*Bots, de un modo similar a los que se observan en las mañaneras, agreden a la prensa crítica con descalificaciones y amenazas.
* Descartó el acompañamiento de la Comisión de Atención y Protección a periodistas, CEAPP
Redacción/
Xalapa, Ver.-En un caso más de violencia contra periodistasen Veracruz, la reportera Gabriela Rasgado denunció amenazas de violación y muerte por parte de varias cuentas en la red social y acusa un hostigamiento por parte del Gobierno del Estado de Veracruz.
Oriunda de Coatzacoalcos y representante de varios medios en Xalapa, la reportera que conocen como “Chispita” realizó la denuncia pública en sus redes sociales y notas informativas cubriendo a la actual administración.
El Senador Emilio Álvarez Icaza tuiteó a su favor un exhorto a Cuitláhuac García, Gobernador de Veracruz, para que se le brinden las medidas de Protección.
“Hago un llamado al @GobiernoVer y a su gobernador @CuitlahuacGJ para tomar las medidas pertinentes ante las amenazas en contra de la periodista @ChispitaMX. La impunidad se nutre de la inoperancia de los aparatos de justicia. @SEGOB_mx @A_Encinas_R @article19mex @ONUDHmexico, escribió en Twitter el activista.
Rasgado advierte que no la callaran y reporta en su cuenta twitter mensajes con los detalles de la intimidación de la que es objeto y las medidas legales que ha tomado.
En un segundo tuit señala que cuenta con información que vincula a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del estado con investigaciones hacia su persona.
Además alerta sobre la posibilidad de una campaña en su contra para demeritar su trabajo.
Antes las críticas de que su denuncia forma parte de una acción poco clara del gobierno pasado, la periodista advierte que no intenta chantajear o hacerse la víctima en ningún sentido.
“Las amenazas y acoso, que incluye las llamadas de “investigación” desde la CGCS fueron denunciadas desde el 14 de marzo y ampliadas a raíz de las manifestaciones en esta red. Lo saben quienes deben saberlo”.
La reportera estaba siendo protegida por el mecanismo federal de atención y protección a periodistas desde 2018, cuando el abogado Arturo Nicolás Baltazar, representante legal del ex fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, según denuncia de la reportera, la intimidó en varias ocasiones.
