*NEMESIS
/ Fernando Meraz Mejorado /
Esta semana el gobierno de Washington solicitó nuevamente a México la aprehensión del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con fines de extradicion a Estados Unidos. A partir de esto la situación legal del polémico político cambió radicalmente.
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Rocha Moya había solicitado licencia como gobernador de Sinaloa tras enfrentar una acusación formal del gobierno de Estados Unidos, que lo vincula con el narcotráfico, específicamente con el trasiego de drogas y delitos con armas con “Los Chapitos”.
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Un gran jurado de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York emitió la solicitud de detención con fines de extradición en su contra.
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A pesar de las acusaciones de EE. UU. el gobierno de México otorgó protección oficial al gobernador con licencia, medida que fue calificada por el gobierno federal como “análisis de riesgo tras su separación del cargo y violencia en el estado”. afirmando que no hay indicios de esos delitos en México por el momento. Sin embargo la Presidencia de la República tiene escasa credibilidad en medios de comunicación debido al elevado número de versiones falsas y datos sin comprobar que ha emitido desde que asumió el cargo.
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Esta mañana Sheinbaum aseguró que Rocha Moya permanece en Sinaloa en medio de investigaciones y el debate sobre su gobierno.
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El Partido Acción Nacional (PAN) pidió además juicio político contra Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El PAN, dijo su dirigente, Jorge Romero, también solicitó la desaparición de poderes en Sinaloa y anunció que acudirá a la Corte Penal Internacional para denunciar delitos de lesa humanidad.
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El dirigente panista explicó que el próximo 18 de mayo propondrá la desaparición de poderes en Sinaloa.
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El PAN también acudirá a la Corte Penal Internacional para denunciar al gobierno de Sheimbaum por delitos de lesa humanidad.
El PAN argumenta que “existen pruebas suficientes para demostrar la relación de Rocha Moya con el crimen organizado” y que es necesario tomar medidas para evitar la impunidad.
Rocha Moya es investigado por la protección de su gobierno a una presunta red de corrupción, asignación de contratos a empresas fantasma y familiares, en la asignación de obra pública, punto que es severamente sancionado por la ley.
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Además, se han reactivado investigaciones sobre una supuesta “narcoelección” en 2021 y el asesinato del ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.
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Organizaciones civiles señalaron que Rocha Moya presentó una iniciativa de ley para evitar que su gestión sea revisada y limitar el acceso a la información sobre el ejercicio de su gobierno. Exactamente como hizo Amlo en un esfuerzo para evitar sanciones y molestas investigaciones.
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Rocha Moya ha negado las acusaciones en su contra y se ha declarado inocente
