*Advierten omisiones en protección a mujeres comunicadoras
19.06.2026 Ciudad de México.- La organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas expresaron su preocupación por la iniciativa de Ley para la Protección Integral, el Bienestar Social y la Profesionalización del Periodismo impulsada por la XVIII Legislatura de Quintana Roo, al considerar que el proyecto carece de una perspectiva de género integral y fue elaborado sin un proceso amplio de consulta con periodistas, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos.
A través de un pronunciamiento difundido este 18 de junio, ambas organizaciones señalaron que, si bien reconocen la importancia de crear instrumentos legales que fortalezcan la protección de quienes ejercen el periodismo, una legislación de esta naturaleza debe construirse mediante mecanismos participativos que incluyan de manera efectiva a las personas directamente afectadas por la violencia y los riesgos inherentes a la profesión.
El posicionamiento surge tras la presentación de la iniciativa promovida por la XVIII Legislatura estatal, cuyo objetivo es establecer mecanismos de protección, bienestar social y profesionalización para periodistas en Quintana Roo. Sin embargo, las organizaciones consideran que el proyecto presenta vacíos importantes que podrían limitar su eficacia para responder a las condiciones reales que enfrentan especialmente las mujeres periodistas.
De acuerdo con datos documentados por CIMAC, Quintana Roo figura entre las entidades donde las mujeres periodistas enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad. La organización reporta al menos 77 agresiones registradas en la entidad, en un contexto marcado por denuncias de hostilidad institucional, censura y criminalización del ejercicio periodístico.
Según el documento, estas agresiones se desarrollan en un entorno donde confluyen intereses políticos y económicos vinculados a la intensa actividad turística de la región, situación que puede afectar el libre ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por las organizaciones es la ausencia de una perspectiva de género transversal y de un enfoque interseccional en la propuesta legislativa.
Las firmantes sostienen que el proyecto concentra gran parte de su atención en la violencia digital, pero deja fuera otras formas de agresión que afectan de manera diferenciada a las mujeres periodistas, entre ellas la violencia sexual, considerada una de las expresiones más graves de vulneración de derechos en el ejercicio profesional.
Asimismo, advierten que la definición de violencia digital incluida en la iniciativa resulta limitada, ya que no contempla prácticas como la vigilancia, el monitoreo indebido o las amenazas, mecanismos que frecuentemente son utilizados para intimidar a periodistas y obstaculizar coberturas informativas.
Otro de los señalamientos se refiere a la falta de reconocimiento de campañas de desprestigio y difamación dirigidas específicamente contra mujeres periodistas. De acuerdo con CIMAC y la Red Nacional de Periodistas, muchas de estas agresiones se sustentan en estereotipos de género, sexualización, cuestionamientos a la vida privada y ataques destinados a desacreditar el trabajo profesional de las comunicadoras.
Las organizaciones también manifestaron preocupación por las disposiciones relacionadas con el análisis de riesgo y las medidas de protección previstas en la iniciativa.
Aunque el proyecto contempla mecanismos para proteger a hijas e hijos de periodistas en situación de riesgo, las organizaciones consideran que omite reconocer las responsabilidades de cuidado que suelen recaer de manera desproporcionada sobre las mujeres, así como la necesidad de incorporar medidas dirigidas a madres, cuidadoras y personas dependientes que forman parte de su entorno familiar.
A juicio de las promoventes del pronunciamiento, la propuesta tampoco reconoce de manera explícita las agresiones letales diferenciadas que enfrentan las mujeres periodistas ni contempla el feminicidio como una expresión extrema de violencia de género relacionada con el ejercicio periodístico.
En ese sentido, señalaron que la iniciativa carece de mecanismos específicos de atención, reparación y acompañamiento para las familias de periodistas víctimas de feminicidio, un aspecto que consideran indispensable dentro de cualquier política pública de protección.
Otro de los puntos que ha generado preocupación es la propuesta de crear un registro voluntario de periodistas administrado por el Estado. CIMAC y la Red Nacional de Periodistas consideran que esta medida podría derivar en mecanismos de control o acreditación que afecten la independencia del ejercicio periodístico y abran la puerta a prácticas discriminatorias o excluyentes.
Las organizaciones sostienen que la libertad de expresión no debe condicionarse a registros oficiales ni a mecanismos que permitan determinar quién puede o no ser considerado periodista.
Ante este panorama, hicieron un llamado a la XVIII Legislatura de Quintana Roo para revisar y reconsiderar el contenido de la iniciativa antes de su eventual aprobación, incorporando las observaciones formuladas por periodistas, organizaciones de derechos humanos y especialistas en libertad de expresión.
Asimismo, solicitaron que cualquier propuesta legislativa en la materia adopte estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, incorpore una perspectiva de género efectiva y reconozca las distintas formas de violencia que enfrentan las mujeres periodistas en México.
