Por: Dra. Norma Julieta Del Rio Venegas*
La madurez y el estado de salud de un país democrático se refleja, entre otras cosas, en su nivel de inclusión, es decir, en la medida en que mujeres y grupos vulnerables tienen cabida y representación como candidatas, servidoras públicas y en toda la vida política que se desarrolle.
En este proceso electoral inédito, marcado por el avance de una crisis sanitaria sin precedentes, México consiguió algo que hasta hace poco parecía imposible: pasar de las cuotas de género, como medida afirmativa para garantizar que no hubiera más de 60% de candidaturas de un mismo sexo, a la paridad electoral en la que la mitad de las candidaturas a más de 21 mil puestos en disputa corresponden a mujeres.
Sin embargo, la creciente participación de las mujeres en la esfera pública no parece aminorar las manifestaciones de violencia política por razones de género, pero, a diferencia de otros procesos, esta vez contamos con instrumentos jurídicos que no sólo la caracterizan, sino que la sancionan.
A partir de la publicación de la reforma en materia de violencia política por razones de género en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de abril de 2020 y al 21 de abril de este año, el órgano electoral recibió 77 quejas, denuncias o vistas en materia de violencia política de género, de las cuales 53 fueron remitidas a autoridades locales o jurisdiccionales, por tratarse de aspectos de la vida interna de los partidos políticos, actos que tenían incidencia local o cuyo impacto afectaba directamente los procesos electorales locales, de acuerdo con el Informe de la Secretaría Ejecutiva.
Las conductas denunciadas van desde el uso de expresiones discriminatorias y amenazantes, la invisibilización del trabajo en el servicio público a las agresiones físicas y verbales. Llama la atención que no se trata de procedimientos iniciados sólo por militantes y aspirantes a ocupar un puesto de elección popular, sino también de ciudadanas. En cualquier caso, todas son distintos rostros de una forma de conducta que, de tan cotidiana, normalizamos, pero que hoy ya no estamos dispuestas a tolerar.
La paridad total es un paso hacia la igualdad, pero aún falta un largo trecho por recorrer para que las mujeres accedamos al poder sin violencia y sin discriminación.
Pero no solo en elecciones suceden estos casos. Para ejemplificar, hablaré del caso de la comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Dora Ivonne Rosales Sotelo, quien denunció públicamente haber sufrido violencia de género por sus pares en el organismo garante local. Ante ello, ayer 12 de mayo en sesión de Pleno las y los comisionados del INAI, hicimos un posicionamiento para rechazar esta situación, detener TODO tipo de violencia de género y llamar a su pronta resolución en respecto al derecho y la institucionalidad. Además del posicionamiento, hago un llamado a actuar, a no quedarse en palabras, porque solo así lograremos realmente contrarrestar a quienes se resisten a dejar estas prácticas. Los discursos deben ir acompañados de acciones.
Es importante destacar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ampara el principio de equidad de género, pero seguimos constatando la desigualdad, por ello, hago un llamado a trabajar con cordialidad y RESPETO, basta de violencia contra la mujer, hoy esto también se ha convertido en una pandemia latente, convoco a que sumemos esfuerzos colectivos para detenerla. En un momento histórico como el que vivimos, no hay cabida para permitir ni pasar por alto situaciones de violencia de género en ningún ámbito. Es momento de unión, de sororidad. Si violentan a una, violentan a todas.
@JulietDelrio
*Comisionada del INAI
