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06.11.2026 .- México inició una nueva etapa en la transformación de su sistema de pagos con la entrada en vigor, este jueves 5 de noviembre, de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una legislación que abre la posibilidad de que determinadas actividades económicas dejen de aceptar dinero en efectivo y operen exclusivamente mediante transacciones digitales.
El decreto, publicado el miércoles 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece un nuevo marco para extender el uso de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas, códigos QR y dispositivos de pago sin contacto. Sin embargo, contrario a lo que sugieren algunas interpretaciones, la disposición no significa que los billetes y monedas desaparecerán de manera inmediata ni que todos los establecimientos estarán obligados a rechazar el efectivo.
Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de determinar cuáles serán los sectores estratégicos y las actividades económicas relevantes en los que los medios de pago digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de realizar transacciones.
De acuerdo con los artículos transitorios, Hacienda dispone de 15 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la ley para establecer una primera determinación sobre las actividades que estarán sujetas a esta modalidad. Posteriormente, las autoridades responsables de cada sector tendrán otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas que establezcan las condiciones, requisitos y mecanismos de operación, así como los plazos para una transición gradual.
¿Qué sectores económicos estarán regulados?
La legislación contempla un ámbito de aplicación amplio, pues comprende las operaciones relacionadas con la comercialización de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de productos o servicios.
Esto significa que la regulación puede alcanzar actividades comerciales y de servicios tanto del ámbito público como privado, dependiendo de las determinaciones que emita Hacienda.
No obstante, hasta la entrada en vigor del decreto todavía no existe un catálogo definitivo que permita afirmar qué establecimientos o actividades tendrán prohibido recibir efectivo. La inclusión de un sector dependerá de la resolución que publique la dependencia federal y de las disposiciones específicas que posteriormente se emitan.
La ley también establece obligaciones para los tres órdenes de gobierno. Las autoridades federales, estatales y municipales deberán desarrollar las acciones necesarias para incorporar los pagos digitales y electrónicos en sus trámites y servicios, con la finalidad de facilitar las operaciones de la ciudadanía y reducir la dependencia de procedimientos presenciales.
¿Qué formas de pago contempla la nueva legislación?
El nuevo marco normativo reconoce diferentes instrumentos para realizar operaciones sin utilizar dinero físico. Entre ellos se encuentran las tarjetas de crédito y débito, las transferencias electrónicas de fondos, las domiciliaciones bancarias, los códigos QR y los dispositivos de comunicación de campo cercano, conocidos como NFC, que permiten efectuar pagos mediante aproximación.
También contempla otros dispositivos, tarjetas e interfaces que permitan realizar pagos o transferencias, así como aquellos mecanismos que sean reconocidos posteriormente por las autoridades financieras.
En este proceso, el Banco de México tendrá un papel relevante, ya que podrá emitir disposiciones para facilitar las transferencias electrónicas, regular determinados niveles de operación de las cuentas de depósito y promover mecanismos que permitan ampliar el acceso de la población a los servicios financieros.
Asimismo, podrá trabajar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para establecer disposiciones relacionadas con la recepción de pagos mediante códigos QR en las terminales de los establecimientos comerciales.
La intención es aprovechar la infraestructura existente, incluidos sistemas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Cobro Digital (CoDi), para facilitar las operaciones y ampliar las alternativas de pago.
¿Qué pasará con los comercios y los consumidores?
Para los establecimientos que incorporen medios electrónicos de cobro, la legislación establece que deberán contar con la infraestructura necesaria, informar a sus clientes sobre las opciones disponibles y atender las disposiciones que correspondan a su actividad.
La transición también plantea desafíos para los pequeños negocios, particularmente aquellos que operan en comunidades con conectividad limitada o donde el uso de efectivo continúa siendo predominante.
Por ello, la implementación de la ley estará acompañada de disposiciones específicas que deberán establecer los requisitos técnicos y operativos para cada sector, además de los tiempos necesarios para realizar los cambios.
La legislación contempla una excepción para situaciones extraordinarias en las que resulte imposible recibir pagos digitales debido a fallas o afectaciones temporales en la infraestructura, los sistemas o los servicios. En esos casos podrá recurrirse al efectivo o al cheque mientras persista la contingencia.
La excepción busca evitar que una interrupción tecnológica impida realizar operaciones indispensables, aunque no podrá utilizarse como justificación permanente para incumplir las obligaciones establecidas.
Una transformación con implicaciones económicas y financieras
El Gobierno federal ha defendido la digitalización de los pagos como una herramienta para fortalecer la seguridad de las operaciones, facilitar la actividad comercial, ampliar la inclusión financiera y avanzar en la formalización de los negocios.
Otro de los argumentos es que las transacciones electrónicas generan registros que permiten dar mayor seguimiento a los movimientos económicos, lo que puede contribuir a mejorar la fiscalización y combatir prácticas de evasión.
La iniciativa fue aprobada por el Senado el 20 de octubre, después de recibir el respaldo de la Cámara de Diputados. Durante la discusión legislativa también surgieron cuestionamientos sobre los alcances de las facultades otorgadas a Hacienda y las dificultades que podrían enfrentar pequeños comerciantes y personas que no cuentan con acceso suficiente a servicios bancarios o tecnológicos.
Con su publicación en el DOF y entrada en vigor este 5 de noviembre, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos pone en marcha un proceso que podría modificar gradualmente la manera en que se realizan las operaciones comerciales y los pagos de servicios en México.
Por ahora, el cambio más importante está en manos de Hacienda: definir qué actividades económicas deberán abandonar el efectivo como forma habitual de cobro y establecer, junto con las autoridades correspondientes, las condiciones para que la transición hacia los pagos digitales se concrete.