Otra mirada .

/ Ana Laura Magaloni Kerpel/

La invisibilidad del problema es lo que me resulta más perturbador. El debate legislativo sobre la Guardia Nacional no fue sobre contenidos; lo que vimos fue una confrontación política. Se trababa, sobre todo, de quién podía más; una guerra de poder, un intento de reacomodo de fuerzas políticas previo a la contienda electoral del Estado de México. Ese debate no fue sobre el Ejército y su rol en la seguridad de las personas en el contexto de México.

Si se hubiese tratado realmente del contenido, el debate debería haberse vertebrado, de pies a cabeza, a través de una pregunta central: ¿cómo viven, sienten y padecen la inseguridad las y los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país? Desde ese mirador, nos tendríamos que hacer cargo entonces de analizar los datos duros y darles alguna buena explicación. También, si lo que importa son las personas, los legisladores debieron haberlas escuchado. Yo sí quisiera escuchar, primero que nada, las historias y las experiencias de la gente en los barrios y territorios más violentos del país.

Es de verdad increíblemente triste que sigamos en el mismo punto que en el 2008. Guardia Nacional y Prisión Preventiva Oficiosa son concepciones muy conocidas y familiares en México. Así le hemos hecho desde el 2008 a la fecha. ¿Nada hemos aprendido desde entonces? ¿En serio?

Yo creo que a estas alturas sí sabemos que la agenda de seguridad que necesita el país debe comenzar por el fortalecimiento de las instituciones locales. Es ahí donde se originan los problemas más importantes de nuestra vida colectiva. Tenemos un viejo romanticismo autoritario según el cual desde el centro se resuelven todos los problemas de México. No es así. Es a nivel de los estados, los municipios, los barrios, las vecindades, las colonias, donde se gesta todos los días la crisis de seguridad que vivimos. Necesitamos intervenciones a la medida de nuestras localidades, que tomen en cuenta sus problemas y restricciones particulares e involucren a la gente en las soluciones.

Tiene razón el Presidente cuando dice que hay que atender las causas de la violencia. El desafío es cómo hacerlo y el tipo de servicios públicos que ello exige. Hace ya siete años, junto con un grupo de colegas, hicimos trabajo de campo para analizar los conflictos recurrentes y la manera de resolverlos en algunos barrios urbanos marginados y violentos de la CDMX y Ciudad Juárez. Desde esa mirada al problema, inmediatamente se puede ver con nitidez que la crisis de inseguridad está constituida por un caleidoscopio de dinámicas sociales violentas, que se gestan de distinta manera y que cambian en función de los microcontextos locales.

La violencia es una dinámica social, no son hechos aislados tipificados en el Código Penal como “delito”. Las personas que viven en entornos violentos aprenden a convivir de determinada manera, siempre con miedo, incertidumbre y desconfianza. El orden violento lo definen los hombres, jóvenes, armados y no hay mucho para dónde moverse. Este tipo de orden genera una espiral de violencias y abusos infinita. Vivir inseguro encapsula uno de los peores sentimientos asociados a la marginación y la pobreza: la orfandad ante la ley. No hay forma de sentir la protección de la ley frente al abuso de otros. Esta experiencia de inseguridad genera una dinámica social que se consume toda posibilidad de prosperidad y bienestar para la gente.

¿Cómo transformar esas dinámicas sociales? Ese es el mayor desafío que tenemos en México. El paso número uno es cambiar la mirada: la política de seguridad pública es centralmente local (con algunos componentes nacionales). Ello es lo que puede mejorar la vida cotidiana de la gente. Un buen ejemplo: el caso de la CDMX en la administración de Claudia Sheinbaum.

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