“La protección de la libertad de expresión no puede construirse sin escuchar a quienes la ejercen ni sin reconocer las desigualdades estructurales que atraviesan el trabajo periodístico. Una ley verdaderamente garantista debe responder a la diversidad de experiencias y riesgos que enfrentan las personas periodistas, particularmente las mujeres, cuya labor continúa desarrollándose en contextos marcados por la violencia, la discriminación y la impunidad”, señalaron las organizaciones.
El pronunciamiento se suma al debate nacional sobre los mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, en un contexto en el que diversas organizaciones han advertido sobre la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en México, considerado uno de los países más peligrosos para el periodismo en América Latina.
COMUNICADO PRENSA CIMAC
Ciudad de México, 18 de junio del 2026
Posicionamiento sobre la Iniciativa de Ley para la Protección Integral, el Bienestar Social y la Profesionalización del Periodismo en Quintana Roo
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) y la Red Nacional de Periodistas expresamos nuestra preocupación y nos sumamos a las voces de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos que señalan la falta de un consenso real, amplio y plural en el proceso de elaboración de la iniciativa de Ley para la Protección Integral, el Bienestar Social y la Profesionalización del Periodismo promovida por la XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo.
Reconocemos la importancia de impulsar marcos normativos orientados a fortalecer la protección de quienes ejercen el periodismo; sin embargo, consideramos que una legislación de esta naturaleza debe construirse mediante procesos participativos efectivos, con la intervención sustantiva de mujeres periodistas y personas comunicadoras que enfrentan contextos diferenciados de violencia y exclusión.
De acuerdo con el registro de CIMAC, Quintana Roo figura entre las regiones con mayor vulnerabilidad para las mujeres periodistas. A la fecha, se documentan 77 agresiones en la entidad, en un alarmante contexto de hostilidad institucional, censura y criminalización; esta violencia estructural, ejercida desde el poder público, se entrecruza de manera sistemática con intereses políticos y empresariales que derivan de la fuerte actividad turística de la región, vulnerando gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Tras hacer una revisión, advertimos con preocupación que la iniciativa presentada por la XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo el 05 de junio carece de una perspectiva de género transversal y de un enfoque interseccional que permita reconocer las condiciones específicas de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas en el ejercicio de su labor; en particular, observamos que la propuesta se centra en reconocer a la violencia digital como principal eje de agresión contra mujeres periodistas, omitiendo reconocer explícitamente a la violencia sexual y sus modalidades como una de las agresiones prioritarias que enfrentan las periodistas.
También, nos preocupa que la definición de violencia digital no contemple las amenazas ni las prácticas de vigilancia como formas de agresión; estas acciones son utilizadas frecuentemente para intimidar, inhibir la cobertura periodística y generar afectaciones profundas a la integridad emocional, psicológica y física de las periodistas. En el mismo sentido, resulta insuficiente que la iniciativa únicamente haga referencia a campañas de estigmatización, ignorando las campañas de desprestigio y difamación que suelen dirigirse contra mujeres periodistas mediante ataques basados en estereotipos de género, sexualización, cuestionamientos a su vida privada y deslegitimación de su trabajo profesional; estas prácticas tienen impactos diferenciados y profundizan los contextos de violencia que enfrentan las comunicadoras.
En materia de análisis de riesgo y medidas de protección, advertimos que la iniciativa considera protocolos para la protección de hijas e hijos, pero omite reconocer las responsabilidades de cuidado que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres. Tampoco contempla medidas dirigidas a madres y personas cuidadoras o personas dependientes que forman parte del entorno familiar de quienes ejercen el periodismo; esta omisión desconoce la realidad de las mujeres periodistas y la centralidad de los cuidados en la evaluación integral de los riesgos que enfrentan.
Se expresa preocupación por la falta de referencia explícita a las agresiones letales diferenciadas contra mujeres periodistas en una iniciativa legislativa. Señala que la propuesta no reconoce el feminicidio como una expresión extrema de violencia de género vinculada al ejercicio periodístico y que no contempla mecanismos de protección ni sistemas integrales de cuidados para las familias de periodistas víctimas de feminicidio.
También manifiesta rechazo a la creación de un registro voluntario de periodistas administrado por el Estado como mecanismo de acreditación, argumentando que podría afectar la independencia periodística y derivar en prácticas discriminatorias.
Finalmente, hace un llamado a la XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo para reconsiderar la iniciativa y garantizar que cualquier nueva propuesta legislativa incorpore la perspectiva de género, el enfoque interseccional y el reconocimiento de las violencias específicas que enfrentan las mujeres periodistas, junto con mecanismos de protección y reparación acordes con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
“La protección de la libertad de expresión no puede construirse sin escuchar a quienes la ejercen ni sin reconocer las desigualdades estructurales que atraviesan el trabajo periodístico. Una ley verdaderamente garantista debe responder a la diversidad de experiencias y riesgos que enfrentan las personas periodistas, particularmente las mujeres, cuya labor continúa desarrollándose en contextos marcados por la violencia, la discriminación y la impunidad.”