*A Juicio de Amparo.
/ Maria Amparo Casar /
Es tal la destrucción institucional operada por la 4T que no alcanzan los espacios para documentarla. La máxima de al diablo con sus instituciones se ha cumplido al pie de la letra. Y como hay un partido hegemónico, también hay un responsable hegemónico de este desastre democrático que ha hecho que México se deslice con gran velocidad por el tobogán que lleva de la democracia al autoritarismo.
Como suele ser, la transición a la democracia se debió a la pluralidad de fuerzas en el Congreso y a la voluntad política del entonces partido hegemónico de no aferrarse por todos los medios -legales y no- a la permanencia. Como suele ser, también, el deslizamiento al autoritarismo es obra de otro partido hegemónico que llegó con disfraz democrático para sólo quitárselo en cuanto subió a escena.
No hay un solo indicador de democracia que, desde que llegó López Obrador al poder y hasta ahora con su sucesora, se haya mantenido o mejorado. En cada uno vamos perdiendo lugares: división de poderes, controles al ejercicio del poder, manejo del presupuesto, equidad en las elecciones, libertad de prensa, fortalecimiento de la sociedad, Estado de derecho, seguridad jurídica …
Toca ahora a la transparencia.
La opacidad no es propia únicamente del poder ejecutivo y la administración pública federal.
El título de esta columna es el mismo que lleva la investigación presentada ayer por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: “Las contrataciones públicas en la Cámara de Diputados y de Senadores de 2018 a 2024. Poder, Opacidad y Discrecionalidad”.
Se trata del poder concentrado que tienen unos pocos legisladores de decidir en qué se gasta el presupuesto del Poder Legislativo; de la opacidad que reina en el Congreso a la hora de reportar el uso de los recursos públicos y; de la discrecionalidad en el otorgamiento de contratos para adquisiciones, obras y servicios.
Los legisladores fueron los encargados de aprobar las reformas del derecho a la información y las leyes de transparencia, de crear su órgano garante y darle autonomía, de otorgarle las facultades y recursos suficientes para que operara. Sin embargo, los altos estándares que impusieron y exigieron a los otros poderes, dependencias y órganos del Estado, no se los aplicaron a sí mismos. En casa del herrero, azadón de palo.
Resalto tan sólo tres de los hallazgos del estudio. Primero, entre 2018 y 2024, el 55% o 39 mil contratos o el 31% del dinero destinado a contrataciones del legislativo, no fueron reportados en los sitios de transparencia de las cámaras. Segundo, la Cámara de Diputados entregó un promedio de 15 contratos diarios por un total de 6.8 millones de pesos, mientras que la Cámara de Senadores gastó 6.9 millones de pesos en 12 contratos cada día. Tercero, la adjudicación directa fue el mecanismo más utilizado para realizar estas compras: se usó en 81 de cada 100 contratos asignados por los diputados y en 90% de las contrataciones del Senado. En el caso de los contratos de publicidad este porcentaje fue del 100%.
Si las cámaras del Congreso estaban, como lo describe con toda precisión este estudio, en esta circunstancia aún con el INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ¿qué esperar ahora que ya no hay un órgano garante del derecho a la información? Pues suplirlo por el derecho de los gobernantes a la opacidad garantizada, la demolición del pilar que sostiene la rendición de cuentas y, por tanto, el campo libre al ejercicio discrecional de los recursos.
A partir de mañana 19 de junio entrará en vigor un nuevo modelo de transparencia. Se dispersarán las obligaciones que antes estaban en manos del INAI.
En el ejecutivo, en el congreso, en el poder judicial, en el INE, en la Fiscalía, en el Banco de México, en los partidos políticos, en los sindicatos, hasta en la UNAM, las oficinas de las contralorías u órganos de control interno de cada institución serán juez y parte de su propia opacidad. Serán los subordinados del titular de la dependencia los que ordenen qué información se pone a disposición del público y qué información prefieren resguardar. Si nos la niegan, en el caso de las dependencias del Ejecutivo, nos podemos inconformar ante una nueva entidad -también controlada por el gobierno como un órgano desconcentrado- que ahora se llama Transparencia para el Pueblo. En el resto de los casos, ante las propias dependencias y, solo para los que puedan pagarlo o asumir los costos, la vía de una demanda judicial.
Para que dimensionemos la pérdida. Durante el sexenio de López Obrador los mexicanos hacíamos, en promedio, 900 solicitudes de acceso a la información al día y promovíamos 52 recursos de inconformidad diarios porque el gobierno nos negaba, reservaba o escondía información pública. El retroceso fue tal que, comparado con el sexenio de Peña Nieto, entre 2018 y 2024 las solicitudes al INAI se incrementaron en 92%.
Son la posibilidad de ejercer nuestro derecho a saber cuánto costó Dos Bocas y cuántos litros refina, qué tanto destruyó la selva el Tren Maya y cuántos pasajeros transporta, a quién le dieron los contratos del AIFA y cuál fue su costo real, el desabasto de medicinas, el desvío de Segalmex o el monto del huachicoleo fiscal.
En el caso del Congreso, la transparencia nos permitiría saber cómo se gastaron los 37 mil millones de pesos que se le asignaron y para los que el equipo de MCCI publicó los datos.
Sin transparencia, a lo más que podemos aspirar es a quedarnos con lo que el gobierno quiera decirnos o con lo que el gobierno quiera hacernos creer. Por ejemplo, un sistema de salud como el de Dinamarca, la mejor democracia del planeta o el gobierno más transparente de la historia.
