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11.02.2026 Washington, EUA.-.— La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró ante legisladores estadounidenses que el Ejército había derribado drones presuntamente vinculados a cárteles mexicanos que habrían incursionado en el espacio aéreo estadounidense en la zona fronteriza.
La declaración se produjo durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, inicialmente convocada para abordar el caso Jeffrey Epstein, pero que derivó en cuestionamientos sobre seguridad nacional.
El cierre temporal del Aeropuerto Internacional de El Paso, que duró alrededor de nueve horas, fue atribuido por la fiscal a la presencia de drones criminales. Sin embargo, congresistas como Verónica Escobar contradijeron la versión, al señalar que el incidente pudo deberse a un ejercicio militar del Pentágono no coordinado con la Administración Federal de Aviación.
Bondi sostuvo que los dispositivos no tripulados representaban un riesgo y que las fuerzas armadas actuaron para neutralizarlos. Sin embargo, la versión fue puesta en duda por la congresista, quien le subrayó que existen reportes de que el cierre aéreo en El Paso pudo deberse a un ejercicio militar del Pentágono no coordinado con la Administración Federal de Aviación, lo que contradice la hipótesis de una amenaza externa.
La comparecencia se tornó tensa, pues legisladores demócratas exigían respuestas sobre las investigaciones pendientes del caso Epstein y el manejo de archivos clasificados, mientras Bondi insistía en que la prioridad debía ser la protección del espacio aéreo y la seguridad nacional.
Pam Bondi camina por el sendero de la vergüenza, se niega a reunirse con sobrevivientes de Epstein, no responde preguntas sobre redacciones y permanece callada cuando se le pregunta sobre arrestos de alto perfil.
La Casa Blanca respaldó la versión de la fiscal, aunque autoridades mexicanas, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, negaron tener reportes sobre el uso de drones por parte de cárteles en la frontera y pidieron una investigación conjunta
La discrepancia ha generado presión sobre el gobierno federal de EEUU para aclarar si se trató de un operativo interno mal comunicado o de incursiones reales de aeronaves ligadas al crimen organizado.
