May-ek Querales Mendoza/GIASF*
El lunes 17 de abril de 2023 inauguró la semana con la noticia de que se había perdido contacto con Cecilia Flores Armenta, representante y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Aunque conforme avanzó la mañana se notificó que la buscadora ya había sido localizada y se encontraba con su familia, sana y salva, este evento condensa muchas de las facetas de la violencia que atraviesa la vida cotidiana del país desde 2006: personas desaparecidas, derecho a la búsqueda no garantizado, personas en situación de desplazamiento e ineficacia institucional.
Cecilia Flores busca a dos de sus hijos (desaparecidos en 2015 y 2019, respectivamente) quienes forman parte de las 112 mil 102 personas registradas como desaparecidas en México hasta el 30 de abril de 2023 (RNPDNO). Cecilia, como miles de madres en el país, ante la falta de diligencias institucionales dirigidas a localizar a sus hijas e hijos, se ha visto obligada a convertirse en buscadora ciudadana.
Tal como las propias buscadoras la definen, la búsqueda ciudadana se conforma por el “conjunto de acciones no gubernamentales y no institucionales que se realizan con el objetivo de obtener información, indicios y elementos que propicien la ubicación de sitios donde se localicen personas desaparecidas, realizado por activistas y familias de las víctimas, de manera independiente y con técnicas, metodología y recursos propios” (Guía ciudadana para la búsqueda de personas desaparecidas en Tamaulipas). Esto implica ingresar, muchas veces sin condiciones de seguridad, a territorios disputados entre grupos del crimen organizado, aprender técnicas de prospección, miles de horas de trabajo bajo sol inclemente, voluntad férrea para convencer a cientos de servidores públicos de cumplir con sus obligaciones, habilidades de negociación para construir alianzas con otros colectivos y funcionarios, desarrollar la capacidad analítica para comprender los patrones de desaparición en los territorios en los que realizan búsqueda y autogestión para la adquisición de herramientas y de transporte útiles para la búsqueda en campo.
Ayer, en México se celebró el día de las madres: es importante recordar que las instituciones de impartición de justicia, búsqueda y atención a las víctimas, han fallado en proteger y garantizar la maternidad de las miles de mujeres que ahora recorren las calles y los campos buscando a sus hijxs. Estas mujeres llevan consigo, en espera, las caricias, bendiciones y conversaciones cotidianas con sus crías, pendientes desde el último día en que les vieron, habitando la maternidad desde la ausencia, ¿se les podría causar un daño mayor? Resulta que sí.
Las actividades de búsqueda ciudadana colocan en riesgo de muerte a las personas buscadoras, pues muchos de sus recorridos son realizados en zonas de conflicto y desde 2010, por lo menos nueve madres dedicadas a la búsqueda de sus hijxs han sido asesinadas: Marisela Escobedo Ortiz; Sandra Luz Hernández; Miriam Rodríguez; María Carmela Vázquez; María del Rosario Zavala Aguilar; Blanca Esmeralda Gallardo; Rosario Lilián Rodríguez Barraza y Ana Luisa Garduño. Lamentablemente, el pasado 2 de mayo de 2023 el nombre de otra madre ingresó a esta ominosa lista: Teresa Magueyal.
La desaparición de unx o más seres queridxs ha fracturado el miedo y ha llevado a miles de mujeres a las calles para tomar el liderazgo en los procesos de búsqueda, trastocando representaciones sobre la femineidad y la forma autorizada para hacernos presentes en la esfera pública. Los asesinatos de madres buscadoras se articulan a una economía política del miedo que, mediante la circulación de discursos de terror, pretende que las mujeres permanezcamos en silencio y en nuestras casas. Cuando las asesinan, su figura ingresa en un sistema de comunicación cuyo objetivo es enviar un mensaje aleccionador a las otras personas que realizan búsqueda ciudadana. No son eventos aislados ni carentes de sentido, cada asesinato se inscribe en un relato que castiga el principal producto de la búsqueda: la reconstrucción del lazo social en un contexto atravesado por el terror.
La crisis en materia de derechos humanos en la que el país está inmerso, pretende ser atendida desde una óptica jurídica, individualizando el agravio para comprender sus características y brindar atención focalizada. Es decir, leemos de manera aislada prácticas que en la realidad se presentan entretejidas dentro de un proceso amplio.
Pensemos que en muchos territorios la desaparición de personas suele articularse en dinámicas de despojo; como resultado de ello, para salvaguardar la vida, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y sus tierras de labor. A esa movilidad forzada, a la obligación de tener que dejar tu hogar y huir a otros territorios dentro de las fronteras de tu país, se le conoce como Desplazamiento Interno Forzado (DIF) y muchas personas buscadoras, entre ellas Cecilia Flores, han sido orilladas a ingresar también a esta condición debido a las amenazas que reciben por las actividades de búsqueda que realizan. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hasta diciembre de 2021 en México cerca de 379 mil 322 personas viven en condición de Desplazamiento Interno Forzado y, entre ellas, se encuentran muchas personas buscadoras. A pesar de las cifras y de la movilización de personas desplazadas para lograr atención integral a su situación, sólo tres estados (Chiapas, Guerrero y Sinaloa) cuentan con una Ley estatal en la materia y, aunque en septiembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó la creación de la nueva Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, hasta el 30 de abril de 2023 ésta no había sido discutida ni aprobada por el Senado de la República.
De esta forma, las amenazas y ataques contra las personas buscadoras refuerzan las dinámicas de terror que prevalecen en distintos territorios del país. Varias buscadoras se han visto obligadas a solicitar que se les asignen medidas de resguardo a través el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, dichas medidas son insuficientes, ya sea porque la tecnología de algunos de sus instrumentos es obsoleta o porque pierden conectividad en algunos puntos del territorio. En los primeros cuatro meses del año, a pesar de ser beneficiarias del Mecanismo de Protección, Araceli Rodríguez y Cecilia Flores (dos madres buscadoras) han atravesado situaciones de riesgo, pero ellas se mantienen en pie de lucha y dispuestas a mantener la búsqueda.
Frente a este panorama, en el marco de la celebración del día de las madres, hay una pregunta que se dirige a nosotrxs: ¿podemos arropar a las madres buscadoras? Contribuyamos a la búsqueda de sus hijxs porque ¡Lxs desaparecidxs nos faltan a todxs!
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*May-ek Querales Mendoza es Doctora en Antropología, profesora de asignatura en la FCPyS-UNAM. Coordinadora del Programa de formación del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF).
El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas (Ver más: http://www.giasf.org)
La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.
