*Escrito por Wendy Rayón Garay .
18.02.2025/CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- A pesar de que el aborto está despenalizado en Veracruz y Oaxaca, las mujeres que habitan estos estados siguen enfrentando barreras que les impide ejercer la interrupción legal del embarazo (ILE) gracias a su criminalización, estigmatización y la violencia contra las mujeres. Por ello, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos crearon la campaña informativa «El aborto seguro es tu derecho».
Marea Verde Xalapa, Marea Verde Totonacapan, Marea Verde Altas Montañas, Marea Verde Veracruz-Boca del Río, Consorcio Oaxaca,
Mujeres Siempreviva Oaxaca, Fundación Marie Stopes México, y Católicas por el Derecho a Decidir México buscan impulsar una campaña informativa para ayudar a las mujeres de municipios de Veracruz y Oaxaca ante las limitaciones que tienen para acceder al aborto.
«El aborto seguro es tu derecho» se realizará a través de anuncios en autobuses de ruta en municipios de Veracruz y Oaxaca con información sobre servicios de orientación y apoyo, así como fortalecer el mensaje sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo.
En México, ya son 20 las entidades federativas donde el aborto esta despenalizado. Además, recordemos que, en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó la inconstitucionalidad de criminalizarlo a nivel federal. A partir de ese momento, depende de cada estado su regulación establecida en los Códigos Penales bajo ciertas situaciones o condiciones en el que se realice la ILE.
Garantizar el acceso seguro al aborto es una medida de salud pública fundamental para las mujeres, ya que garantiza su autonomía y dignidad. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos reportaron que persisten desafíos en Veracruz y Oaxaca, dos entidades donde ya está despenalizado.
Veracruz
En julio de 2021, Veracruz logró la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero el límite gestacional es rígido y trae consigo prácticas punitivistas. Después de la despenalización, el Poder Judicial proporcionó a Cimacnoticias información en la que se identificaron 11 procesos, de los cuales cinco son por el delito de aborto, cuatro por homicidio calificado agravado y dos por homicidio calificado.
La criminalización del aborto en Veracruz ha ocasionado que, en su mayoría, las instituciones de salud no sigan métodos y protocolos correctos; halla desabasto de medicamentos abortivos; se haga revictimización y falta de empatía en el trato médico; y exista desinformación sobre la ruta de acceso a un aborto.
En casos particulares como en la región de las Altas Montañas, el servicio está centralizado en el Hospital Regional de Rio Blanco. También hay reportes que en instituciones como el IMSS e ISSSTE niegan el acceso al aborto. En los 212 municipios de Veracruz, solo hay 7 unidades a las que una mujer puede acudir para un procedimiento seguro y gratuito.
De acuerdo con las organizaciones, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos, en más del 95% de los casos atentados por ellas, las personas usuarias prefieren optar por la autogestión del aborto en casa con medicamentos antes de acudir a clínicas y hospitales.
Esto se debe a experiencias previas de discriminación, maltrato, revictimización o estigmatización, y falta de sensibilización de los derechos sexuales y reproductivos por parte del personal médico, generando un entorno poco seguro y hostil. Además, temen que sus decisiones sean juzgadas o vulneradas en espacios institucionales.
Las barreras lingüísticas y culturales también juegan un papel importante en el rechazo, sobre todo en comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto dificulta la obtención de información vital para las mujeres.
Por lo que, organizaciones, colectivas feministas y defensoras de derechos humanos exigen
- El acceso a medicamentos en centros de salud de las regiones norte, centro y sur del estado;
- Atención sin revictimización que decidan abortar en el sistema INSS Bienestar;
- La derogación del 2o párrafo del artículo 4o de la Constitución local donde se sostiene que “el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde su concepción hasta la muerte natural”;
- y el cumplimiento de una política integral en salud sexual y reproductiva.
Oaxaca
Este estado se convirtió en la segunda entidad en despenalizar el aborto a nivel federal en 2019. Además de que las mujeres pueden acceder al aborto hasta la doceava semana de gestación; el Congreso de Oaxaca derrocó todo artículo que criminaliza la interrupción legal del embarazo (ILE).
Pese a ese avance, en la práctica Oaxaca sigue enfrentando dificultades en el ámbito operativo para que el acceso al derecho a decidir sea una realidad. Entre los principales problemas se encuentran la falta de información adecuada, insuficiencia de medicamentos necesarios o que los plazos para realizarlo no alcanzan en relación a las distancias geográficas de las unidades de salud.
Tampoco hay transparencia de la información pública relacionada con presupuestos asignados al componente de aborto seguro y a los servicios de interrupción del embarazo. En cambio, se han reportado tratos denigrantes y prejuicios, falta de empatía y conocimientos del personal de salud, carencia de suministros y medicamentos para llevar a cabo un proceso seguro y legal. Este panorama puede poner en riesgo la vida de las mujeres y personas con capacidad gestante.
Por otro lado, reportaron que el proceso de federalización del IMSS Bienestar en Oaxaca ha generado falta de claridad en la operación de servicios a favor de la salud y que hay una falta el cumplimiento de la aplicación de ILE en unidades médicas del ISSSTE de todo el país, después de que se diera a conocer el decreto que garantiza este derecho, el cual entró en vigor el 24 de enero de 2025.
Organizaciones, colectivas feministas y personas defensoras de derechos humanos señalaron la necesidad de eliminar el delito de aborto en los códigos penales, pues permea un ambiente de criminalización, estigmatización y violencia contra las mujeres; así como:
- Disponibilidad de medicamentos y presupuesto etiquetado;
- Políticas públicas integrales;
- Coordinación entre instituciones de salud y protocolos claros;
- Justicia en el acceso al aborto;
- Condiciones de atención dignas;
- y personal capacitado y sensibilizado.
«Quienes enfrentan un embarazo no deseado requieren apoyo, orientación y acceso a servicios de salud seguros, sin temor a represalias legales ni juicios morales»<
