a ocupar un lugar destacado en las discusiones internacionales sobre presuntos crímenes graves durante conflictos armados.
Entre 2021 y 2025 presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluido Jerusalén Oriental, e Israel. En septiembre de 2025, la comisión concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. El Gobierno israelí rechazó esa conclusión.
Es importante distinguir la naturaleza de ese pronunciamiento: se trató de una conclusión de una comisión investigadora de Naciones Unidas, no de una sentencia penal emitida por un tribunal. La controversia refleja precisamente las dificultades para establecer responsabilidades internacionales en conflictos en los que intervienen intereses políticos, militares y diplomáticos.
La participación de Pillay en ese trabajo reforzó su presencia en una discusión central para el derecho internacional contemporáneo: cómo investigar y documentar atrocidades, proteger a la población civil y exigir responsabilidades sin que el poder político determine por sí solo qué violaciones merecen ser examinadas.
Desde 2019, además, se desempeña como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el procedimiento iniciado por Gambia contra Myanmar por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, relacionadas con la persecución de la población rohinyá.
La Corte Internacional de Justicia resuelve controversias jurídicas entre Estados, por lo que sus funciones son distintas de las de la Corte Penal Internacional, que juzga la responsabilidad penal individual. La participación de Pillay en estos espacios refleja la amplitud de su experiencia en los distintos mecanismos de justicia internacional.
Un Nobel en tiempos de presión sobre el derecho internacional
La decisión del Comité Noruego del Nobel envía un mensaje sobre la importancia de preservar las instituciones jurídicas internacionales cuando sus decisiones entran en conflicto con los intereses de gobiernos y actores poderosos.
Los tribunales y organismos internacionales dependen de la cooperación de los Estados para investigar, ejecutar órdenes y hacer efectivas sus resoluciones. Cuando esa cooperación se debilita, también se reduce su capacidad para combatir la impunidad.
El reconocimiento a Pillay destaca la importancia de documentar los crímenes, proteger a quienes denuncian los abusos y mantener mecanismos que permitan investigar responsabilidades sin distinciones basadas en nacionalidad, posición política o poder militar.
El Nobel de la Paz no convierte automáticamente en vinculantes las conclusiones de una comisión ni sustituye los procedimientos judiciales pendientes. Su relevancia reside en reconocer una trayectoria y colocar en la discusión pública los principios que la han guiado.
La historia de Pillay también recuerda que la justicia internacional no surgió de manera espontánea. Es resultado de décadas de luchas políticas, avances jurídicos y esfuerzos por reconocer que determinados crímenes afectan no solamente a sus víctimas inmediatas, sino a la humanidad en su conjunto.
Con este galardón, la jurista sudafricana se suma a las figuras reconocidas por su contribución a la paz mediante la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las normas internacionales. Su trayectoria enlaza la lucha contra la segregación racial, el reconocimiento de la violencia sexual como crimen internacional y la exigencia de responsabilidades por atrocidades cometidas en distintas regiones del mundo.
La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz está prevista para el 10 de diciembre en Oslo, Noruega. Más allá de la distinción individual, el reconocimiento a Pillay reivindica una idea que atraviesa toda su carrera: sin justicia, rendición de cuentas y respeto a la dignidad humana, la paz corre el riesgo de convertirse en una promesa sin garantías.