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27.10.2026 Ciudad de México.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar que se investiguen posibles actos de corrupción y conflictos de interés relacionados con contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.
El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, acudió a la Fiscalía acompañado de integrantes de su partido, entre ellos Roberto Gil Zuarth y Kenia López Rabadán, para pedir que se esclarezcan las presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y la relación entre funcionarios electorales y empresas proveedoras.
La denuncia plantea posibles delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Estas figuras forman parte de los señalamientos presentados por el partido y su posible configuración deberá ser determinada por las autoridades ministeriales.
Uno de los puntos centrales son los contratos asignados a empresas proveedoras de materiales electorales, entre ellas Cajas Graf y Corporativo ZEG, así como los presuntos vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. El PAN pidió revisar las adjudicaciones, las condiciones en que se realizaron y la posible existencia de beneficios indebidos.
Durante la presentación de la denuncia, los panistas señalaron contratos por más de mil 600 millones de pesos y cuestionaron operaciones en las que, según sus acusaciones, podrían existir irregularidades relacionadas con la entrega de bienes y servicios. Los montos y las presuntas anomalías deberán ser contrastados con los expedientes de contratación y las auditorías correspondientes.
La petición del partido es que la FGR investigue la actuación de los servidores públicos involucrados y, de ser necesario, coordine las indagatorias con la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y los órganos de fiscalización competentes para rastrear los recursos y establecer si existieron responsabilidades administrativas o penales.
El caso también se desarrolla en medio de la revisión anunciada por la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles irregularidades en contrataciones del INE y de organismos electorales locales. Entre los aspectos que requieren esclarecimiento están los procedimientos de adjudicación, los posibles conflictos de interés y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas contratadas.
Los cuestionamientos se producen después de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo electoral. Su salida no implica, por sí misma, que las acusaciones hayan sido acreditadas ni elimina la obligación de investigar los hechos denunciados.
La controversia coloca nuevamente bajo escrutinio la administración de los recursos del INE, una institución autónoma responsable de organizar las elecciones federales y coordinar diversas actividades con los organismos públicos locales electorales. La transparencia en sus contrataciones resulta relevante para preservar la confianza ciudadana en la autoridad encargada de garantizar la organización de los comicios.
La denuncia del PAN constituye una solicitud formal de investigación, no una resolución judicial. Corresponderá a la FGR determinar si existen elementos suficientes para abrir o ampliar las investigaciones, reunir pruebas y, en su caso, ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.