- ALMA GRANDE .
/ Por Ángel Álvaro Peña /
El descuido de este gobierno ante uno de los pilares de la democracia cancela todo esfuerzo común por consolidarla. Porque cada vez la realidad desmiente cualquier propósito para resguardar la seguridad de los mexicanos y de los periodistas en particular. El viernes 26 de abril hubo otro asesinato, esta vez contra el reportero Roberto Figueroa, en Morelos.
Esta muerte representa el primer periodista asesinado este año en el país, ya que, en 2023, únicamente Ucrania superó a México en las muertes violentas de los comunicadores. El Comité para la Protección de Periodistas, informa que en nuestro país fueron asesinados 13, cuyas investigaciones parecieran no existir o muestra un nulo avance.
Si vemos cómo los organismos internacionales tienen una especial atención sobre la seguridad de los comunicadores encontramos nuestro raquítico Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Luisa María Alcalde Luján.
Este Mecanismo retira a su atojo la protección, en mi caso, tres días después de publicar una columna cuestionando la investigación sobe el atentado que sufriera nuestro colega Ciro Gómez Leyva, me quitaron, sin previo aviso, la escolta como represalia, abusando de su poder. Dicha protección se me regresó luego de unos meses de haberla retirado a principios del sexenio, motivo por el cual debí ampararme, ganando el amparo.
Posteriormente, el 28 de marzo del año en curso, tres días después de publicada la columna titulada “Atentado impune”, volvió a desaparecer la escolta. Por lo que se reiteró que había un fallo ganado para evitarlo, haciendo referencia al amparo 663/2023, según determinación del Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Veracruz, publicado el 8 de abril de 2024, en respuesta a un injustificado segundo retiro intempestivo de la escolta. La orden del juez sigue sin cumplirse por parte del Mecanismo.
El actual responsable de estos hechos es Enrique Irazoque, quien preside la Junta de Gobierno de dicho Mecanismo, cuya trayectoria radica en vivir del presupuesto desde el año 2000, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando fue funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, estado que era gobernado por el panista Fernando Canales Clariond. Desde entonces ha sabido colarse en gobiernos a través del cuento de la defensa de los derechos humanos.
Posteriormente, trabajó en la administración pública federal, ha sido Director de Implementación y Seguimiento de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, luego fungió como Director General Adjunto para la Atención de Víctimas de Violaciones Graves a Derechos Humanos en la polémica área de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para después convertirse nada menos que en director General de Acciones de Búsqueda en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, hasta llegar a ser el verdugo de los periodistas al encabezar el Mecanismo.
Como una dependencia de un Poder diferente al Judicial el Mecanismo se da el lujo de desobedecer órdenes expresas de un juez respecto a la protección de los periodistas, a quienes les retira las escoltas porque considera que se gasta mucho dinero y que, a pesar de amenazas y peligros evidentes, prefieren quedar bien con sus jefes, como sucedió con la añeja burocracia que permaneció en esas oficinas desde el sexenio anterior conservando a lo peor de su personal entonces encabezado por Jorge Ruiz.
Esos funcionarios debieron asegurar su puesto ahorrando recursos económicos y humanos, pero en la protección a los comunicadores y no en los excesos que se permiten esos burócratas arrojando como resultado la muerte de decenas de periodistas mexicanos.
El Mecanismo ha llegado a tan alto grado de cinismo que señalan que periodista que no esté afiliado a su protección, su muerte no es responsabilidad de su dependencia.
En la jugada está prácticamente todo el personal del Mecanismo implicado, desde los responsables visibles que son el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, así como Enrique Irazoque y una serie de mandos medios y operativos que parecieran simular su trabajo.
En ese camino que debería ser de prevención, es decir que se evite la acción criminal de los asesinos el Mecanismo coloca entre sus escoltas a infiltrados para dar santo y seña de la vida del periodista como si el enemigo a vencer fuera el comunicador que protegen.
A pesar de que se da aviso oportuno del repentino abandono de la escolta, el Mecanismo no contesta, como sucedió en mi caso, una vez que se informó a la encargada Ana Laura Rivera González, Jefa de Departamento del Mecanismo, no hubo respuesta.
La subsecretaría a la que pertenece el Mecanismo tiene que ver con la defensa de los Derechos Humanos; sin embargo, atenta contra la integridad por problemas de presupuesto, capricho, venganza o simple negligencia que puede costar la vida de los periodistas.
El daño que hace el Mecanismo de Irazoque al país, a la democracia, a la libertad de expresión, al Presidente y a su partido, parece no medirlo, sobre todo en tiempos electorales, ante su visceral manera de actual al frente de una oficina donde debe defender la integridad de las personas y no alentar sus atentados.
La manera de proceder del Mecanismo forma parte de las causas de los atentados contra los periodistas. Cada vez que hay un asesinato su propósito de prevenir es cuestionada. No se trata de una simple noticia en los medios la muerte de un periodista sino un drama en el país que suman a la frialdad de los números pero que no representa para esos burócratas una pérdida irreparable.
La violencia debe disminuir, incluso desaparecer en tiempos electorales, pero no son sólo los periodistas los masacrados sino los candidatos, quienes, sin importar el partido al que pertenecen, son asesinados impunemente.
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