*Fue omiso en que siguen las investigaciones en contra de detenidos
13.10.2026 Guadalajara, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que el operativo policial frente a Casa Jalisco durante la protesta por la calidad del agua presentó “graves deficiencias”, incluyó uso excesivo de la fuerza y derivó en detenciones injustas. Este martes 13 de octubre anunció que las 39 personas arrestadas ya recuperaron su libertad, aunque la liberación no significa que hayan concluido las investigaciones ministeriales relacionadas con los hechos.
“Debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias, que en el momento más crítico se salió de control”, declaró el mandatario en un video difundido en sus redes sociales. También reconoció que los manifestantes no debieron ser rociados con agua ni gas durante la intervención policial.
Lemus informó que solicitó una investigación interna con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), con el propósito de determinar responsabilidades y establecer sanciones para los elementos que incurrieron en abusos. Aseguró que algunos policías involucrados ya fueron identificados.
“Siempre hemos dicho que el que la hace la paga, y eso también aplica para los de adentro”, afirmó el gobernador, quien además se comprometió a garantizar la reparación del daño y evitar que se repitan actuaciones similares.
Sin embargo, el anuncio no estuvo acompañado de una relación de los agentes sujetos a investigación, las sanciones que podrían recibir ni un calendario para resolver las quejas. La reparación del daño a las personas afectadas y las medidas concretas para impedir nuevos abusos permanecen pendientes.
La liberación de los detenidos tampoco equivale al cierre de sus expedientes. La Fiscalía de Jalisco había informado que algunas personas continuarían sujetas a investigaciones por presuntos delitos relacionados con la protesta, entre ellos lesiones, ataques a las vías de comunicación y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. La autoridad ministerial puede continuar integrando carpetas aun cuando las personas investigadas estén en libertad, conforme a las condiciones jurídicas de cada caso.
La movilización ocurrió el domingo 11 de octubre en Guadalajara y reunió a habitantes inconformes con la calidad del agua que llega a sus hogares. Los reclamos incluyen reportes de líquido turbio, malos olores y cambios de color. La protesta concluyó frente a Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías.
La CEDHJ abrió una investigación de oficio por los hechos y reportó la recepción inicial de cinco quejas por presuntos abusos de autoridad. Durante la intervención, las autoridades contabilizaron 39 personas detenidas y también reportaron policías lesionados. La comisión deberá analizar los testimonios, las pruebas disponibles y la actuación de los cuerpos de seguridad para determinar si hubo violaciones a derechos humanos.
El reconocimiento de fallas por parte del gobernador modifica la postura inicial de su administración, que había atribuido parte de los disturbios a la presencia de un supuesto grupo de choque. Ahora, el compromiso anunciado consiste en investigar también la conducta de los agentes estatales y establecer responsabilidades.
Por el momento, no se han anunciado sanciones definitivas ni un mecanismo público detallado para la reparación integral de las personas afectadas. Tampoco se ha informado que las carpetas de investigación abiertas contra manifestantes hayan sido archivadas. La resolución de ambos frentes —los posibles abusos policiales y las indagatorias contra participantes de la protesta— será clave para conocer las consecuencias legales del operativo.