*El problema se ha incrementado por la enorme distribución por medio de plataformas digitales, destaca la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes
México. 26 febrero 2021.- La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes presentó una iniciativa para incrementar las sanciones por los delitos relacionados con la pornografía infantil y fortalecer el marco legal para desmantelar las redes criminales que operan con la explotación sistemática de niñas, niños y adolescentes.
Del Grupo Parlamentario de Morena, la legisladora advirtió que la pornografía infantil es un problema que se ha incrementado por la enorme infraestructura de distribución y consumo que se han generado las plataformas digitales.
Las ganancias de este negocio en México, fruto de la delincuencia organizada y de la explotación de menores, advirtió Covarrubias Cervantes, rondan los 34 mil millones de pesos anuales.
En este contexto, propuso reformar el Código Penal Federal para que estos ilícitos no prescriban, a fin de permitir que la Fiscalía General de la República pueda perseguir estos crímenes sin limitación del tiempo y atender las denuncias de víctimas, que en múltiples ocasiones son presentadas años después.
Con el fin de combatir las redes de producción y distribución de pornografía infantil, la senadora planteó agregar el término “Por sí o por interpósita persona” para castigar no solamente a los que realizan las tareas, sino a sus superiores o a quienes obtienen otro tipo de beneficios a partir de la explotación y el abuso de los menores.
También sugirió incluir a los medios de distribución penados los “documentos impresos” y “las plataformas digitales o semejantes”, con el propósito de sancionar la distribución de contenidos de pornografía infantil, a través de redes sociales o Internet.
Para el combate de las redes de producción y distribución de pornografía infantil, la senadora consideró indispensable incorporar una agravante que tipifica claramente las conductas realizadas por estas organizaciones delictivas.
Así, Covarrubias Cervantes propuso un castigo de 16 a 29 años prisión a quienes organicen o patrocinen con recursos económicos o de cualquier índole o que obtengan beneficios económicos producto de las actividades relacionadas con este ilícito.
Además, a fin de penar la distribución del contenido de pornografía infantil planteó añadir varios supuestos: el de ofertar, comercializar y transportar este tipo de materiales. Para estas conductas, la legisladora propuso de 11 a 19 años de prisión.
Establecer un castigo proporcional al daño causado a las víctimas es el deber del Estado mexicano y nuestro compromiso como legisladores, acotó la senadora.
