*Rastreaba a su hermana desaparecida
El asesinato de Patricia Negrete, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir y buscadora de personas desaparecidas desde 2021, volvió a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes realizan labores de búsqueda en Guanajuato, una de las entidades más golpeadas por la violencia y la crisis de desapariciones forzadas en México.
Patricia Negrete fue atacada a balazos por sujetos armados que viajaban en motocicleta cuando salía de su jornada laboral en el Hospital Regional de Pénjamo de acuerdo a testigos.
En los primeros reportes, la mujer fue interceptada en las inmediaciones del centro médico y recibió varios disparos. Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.
La víctima formaba parte del colectivo Una Promesa por Cumplir, agrupación integrada por familiares de personas desaparecidas que desde hace años realizan búsquedas en campo, recorridos en zonas de riesgo y gestiones ante autoridades para localizar a sus seres queridos.
Patricia buscaba a su hermana desaparecida desde 2021, una tarea que la llevó a participar activamente en jornadas de rastreo y acciones de exigencia de justicia.
Tras el crimen, integrantes de colectivos de búsqueda, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de desaparecidos expresaron indignación y exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
Hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una posible línea de investigación relacionada con el homicidio.
El caso ocurre en un contexto particularmente delicado para las mujeres buscadoras en Guanajuato. Con el asesinato de Patricia Negrete, suman ya cuatro integrantes de colectivos de búsqueda asesinadas en la entidad durante 2026, una cifra que ha generado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Su nombre se agrega a la lista de mujeres buscadoras asesinadas este año, entre ellas Cecilia García Ramblas, Patricia Acosta Rangel y Katia Citlali Jáuregui Acosta.
Cada uno de estos casos ha sido denunciado por colectivos y activistas como una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan quienes buscan a familiares desaparecidos en regiones marcadas por la presencia de grupos criminales y altos niveles de violencia.
Guanajuato se ha mantenido durante los últimos años entre los estados con mayor número de homicidios dolosos y también registra miles de personas desaparecidas o no localizadas.
Esta situación ha obligado a cientos de familias a emprender búsquedas por cuenta propia, ante la lentitud de las investigaciones oficiales y la falta de resultados en numerosos expedientes.
Diversas organizaciones han señalado que las personas buscadoras realizan una labor fundamental para localizar fosas clandestinas, identificar indicios y aportar información que en múltiples ocasiones ha permitido avances en investigaciones.
Sin embargo, también han advertido que muchas desarrollan estas actividades sin garantías suficientes de seguridad y bajo constantes amenazas.
El asesinato de Patricia Negrete reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para familiares de desaparecidos, así como de garantizar condiciones seguras para quienes participan en tareas de búsqueda. Colectivos de la entidad demandaron que el crimen no quede impune y que se investigue con perspectiva de derechos humanos, considerando su labor como buscadora y su participación en la exigencia de verdad y justicia.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares y compañeros de Patricia la recuerdan como una mujer que dedicó años a la búsqueda de su hermana desaparecida y que, como miles de personas en México, convirtió el dolor de la ausencia en una causa colectiva.
Su muerte se suma a una larga lista de agresiones contra quienes buscan a sus seres queridos en un país donde la crisis de desapariciones continúa siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades.