* Presidenta Claudia Sheinbaum expresó que se contemplan tres cambios principales: reducir el financiamiento destinado a partidos durante las campañas; la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES); y el rediseño del sistema de representación plurinominal en las diputaciones.
/Escrito por Wendy Rayón Garay /
13.01.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El próximo 1 de febrero, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentará al Congreso la iniciativa final para su discusión y aprobación antes de comenzar el proceso electoral 2027. Entre los cambios necesarios en el sistema electoral se encuentra la paridad de género la cual, pese a contar con una reforma constitucional que ordena el principio en los tres niveles de gobierno, continua sin ser efectiva.
México comenzó el 2026 con los preparativos de la Reforma Electoral, uno de los temas que serán prioritarios en la agenda legislativa durante los próximos meses. Para llegar a este momento, la Comisión Presidencial realizó 65 audiencias públicas con 5 mil 294 intervenciones por los 32 estados del país, y el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 382 propuestas de organizaciones civiles, asociaciones especializadas y actores del ámbito electoral.
Pese a que la iniciativa final aún no está terminada, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó en la conferencia de prensa la Mañanera que se contemplan tres cambios principales: reducir el financiamiento destinado a partidos durante las campañas; la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) encargados de organizar elecciones en los estados; y el rediseño del sistema de representación plurinominal en las diputaciones.
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De acuerdo con Integralia en su reporte Diez Riesgos Políticos para 2026, los cambios propuestos suponen la concentración del poder. Con la eliminación de la representación plurinominal las posibles consecuencias serían menos pluralismo, mayor representación del partido mayoritario, un poder legislativo subordinado al ejecutivo y menor rendición de cuentas.
La reducción del financiamiento público a partidos políticos supondría el debilitamiento de los partidos de oposición, menor competitividad electoral, mayor financiamiento ilegal a campañas, así como menor burocracia y abuso de recursos públicos. Asimismo, la eliminación de los OPLES provocará la centralización de los procesos electorales, saturación de funciones y pérdida de eficiencia, y menores costos operativos para organizar elecciones.
La discusión sobre estos cambios se realizará antes de que comience el próximo proceso electoral 2027 con las elecciones intermedias. Se elegirán 17 gubernaturas, 30 congresos estatales, 500 diputaciones federales y 2 mil 424 presidencias municipales y ayuntamientos. Paralelamente, se llevará a cabo la elección judicial para seleccionar 850 cargos de la segunda mitad de personas juzgadoras y magistraturas de circuito en seguimiento al primer proceso en 2025.
Repensando la paridad de género
De acuerdo con Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera electoral del INE, durante la conferencia Reforma electoral integral, en el marco del XXXVI, México sí necesita una reforma que contemple la actualidad que atraviesa el país como las nuevas tecnologías, formas de hacer campaña, los nuevos procesos electorales y otros supuestos que no están regulados.
Actualmente, el sistema electoral opera desde los últimos 11 años con la reforma del 2014 y a través de este se realizaron 4 procesos electorales federales, 201 elecciones locales y municipales, y otros procesos. Para la funcionaria, entre todos los cambios que el sistema electoral necesita se encuentra la paridad de género, ya que, aunque existe una reforma que avala este principio, persisten resistencias de los partidos para colocar a mujeres en las contiendas.
Se trata de un principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento y goce de los derechos políticos-electorales de mujeres y hombres, de acuerdo con información del INE. En 2019 se aprobó una reforma constitucional llamada “Paridad en todo” que obligó a los partidos políticos a garantizarla en todas las candidaturas y en los tres niveles de gobierno, así como organismos constitucionales autónomos y también bajo sistemas normativos internos.
«En relación con paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, hay que contemplar las reglas de ajuste porque cada proceso electoral, aunque los partidos digan que están muy de acuerdo con la paridad y que las mujeres lo merecen todo y cómo son capaces y demás, en realidad, por abajo hay toda una estrategia para complicar y violentar a las mujeres que quieren estar en los cargos públicos.» -Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera electoral del INE
Gracias a la implementación de la paridad de género, hoy México cuenta con su primera presidenta, hay 13 mujeres gobernadoras a nivel nacional, el Congreso de la Unión alcanzó la mayor representación de mujeres en los curules, y dos mujeres presiden la Mesa Directiva en ambas cámaras. No obstante, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) sigue conformada en su mayoría por hombres.
