*NEMESIS.
/Fernando Meraz Mejorado/
La compra de 671 pipas “para transportar petróleo y combatir el huachicol” correspondió más a una decisión política apresurada que a una estrategia técnica probada”; hubo despilfarro de recursos, opacidad y nula rendición de cuentas durante años. Hasta la fecha nadie del gobierno de Sheimbaum, ni de López Obrador ha ha podido explicar el destino final de esos vehículos.
Aunque se menciona que el número de estos fue de100, en realidad fueron 671 pipas las adquiridas en 2019 por casi cien millones de dólares.
Inicialmente las pipas operaron para la Secretaria de la Defensa (SEDENA) para transportar combustible y evitar el robo en ductos; muchas se usaron también para abastecer obras prioritarias como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Para “justificar” la millonaria compra de usó la figura de “emergencia” para adquirirlas sin licitación pública, pero la justificación técnica fue débil y se reservó información por cinco años con el pretexto de “seguridad nacional”, revela un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Así, se pagaron 92 millones de dólares (mil 650 mdp) a una empresa cuya planta de fabricación no existe en el lugar declarado por las autoridades de supervisión.
Además, las unidades no cumplían normas mexicanas (carecían de doble llanta trasera), por lo que Amlo ordenó se modificar la ley de forma exprés para autorizar su circulación.
La Auditoría Superior de la Federación confirmó que no aumentó el transporte de combustible pese a la compra masiva; en los primeros meses solo se usaron 29 de las 671 pipas.
Tampoco se redujo el robo de forma sostenida, y muchas unidades terminaron asignadas al Tren Maya u obras ajenas al combate al huachicol, o almacenadas sin uso por estar “fuera de especificaciones”.
La ASF también encontró falta de control y de coordinación
“Durante años no hubo registro claro de cuántas operaban, dónde estaban ni quién las administraba: pasaron de Pemex a la SEDENA y luego de vuelta a Pemex sin informes completos.
– Hasta hoy no hay informe oficial definitivo que detalle el estado, ubicación y rendimiento de cada unidad; las auditorías siguen abiertas y no se han fincado responsabilidades clarasm