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22 10.2026.Ciudad de México.- El periodista Pedro Ferriz Híjar reaccionó con descalificaciones e insultos contra el diputado federal de Morena, Arturo Ávila Anaya, luego de que el legislador promoviera una demanda civil por presunto daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Después de que se difundiera el documento judicial, recibido el 14 de octubre de 2026, Ferriz Híjar publicó mensajes en redes sociales en los que arremetió contra el morenista y advirtió que llevaría el enfrentamiento hasta sus últimas consecuencias.
“Ahora sí me voy con todo”, escribió el comunicador, quien también lanzó expresiones intimidatorias y desafió al diputado a continuar con el procedimiento legal. En sus publicaciones utilizó insultos personales y advirtió que podría revelar información relacionada con el legislador.
La respuesta del periodista elevó el tono de una confrontación que comenzó meses atrás en redes sociales, a raíz de las críticas de Ferriz Híjar a la diputada morenista María Teresa Ealy. El intercambio derivó en acusaciones personales entre el comunicador y Ávila, quien cuestionó la manera en que el periodista se dirige a las mujeres y su estilo de confrontación pública.
En aquella disputa, Ferriz Híjar también lanzó señalamientos contra el legislador, a quien vinculó con presuntas conductas delictivas, sin que esas publicaciones constituyan por sí mismas pruebas de los hechos mencionados.
Ávila anunció que acudiría a la vía judicial para que el periodista responda por las expresiones que considera lesivas para su honor y reputación. La demanda busca que se determine la responsabilidad civil y, en caso de acreditarse, se ordene la reparación del daño moral.
El procedimiento deberá seguir su curso ante las autoridades correspondientes. La presentación de la demanda no implica que Ferriz Híjar haya sido declarado responsable, ni que las acusaciones intercambiadas en redes sociales hayan sido acreditadas judicialmente.
El caso vuelve a colocar en el centro de la discusión los límites entre la libertad de expresión, la crítica a los representantes populares y el derecho a la protección de la reputación. También exhibe cómo una disputa política puede trasladarse de las plataformas digitales a los tribunales cuando alguna de las partes considera que los señalamientos rebasan los límites legales.
La resolución corresponderá a un juez, que deberá valorar los argumentos y las pruebas de ambas partes conforme a la legislación aplicable.