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03.10.2026. Ciudad de México.– La exigencia de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, intervenga y se investigue a un grupo señalado por actos de violencia política y agresiones contra periodistas tomó fuerza después de la destrucción de la estatua del expresidente Felipe Calderón en el Complejo Cultural Los Pinos.
El reclamo cobra especial relevancia luego de que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se deslindara públicamente de quienes participaron en la destrucción de la escultura y negara que los responsables pertenezcan a su organización.
El deslinde fue contundente. En un posicionamiento difundido por el sindicato, encabezado por Martín Esparza, se afirmó que las personas involucradas eran ajenas a la organización y se utilizó la expresión “Del decapitado no sabemos nada” para marcar distancia respecto de los hechos.
La precisión es relevante porque, inicialmente, diversas informaciones identificaron a los participantes como integrantes del SME o extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, el propio sindicato rechazó posteriormente cualquier responsabilidad institucional en la destrucción de la estatua.
A partir de ese deslinde, el señalamiento se trasladó hacia un grupo que opositores y críticos del gobierno de Morena identifican como parte de estructuras de choque vinculadas políticamente con el oficialismo. Esa relación, sin embargo, deberá ser acreditada mediante una investigación y no solamente mediante señalamientos políticos.
El grupo que usualmente opera en el zócalo ingresó al Complejo Cultural Los Pinos después de una protesta contra Calderón y golpeó la escultura de bronce hasta desprenderle la cabeza. La pieza ya se encontraba en el suelo desde 2025, luego de que un árbol la derribara, pero eso no elimina la responsabilidad que pudiera derivarse de los daños posteriores ocasionados deliberadamente.
La administración del recinto informó que inició los procedimientos jurídicos correspondientes para poner los hechos en conocimiento de las autoridades ministeriales. La investigación deberá establecer quiénes participaron directamente, quiénes organizaron o coordinaron la acción y si existieron responsables adicionales.
El caso adquiere otra dimensión por los señalamientos sobre agresiones constantes a periodistas. Quienes demandan la intervención de Brugada sostienen que no se trata únicamente del daño causado a una escultura, sino de determinar si existe un grupo organizado que participa recurrentemente en actos de intimidación, confrontación o violencia contra personas que ejercen el periodismo o expresan posiciones políticas distintas.
En ese contexto, la petición a la jefa de Gobierno es que no exista tolerancia selectiva frente a la violencia política y que cualquier persona que agreda a periodistas, ciudadanos o adversarios políticos sea investigada sin importar la organización con la que simpatice.
La libertad de manifestación protege la protesta y la expresión de inconformidad, pero no convierte en lícitos los actos de violencia ni la destrucción deliberada de bienes. La propia presidenta Claudia Sheinbaum condenó la destrucción de la estatua y sostuvo que la violencia no debe justificarse, aun cuando exista un conflicto previo entre los manifestantes y Calderón por la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El marco jurídico también establece consecuencias específicas. El artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que quien dañe, altere o destruya por cualquier medio un monumento arqueológico, artístico o histórico puede recibir una pena de tres a diez años de prisión y una multa de hasta por el valor del daño causado.
Además, el Código Penal para el Distrito Federal contempla el delito de daño a la propiedad. Su artículo 239 establece diferentes sanciones de acuerdo con el monto del daño, que pueden llegar hasta tres a siete años de prisión cuando el valor de los daños supera determinado umbral, además de las multas correspondientes.
Por ello, la exigencia de investigar no implica únicamente determinar quién golpeó la estatua. También corresponde establecer el valor de los daños, identificar a los responsables materiales y determinar si existen responsabilidades de quienes hayan organizado, alentado o coordinado los hechos, conforme a las pruebas que reúna el Ministerio Público.
La destrucción de la escultura ocurrió después de una protesta frente al hotel donde se desarrollaba el Foro América Libre, encuentro en el que participó Calderón. Los manifestantes cuestionaban al expresidente por la extinción de Luz y Fuerza del Centro decretada en 2009, decisión que dejó sin empleo a decenas de miles de trabajadores.
Ese antecedente explica el origen de la protesta, pero no determina por sí mismo quiénes fueron los responsables de la posterior destrucción de la estatua. De ahí la importancia del deslinde realizado por el SME y de que las autoridades no atribuyan los hechos a una organización sin contar con elementos que permitan acreditarlo.
El episodio también volvió a colocar sobre la mesa la discusión sobre los límites de la protesta política en la Ciudad de México. La inconformidad contra un expresidente, un partido o un gobierno puede expresarse públicamente; las agresiones contra personas, periodistas o bienes, en cambio, pueden generar responsabilidades administrativas o penales.
Para quienes piden la intervención de Clara Brugada, el punto central es que la autoridad capitalina investigue al grupo señalado por estos actos y, particularmente, cualquier agresión contra periodistas que pueda estar relacionada con sus integrantes. La exigencia es que la filiación política no se convierta en un factor de protección o impunidad.
La investigación tendrá que determinar también si existe realmente una estructura organizada detrás de quienes participaron en Los Pinos y si esa estructura mantiene vínculos con Morena. Hasta ahora, esa acusación forma parte del debate político y de los señalamientos de sus críticos; para convertirla en una conclusión jurídica se requieren pruebas y una investigación formal.
Mientras tanto, el caso de la estatua de Calderón dejó de ser únicamente una confrontación simbólica con el expresidente. El deslinde del SME obliga a precisar quiénes fueron los responsables y abre la discusión sobre la actuación de grupos que, de acuerdo con sus críticos, son utilizados para confrontar o intimidar a adversarios y periodistas.
La petición a Brugada es, en ese sentido, que la autoridad capitalina investigue los hechos, determine responsabilidades y garantice que el ejercicio de la protesta política no sea utilizado como cobertura para actos de violencia o ataques contra quienes ejercen la libertad de expresión y el periodismo.