El informe sombra Vida pública y participación política de las mujeres en México indica que, en los congresos estatales se alcanzó la integración paritaria, pero en lugares como San Luis Potosí, Estado de México y Chiapas no hay un acceso de poder real. En el ámbito municipal, la participación de las mujeres aumentó a 30% y en términos generales, de 2018 a 2024, se dio un incremento de 2.7 puntos porcentuales en la participación de las mujeres en presidencias municipales y alcaldías, pero siguen sin alcanzar la representación paritaria.
Por ello, Carla Humphrey propuso que el INE este obligado a regular y aprobar acciones afirmativas, así como configurar alternancias en las presidencias municipales, ya que son los espacios donde las mujeres menos pueden acceder y en algunas entidades su representación es menor al 30%. Por otro lado, apuntó la necesidad de garantizar mandatos y principios de paridad en gubernaturas y presidencia.
«Seguramente el INE volvemos a aprobar otro acuerdo de paridad en gubernaturas, pero todos y cada uno de esos acuerdos de gubernaturas que ya van cuatro, todos han sido impugnados por los partidos políticos.» -Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera electoral del INE.
Otra configuración que añadió la consejera, aunque no en el ámbito electoral, es una modificación en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para regular la paridad dentro de las comisiones, alternancia en las presidencias, en la conformación de la Mesa Directiva y en la JUCOPO.
La falta de cumplimiento al principio de paridad de género también se destacó en la elección judicial de 2025. Anteriormente, Cimacnoticias documentó que durante este proceso el número entre candidatas mujeres y hombres no fue paritario, sobre todo para los cargos de magistraturas de circuito y personas juzgadoras donde hubo 664 mujeres frente a 913 hombres para el primero y 619 mujeres y 855 hombres para el segundo.
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Desde la perspectiva de Carla Humphrey, la elección judicial no debería ser concurrente con la elección intermedia de 2027, ya que provocará que los costos sean exponenciales y que se deba implementar estructuras paralelas para llevar dos procesos distintos. A esto se suma el deber de garantizar la paridad en la asignación de cargos y por materia, ya que en el proceso del 2025 hubo un juzgado penal que quedó sin candidatas mujeres.
Por otro lado, la consejera considera necesario incluir el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en la ley, ya que ahora solo está respaldada por lineamientos jurídicos. Este sirve para documentar y visibilizar los casos de violencia política contra las mujeres. Los últimos datos del INE muestran que, entre septiembre de 2020 al 2 de junio de 2025, hubo 516 casos donde se sancionaron a 469 personas (85 mujeres y 384 hombres).
Asimismo, la funcionaria apuesta por regular la ley 8 de 8. Esta es una medida proviene de la Ley 3 de 3 que fue creada por la colectiva Las Constituyentes para establecer que ningún agresor contra mujeres ejerciera desde el poder, que no esté señalado por ser deudora alimentaria morosa, violencia sexual y violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.).
La Ley 3 de 3 se ha enfrentado con obstáculos, uno de ellos fue cuando el INE decidió cambiar los tres supuestos por ocho, nombrando la Medida 8 de 8. Sin embargo, como esta medida solo sanciona a aquellos que cuenten con una sentencia condenatoria, ya que, aunque la ley no lo contempla, el INE interpretó la necesidad de una sentencia condenatoria para poder intervenir. Para Carla Humphrey, que las mujeres denuncien estos casos presentando una sentencia firme se complica considerando que el país cuenta con el 92% de impunidad.
Con la iniciativa presidencial aún sin presentarse, el debate queda abierto sobre si la reforma electoral aprovechara este momento para corregir las brechas que persisten en materia de paridad, en un contexto donde los partidos siguen mostrando resistencias para postular a mujeres en condiciones reales de competencia.
