**Zurda .
/ Ruth Zavaleta Salgado /
Someter, quebrar, subyugar, domar y doblegar al Poder Judicial, en especial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por la ministra Norma Piña, son las verdaderas motivaciones de la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), presentada por el diputado Ignacio Mier en la Cámara de Diputados en septiembre pasado
La iniciativa que, extrañamente, fue dictaminada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encabeza por el morenista Erasmo González Robledo (en lugar de haberlo hecho la Comisión de Justicia, presidida por el panista Felipe Macías Olvera) tiene como objetivo establecer que, dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), no existan otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la LOPJF.
Sobre los motivos que expuso el diputado para presentar la iniciativa se encuentran, en primer lugar, “el descontento social” producido por los privilegios que gozan las y los ministros. Los datos no son del Inegi o de alguna encuestadora de Morena, sino de lo que el diputado Mier percibió en las redes sociales y los medios de comunicación. Un segundo elemento motivador “denunciado por la opinión pública y tomado en consideración”, fue la existencia de 14 fideicomisos en el PJF (cinco, en la SCJN; seis, en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y dos en el Tribunal Electoral), cuya suma de fondos resulta en la cantidad de 20 mil 149 millones de pesos y sus recursos (a decir del diputado) se utilizan principalmente para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados durante toda la vida.
Para mayor precisión, el ponente aclara que sólo uno de esos 14 fideicomisos: el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el CJF, encuentra sustento en disposiciones específicas de la LOPJF, por tal razón, los recursos que se encuentran en los 13 fideicomisos que se propone desaparecer, serían reintegrados a la Federación.
Si no fuera porque es de conocimiento público el asedio presidencial en contra del Poder Judicial, podrían creerse que las motivaciones del diputado Mier y los partidos aliados que votaron a favor del dictamen, son de buena intención, sin embargo, queda claro que, desde que la ministra Norma Piña asumió la presidencia de la SCJN, el presidente López Obrador, recrudeció sus ataques contra las y los jueces, magistrados y ministros, por lo tanto, no son los privilegios económicos lo que les preocupa, sino la independencia con la que actúa el PJ y en especial la SCJN, en temas como el del INE, la no militarización y la despenalización del aborto, entre otros asuntos.
La iniciativa de reforma es, a todas luces, una intromisión contra la independencia del Poder Judicial, pero, sobre todo, es un intento de socavar la legitimidad de la ministra presidenta y las y los ministros de la SCJN. No obstante, lo que no midieron ni el titular del Poder Ejecutivo ni Morena y sus aliados es la posible respuesta de la comunidad afectada, es decir, de todas las personas que, directa o indirectamente serán afectadas con la desaparición de los fideicomisos.
Al respecto, la misma SCJN aclaró que seis de los fideicomisos están relacionados con derechos laborales de las y los trabajadores, por ejemplo, de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Otros fideicomisos están relacionados con la implementación de acciones derivadas de reformas constitucionales y legales, por ejemplo, en materia de procuración de justicia, laboral o de tratados internacionales como el T-MEC.
En ese contexto, es previsible que si la reforma es aprobada por el Congreso de la Unión (no se requiere mayoría calificada), por un lado, la oposición parlamentaria utilice los mecanismos legales para frenar la reforma, es decir, promuevan una acción de inconstitucionalidad y, por otra parte, todas las personas que serán afectadas también busquen ampararse y/o salgan a las calles a protestar en pro de sus derechos.
