*NEMESIS.
/Fernando Meraz Mejorado/
Desde el 17 de mayo de 2026, el paro nacional convocado por la CNTE paraliza escuelas en más de 20 estados, con marchas y bloqueos que afectan la vida cotidiana. El conflicto nace de demandas históricas: mejoras salariales, estabilidad laboral, cambios al sistema de pensiones y revisión de la reforma educativa, acuerdos incumplidos desde hace años. Lo que podría haberse resuelto en mesas de negociación se ha convertido en una crisis política, por una razón central: la incapacidad del gobierno para responder y la incapacidad política que cierra puertas al diálogo directo.
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El Ejecutivo solo ha ofrecido un aumento salarial de nueve por ciento, rechazado por insuficiente, y ha delegado toda la atención en la Secretaría de Gobernación. La presidenta no se ha reunido con los dirigentes magisteriales, cerrando toda vía de trato directo y demostrando falta de voluntad política y de estrategia para abordar el problema de fondo. Al ignorar el origen del descontento y tratarlo solo como un asunto de orden público, ha agravado la tensión y empujado al movimiento a radicalizarse, ahora con la advertencia de afectar el desarrollo del Mundial de Fútbol.
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Esta postura ha debilitado la estabilidad interna: las instituciones pierden credibilidad, la gobernabilidad se resiente y se abre paso a la confrontación en lugar de la solución. La población percibe que no hay forma de resolver diferencias por vías institucionales, lo que alimenta el descontento general, como se ve en las últimas encuestas.
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Las consecuencias son previsibles y graves.
En términos de educación y sociedad, más de 25 millones de alumnos pierden clases, se amplían brechas de desigualdad y las familias sufren alteraciones severas en su rutina.
La economía nacional resiente pérdidas millonarias por bloqueos, caída en el comercio y riesgo grave para la imagen y los ingresos del país durante el Mundial, con impacto duradero en inversiones y turismo.
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En cuanto a la política, se preve una caída en la legitimidad del gobierno, división entre fuerzas políticas, mayor fortaleza de grupos de presión que aprenden que solo la movilización obliga a escuchar, y riesgo de que se sumen más sectores en protesta, saturando la capacidad de respuesta del Estado.
Por si fuera poco, en el terreno de la seguridad y estabilidad, habrá mayor riesgo de enfrentamientos, violencia y una imagen internacional dañada, que pone en duda la capacidad de México para garantizar el orden y la convivencia.
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Todo esto no es casualidad: es el resultado directo de cerrar las puertas al diálogo y de no tener la capacidad para resolver conflictos antes de que se vuelvan crisis nacionales.–oOo–
