Por: Zaira Rosas
Todos supimos que el sexenio de Enrique Peña Nieto destacó por excesos, no fue el primer presidente que vivió así y lamentablemente tampoco será el último, pero resulta interesante descubrir que esos excesos estuvieron presentes en todos los ámbitos, inclusive en las licitaciones de papelería, en las que si bien todo se hizo de forma relativamente legal, los costos pagados por los objetos recibidos son injustificables.
De acuerdo a los gastos revelados por la periodista Dulce Olvera, de julio a diciembre del año pasado, Presidencia de la República llegó a pagar a Abastecedora Aragonesa 98 millones para proveer material de oficina, lo cual puede ser algo común según detalla la periodista, más no lo son los costos unitarios.
Un bolígrafo común de color negro costó $6,950, una carpeta blanca de pulgada y media $27,000, un cuaderno profesional $21,900 y así podríamos seguir con una lista de precios que resultan irreales, pues tal pareciera que la descripción corresponde a objetos de lujo y no a aquellos básicos de oficina. Aún más interesante es que la misma Abastecedora era la encargada de proveer a otra oficinas en las que evidentemente el gasto era similar.
Lo anterior fue averiguado gracias a una solicitud de información, que podría hacer cualquier ciudadano, pero que pocos realizan. Este tipo de solicitudes deberían fomentarse como una actividad cotidiana, para conocer a profundidad sobre las acciones de nuestros gobernantes, porque si bien no se infringen normas legales terminamos en los mismos acuerdos en los que el dinero sale disfrazado para llenar las arcas de alguien más.
Quizás los gastos realizados ya no sorprenden, mucho menos cuando se contrastan con el resto de compras realizadas en vestuario, viajes y demás eventos relacionados con la Presidencia, pero sí debería ser un referente para conocer las prácticas legales que igualmente generan un daño al patrimonio de la razón, constantemente nos conformamos con los detalles y comunicados emitidos por las distintas instancias gubernamentales, cuando en realidad deberíamos averiguar cada una de sus acciones y el uso de los recursos.
Es necesario que sepamos indagar como ciudadanos ante situaciones como las previamente mencionadas, que la transparencia no sea sólo un recurso para periodistas, que sea una obligación ciudadana y una obligación para todas las instituciones brindar los datos. Porque si bien legalmente así está planteada, la realidad es que ni los ciudadanos cuestionan ni las instituciones cumplen con los datos.
Y los mismos juicios y cuestionamientos que emitimos antes a otros gobiernos, son los que debemos aplicar a los gobiernos actuales, que nuestra indignación ante lo irreal no disminuya, que nuestras exigencias de justicia no decaigan y el anhelo de desarrollo y seguridad perdure, pues en ocasiones pareciera que la culpa sigue siendo del pasado y en el presente nos conformamos con discursos coloquiales como garantía de un mejor porvenir.
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