“Contravienen estándares nacionales e internacionales”, además de que impactan “negativamente en el ejercicio de diversos derechos humanos”-.
/Walter Ramírez Aguilar ./
Xalapa, Veracruz.- 26 marzo 2021.- Con el propósito de establecer y explorar acuerdos preliminares que permitan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), iniciar una Acción de inconstitucionalidad que permita expulsar del orden jurídico los recién reformados delitos de Ultrajes a la Autoridad y los delitos contra las Instituciones de Seguridad Pública, contenidos en los Artículos 331 y 371 Quinquies, respectivamente, del Código Penal del Estado de Veracruz, este viernes 26 de marzo, la titular de ese órgano autónomo, Namiko Matzumoto Benítez, sostendrá una reunión con una representación de integrantes de Organismos de la Sociedad Civil estatales y nacionales, académicos y otros profesionales a las 12 horas.
De acuerdo con un pronunciamiento que fue presentado este día en una conferencia de prensa virtual por distintas representantes de esas organizaciones ciudadanas, la decisión de derogar las reformas aprobadas el pasado 11 de marzo por los diputados integrantes de la LXV Legislatura local y que fuera publicada en la Gaceta Oficial del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez el día 12 del mes en curso, se deriva de que dichas reformas “contravienen estándares nacionales e internacionales”, además de que impactan “negativamente en el ejercicio de diversos derechos humanos” y propician “la criminalización de la protesta social, el disenso y el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
Durante la rueda de prensa que se realizó la mañana de este jueves 25 de marzo, las abogadas Itzia Miravete y Sidney Marcos, establecieron que con las modificaciones que se realizaron en la propuesta legal que presentó el propio titular del Poder Ejecutivo de Veracruz y que aprobaron los legisladores de MORENA, PRI, VERDE, MC, PES, PT Y PRD, “se abre una brecha de discrecionalidad y se pone en riesgo a la ciudadanía ya que se permite un gran margen de interpretación jurídica que lo único que ocasiona es una grave inseguridad procesal”.
Ambas especialistas, consideraron también que esas modificaciones legales ponen en condiciones de igual tratamiento a la delincuencia organizada y a la delincuencia convencional, señalando por lo tanto, que es preocupante el desconocimiento del derecho penal, Constitucional y de la política criminal.
Tras referir que la reforma ha sido ampliamente analizada por académicas y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, explicaron que su redacción es “vaga e imprecisa”, y evidencia una pobre técnica legislativa, ya que criminaliza “conductas que bien podrían concurrir en otros tipos penales existentes, ocasionando una interpretación indebida y arbitraria tanto por los operadores de una investigación como por las autoridades judiciales”.
Y es por todo lo anterior, que esas organizaciones civiles se reunirán con la presidenta de la CEDH de Veracruz, para que con base en sus atribuciones constitucionales, promueva una acción de inconstitucionalidad en tiempo y forma, para restaurar la inconstitucionalidad y la violación a los derechos humanos que propicia la norma penal en cuestión.
Finalmente, explicaron que a partir de que la reforma penal fue publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de Veracruz, se tiene un plazo de 30 días naturales para proceder jurídicamente, ya que de no hacerlo se perdería la oportunidad de actuar ahora y no dejar pasar más tiempo valioso que pone en un grave riesgo a la sociedad y fundamentalmente a quienes, a través de la protesta social y la libertad de expresión, confrontan y disienten de las acciones que en contra y desde su punto de vista comete el gobierno y sus instituciones.
Fuente Noticoas Desde Veracruz
