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29.03.2023 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Actualmente, en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto con el que se pretende dejar el tema de la paridad de género únicamente en manos de los partidos políticos. Con él se limitaría la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, de acuerdo con la Red Mujeres en Plural, se pondrían en riesgo la participación política y los derechos de las mujeres.
El proyecto de dictamen (elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales) propone modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución mexicana. Con estas reformas se busca que solo el Poder Legislativo tenga la facultad de obligar a los partidos a acatar medidas como las relacionadas con la paridad de género. Esto quiere decir que ni el Tribunal Electoral ni el Instituto Nacional Electoral (INE) podrán intervenir para obligar a los partidos a postular a mujeres en las candidaturas.
Lo anterior ya tiene un antecedente importante. El pasado 1 de noviembre, el TEPJF resolvió que el INE no podía obligar a los partidos a postular candidatas mujeres en los estados de Coahuila y el Estado de México. En aquel momento, el tribunal argumentó que el INE excedió sus facultades al pedir a los partidos establecer directrices claras sobre cómo cumplir con el principio de paridad.
Sin embargo, con el proyecto de dictamen, ahora ni siquiera el TEPJF tendría la facultad de emitir una postura respecto al tema, y los argumentos de la Comisión de Puntos Constitucionales son muy parecidos a los del Tribunal: solo el Poder Legislativo tiene la decisión en cuanto a acciones afirmativas, y ni el INE ni el Tribunal deben exceder sus facultades y violar la división de poderes.
De aprobarse el dictamen, se reformaría el artículo 41 constitucional para dejar establecido que “los partidos políticos, en ejercicio de su autodeterminación y auto organización, establecerán en sus normas estatutarias las reglas para la designación de sus dirigencias, así como las reglas para garantizar el principio de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados”.
Mientras tanto, al Tribunal Electoral se le delegaría la única facultad de intervenir en asuntos electorales solo con lo que esté establecido “literalmente” en la Constitución. En línea con lo anterior, esto quiere decir que si el principio de paridad queda establecido en las normas de los partidos pero no se lleva a la práctica, el TEPJF no podría tomar acciones al respecto debido a que aún así se estaría cumpliendo con lo estipulado en el artículo 41.
Así, bajo el argumento de la “mínima intervención en la vida interna de los partidos”, la Comisión de Puntos Constitucionales pone en riesgo la participación política y los derechos electorales de las mujeres.
Iniciativa y Plan B vulneran los derechos de las mexicanas
Tras difundirse este proyecto de dictamen, la Red Mujeres en Plural (conformada por mujeres políticas mexicanas) emitió un comunicado expresando su rechazo a la propuesta. De acuerdo con dicho comunicado, lo que se establece en ella es inconstitucional y pone en grave riesgo el avance de los derechos de las mujeres.
Según explica la Red, con las reformas explicadas arriba se limitaría la capacidad del TEPJF de interpretar las leyes para sancionar a quienes no cumplan con el principio de paridad. Además, le quita a las autoridades electorales la capacidad de emitir acuerdos, reglamentos o lineamientos que garanticen el cumplimiento del principio de paridad.
De igual manera, al acortar la actuación del TEPJF, se obstaculiza también su margen de acción para resolver asuntos como los relacionados con violencia política en razón de género. Estos asuntos pasarían a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos tiempos de resolución —apunta Mujeres en Plural—son mucho más extendidos que los del Tribunal Electoral.
La Red también señala que esta no es la única iniciativa presentada durante los últimos meses que atenta contra los derechos políticos de las mujeres. Al respecto menciona al Plan B, el cual disminuye el porcentaje de mujeres que se deben postular en el bloque de candidaturas de alta competitividad, pasando de 50 a 25 por ciento. También resta facultades a las autoridades electorales para aplicar las reglas de paridad en dirigencias partidistas, candidaturas e integración de congresos y gobiernos locales.
Por otro lado, de acuerdo con la senadora Patricia Mercado, el Plan B elimina la posibilidad de cancelar candidaturas que hayan incurrido en violencia política en razón de género. Igualmente, no garantiza un acceso equitativo de las candidatas al financiamiento público para campañas y tiempos en radio y televisión, lo que provocaría que no compitan en igualdad de condiciones con los hombres.
En el Plan B tampoco se reconoce la posibilidad de cancelar candidaturas a hombres que se encuentran en situación de deudores alimentarios, lo que va en detrimento de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, la cual busca que ningún hombre que sea investigado o cuente con antecedentes penales por delitos de violencia familiar, violencia sexual, incumplimiento en su responsabilidad alimentaria y cualquier otra manifestación de violencia contra las mujeres pueda acceder a un cargo de elección popular.
De aprobarse el proyecto de la Comisión de Puntos Constitucionales, en menos de un año sumarían dos acciones por parte de las y los legisladores que están vulnerando los derechos políticos y electorales de las mexicanas. Derechos que se han ganado desde el movimiento feminista y que ahora tendrán que defenderse.
