Xalapa, Veracruz., 27 de Noviembre de 2020.- A fin de evitar los cobros abusivos y excesivos en el servicio de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, la diputada por MORENA, Florencia Martínez Rivera, propuso reformar diversas disposiciones de la Ley 561 de Tránsito y Seguridad Vial, para posibilitar la creación de un Reglamento de Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículo, que ponga fin a los altos costos de este servicio.
“Es muy recurrente que las personas que son afectadas por los concesionarios, manifiesten su inconformidad y acudan a interponer quejas ante la PROFECO, con regidores, alcaldes y hasta diputados, para intervenir contra los prestadores del servicio, sin éxito alguno, pues no hay reglamento o instrumento jurídico idóneo”, justificó su propuesta durante la Tercera Sesión Ordinaria.
Igualmente, la legisladora señaló que es constante ver notas, publicaciones en redes sociales y hasta reportajes que manifiestan el sentir e impotencia de las y los usuarios ante los abusos y cobros exorbitantes de los dueños de grúas y corralones.
Por tal motivo, la representante popular propone que se reforme la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, a fin de que se faculte al Poder Ejecutivo la expedición del Reglamente referido, con el objetivo de que este servicio sea minuciosamente regulado y se brinde certeza jurídica a la ciudadanía.
De igual manera, otra de las finalidades es que las personas físicas o morales autorizadas para prestar el servicio, tengan un llamado de manera equitativa por las autoridades, a fin de que exista consenso entre todos los concesionarios y, en caso de que algún concesionario otorgue el servicio sin haber sido programado sea castigado con suspensión de 30 días naturales hasta la definitiva, de llegar a reincidir.
Finalmente, se busca que, cuando un vehículo, particular o de transporte público, permanezca por más de 6 meses en un corralón se pueda tramitar la causa de baja administrativa para no ocasionar un menoscabo en la recaudación de derechos vehiculares y también, se plantea que los concesionarios deberán respetar las tarifas establecidas para la prestación de sus servicios.
Esta Iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad.