*A Juicio de Amparo
/ María Amparo Casar /
Bienvenida la sensibilidad -o lo que haya sido- para retirar la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada sin ser leída, mucho menos estudiada, por la aplastante mayoría de Morena.
Resta esperar que no pase como con la Reforma Judicial, que pasó por interminables foros nacionales, con alertas y propuestas para quedarse exactamente igual.
La iniciativa fue inicialmente puesta en la mira por diversas organizaciones de la sociedad civil por la enorme capacidad de censura que da al gobierno que llegaría hasta el bloqueo del uso de plataformas digitales. De ahí su etiqueta #leycensura.
Lamentablemente sí dice lo que dice, lamentablemente no fue un error y lamentablemente pasó por varios ojos de su círculo más cercano. Ella misma dijo en la mañanera que la Ley Telecom se venía trabajando desde hace meses. Así que no, no fue un descuido. Fue un intento deliberado de controlar a los medios, en particular, para tener la llave maestra que permita cerrar a piedra y lodo la puerta a las redes sociales y plataformas digitales. La llave maestra para abrir de par en par el monopolio gubernamental de la verdad.
No puede negarse la pretensión -al menos- de que hubiese pasado inadvertida la intencionalidad y literalidad pro-censura gubernamental. Menos aún después de un sexenio -el de López Obrador- en que la censura se manifestó abiertamente contra comunicadores, comentócratas y medios a través de campañas sucias, el monopolio de la comunicación mañanera, la persecución fiscal, las revelaciones de datos personales, el daño reputacional y el espionaje a periodistas y organizaciones de la sociedad civil entre muchas otras.
No en balde en el informe titulado “Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas” (Noviembre de 2024) se identifican tres tipos de censura indirecta que son evidentes en la región y se están utilizando para reprimir la libertad de expresión: la estigmatización; las formas de control social facilitadas por las nuevas tecnologías con capacidad de vigilancia; y la judicialización de la libertad de expresión en asuntos de interés público.
Todo esto pretendía la iniciativa retirada apenas anteayer después de la andanada de críticas por parte de los empresarios del ramo, de los especialistas y muy particularmente de los integrantes de la sociedad civil encabezados por Artículo 19 y, también, por la Cámara Americana de Comercio que ya han propuesto varias modificaciones.
Pero estaríamos muy equivocados y desubicados si pensaramos que con la desaparición del artículo 109 que entrega la facultad de censura a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se habría ganado la batalla y México quedaría fuera de la categoría de Tukmenistán o de Arabia Saudita en donde las autoridades bloquean las páginas web, los blogs, las noticias y las opiniones en internet que se “desvían del relato pro-gubernamental”; en donde las personas que publican noticias y opiniones en internet requieren de una licencia otorgada por el Ministerio de Cultura; donde la cibervigilacia es la norma y donde se han establecido tribunales especializados contra los que se atreven a publicar su ideas, sus críticas o sus “otros datos”.
Irene Levy lo ha dejado muy claro. La iniciativa de ley pone en desventaja a los medios privados frente a los públicos y de esta manera, daña la competencia y la inversión. Por eso la ha rebautizado como #leyantiinversión. Además, la idea de que el Estado -léase el gobierno en turno- pueda acceder gratuitamente al espectro con permiso de comericalizar y los privados deban pagar por él es leonino. Lo mismo puede decirse de que las empresas de comunicación estatales no estarán sometidas a la cantidad de regulaciones establecidas para el sector privado. La Agencia, por su parte, responderá a las órdenes del Ejecutivo -unipersonal- y no estará obligado a tener especialistas en el ramo, a consejeros externos e independientes o a la transparencia y rendición de cuentas. Los privados sí seguirán, en cambio, sometidos al garrote del retiro de concesiones y de publicidad gubernamental.
En suma la iniciativa es una más en el corto camino de la reconcentración de poder en una sola de las ramas de gobierno y dentro de ella en una sola persona.
