* En Palacio Nacional le están apostando a debilitar al Poder Judicial de la Federación
* Si la Cámara de Diputados asfixia presupuestariamente a la Corte se estará disparando en el pie
* La falta de recursos impactará directa e inmediatamente los derechos de los más vulnerables
TIJERETAZO.- El Poder Judicial sigue bajo permanente bombardeo desde Palacio Nacional y el Congreso de la Unión. Y en esta ocasión, el Presidente López Obrador, con el pretexto de que sus integrantes son funcionarios privilegiados con percepciones elevadísimas pretende que se le aplice un recorte de 25 mil millones de pesos para la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2024. Sin embargo, bajo la coyuntura de que el año próximo será año electoral (con más de 20 mil puestos de elección popular en juego, incluida la Presidencia de la República), la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, con sobrada razón levantó la voz ante esta nueva intentona por acotar y sofocar presupuestariamente, con el objetivo de someterlos y anularlos, a los tres órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo de la Judicatura Federal (CSJ) y, por supuesto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en total aglutina a más de 55 mil 800 funcionarios públicos (8 de cada 10 se dedican a labores jurisdiccionales) que al año atienden y resuelven la friolera de 1.8 millones asuntos. En pocas palabras, la 4T insiste en aplicarle la “austeridad republicana” y la “pobreza franciscana” a todos aquellos que se rigen bajo el Estado de Derecho y que se resisten a someterse a los caprichos y ocurrencias del Primer Mandatario quien, dicho sea de paso, no quita el dedo del renglón en impulsar una reforma al artículo 96 de la Constitución para que los ministros de la Corte sean elegidos por voto ciudadano.
RECURSOS NECESARIOS.- De acuerdo a un mensaje que compartió ayer lunes la ministra presidenta Piña Hernández, el Poder Judicial de la Federación le presentó al Poder Ejecutivo Federal, tal como viene facultado en nuestra Constitución, la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, la cual prevé un aumento del 4% con relación al presupuesto del año anterior y que se fundamenta principalmente en las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estos recursos solicitados, explicó la Ministra Presidenta de la Corte, representan el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Y bajo este contexto, bien vale la pena subrayar que el Poder Judicial ha sido severamente castigado en cuanto su participación en el Presupuesto de Egresos de la Federación en comparación con otros entes públicos: En el periodo de 2018 a 2023 los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial de la Federación disminuyeron 15.4% por ciento en términos reales, lo cual no fue impedimento para que la Judicatura trabajara por garantizar la impartición de justicia y la implementación de diversas reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión. Además, parte de estos recursos habrán de destinarse al Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), un órgano que representa jurídica y gratuitamente a mexicanos en condiciones de vulnerabilidad. La demanda ciudadana de defensores y asesores del IFDP está creciendo a un ritmo del 20% anual, por lo que urge fortaler las atribuciones de este instituto.
APALANCAR PROYECTOS.- En total, el Poder Judicial de la Federación requiere de un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos para operar atingente y eficientemente en el 2024. Además, de esta cantidad saldrá para instalar 6 nuevos Centros de Justicia Penal que se sumarían a los 42 ya existentes; también para crear 22 Tribunales Laborales en distintas sedes del país; para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; para impulsar la creación del Instituto Federal de Justicia Alternativa; para elaborar el modelo de gestión para la mejora del desempeño de sus unidades administrativas y, por último para diseñar y desplegar la reingeniería del modelo administrativo. Y todo esto, señor Presidente López, al igual que el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, requiere de una inversión de mucho, muchísimo dinero.
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