LINOTIPIA
/ Peniley Ramírez /
En 2014, México estableció un Fondo Minero. Buscaba que las empresas mineras pagaran un 7.5% de sus ganancias netas, después de sus gastos, para construir calles, parques y mejorar la vida de las zonas mineras. Cinco años más tarde, las reglas cambiaron. El gobierno obradorista, con el argumento de que la administración del Fondo era corrupta, determinó que el dinero ya no iría a los estados y los municipios. La Suprema Corte confirmó la decisión.
Desde entonces, la pobreza alrededor de las minas en México se agravó. Coahuila ha sido uno de los estados más afectados. Allí, han proliferado pequeñas minas de carbón, conocidas como pocitos, y cuyas condiciones de seguridad son ínfimas. Varios informes de la Secretaría de Economía y el Servicio Geológico Mexicano lo confirman. No hay personal para inspecciones y a los que quedan les han quitado las computadoras. No hay bitácoras ni revisiones, me dijo Jaime Martínez Veloz, ex Comisionado Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas y unas de las personas que más impulsó la creación del Fondo Minero.
En Coahuila hay solo un puñado de inspectores con dos camionetas y casi no tienen presupuesto para gasolina. En las minas existe cada vez más descontrol, me dijeron habitantes de la zona. En 2013, la organización Familia Pasta de Conchos fue reconocida por la Secretaría del Trabajo como coadyuvante para la búsqueda, vigilancia e inspección de minas de carbón. Los deudos de los 65 mineros que murieron en 2006 en Pasta de Conchos alertaban a las autoridades cuando había minas, o pocitos, trabajando en condiciones preocupantes, y la defensora de derechos humanos de la organización podía acompañar las inspecciones. Ahora, en el gobierno obradorista, se dejaron de hacer los recorridos de búsqueda y prevención de operaciones de alto riesgo.
En casi toda la región, los trabajadores operan en condiciones mínimas de seguridad y con muy poco equipo. Tras el cierre de varias de las operaciones de Altos Hornos de México en la zona, una buena parte del carbón que compra allí la Comisión Federal de Electricidad (CFE) proviene de estas pequeñas minas. La nueva operación se concentra en pocitos en la periferia de minas ya exploradas, muy rudimentarias.
Esta semana, los temores de quienes han seguido esta historia se confirmaron cuando 10 mineros quedaron atrapados en la mina artesanal El Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Pude hablar con habitantes de la zona y personas que coordinan las tareas de rescate. Me contaron cómo sucedió el accidente.
Los trabajadores estaban sacando el carbón casi a ciegas, en tres pozos conectados por un cañón subterráneo. Mientras trabajaban, rompieron por accidente una pared interna que conectaba la galería subterránea con una mina muy grande, contigua al pocito, que llevaba cerrada unos 40 años. Entre la mina antigua y el nuevo pocito había un desnivel. Los trabajadores no sabían que la mina clausurada estaba llena de agua. Cuando ocurrió la perforación, un aluvión de agua, lodo y piedras bajó por el desnivel hasta la galería subterránea. Cinco de los mineros lograron escapar, trepando por unas mangueras conectadas a dos pozos que llegaban a la galería. Los rescatistas intentan desfogar el agua para rescatar a los que quedan, o al menos sacar sus cuerpos, si no los encuentran con vida.
Pero las condiciones peligrosas en esa mina no son una novedad para el gobierno. Obtuve una copia de un informe que el Servicio Geológico y la desaparecida subsecretaría de Economía elaboró en 2020, para la CFE. El documento contiene los datos de 125 empresas mineras que son contratistas para la CFE. Entre ellas estaba la compañía Catamco, cuyos dueños eran los operadores de El Pinabete. Según el informe, la mina no tenía Manifestación de Impacto Ambiental, ni inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En esta mina y otras tres, asociadas con los mismos dueños, el informe señala que tenían antecedentes de pésimas condiciones de seguridad.
A pesar de las advertencias, la CFE otorgó contratos por más de 70 millones de pesos a la empresa en los últimos dos años, según publicaron mis colegas de El Coahuilense y confirmé en registros públicos. En las próximas horas tendremos más noticias sobre el rescate. Ya veremos cuándo informa el gobierno federal acerca de cómo piensan asegurarse de que esto no suceda en otra mina, en cualquier otro día.
