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/Eduardo Sadot/
El caso de Venezuela trae de fondo la polémica internacional de justificar dictaduras y censurar la intervención de soberanías
“Ese es el gran dilema” como lo dijo Shakespeare “to be or not to be that is the questión” “ser o no ser ese es la cuestión” la gran pregunta o el gran problema.
Las dictaduras argumentan en su defensa que debe respetarse por el derecho internacional, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, así simple y llanamente suena bien, suena lógico, hasta suena justo. La doctrina Estrada de México, ha servido durante muchos años a defender la posición internacional que le ha dado autoridad y le dio autoridad por muchos años a la diplomacia mexicana. Sí debe respetarse la libre determinación de los pueblos.
Cada nación tiene el derecho a elegir su forma de gobierno. Hasta ahí es correcto y así debe de ser. Pero qué sucede cuando las instituciones de un país han sido infiltradas para pervertir sus resultados. Qué debe hacerse cuando un pueblo es secuestrado por una camarilla de delincuentes – incluyendo los electorales – para mantener el control y el gobierno de una nación, ahí ya no opera limpiamente la autodeterminación de los pueblos.
Esa parte es la que las dictaduras se brincan, tergiversan o manipulan convenientemente para justificar su permanencia. Para analizar el tema hay que diseccionar la problemática con bastante cuidado, si no quieren cometer errores o justificar acciones equivocadas.
Así precisemos dos temas fundamentales, una es la voluntad de un pueblo y otra es la voluntad secuestrada de un pueblo y es aquí donde se plantea “hasta dónde se justifica la intervención ajena a un país, incluida, su población y su gobierno”
Intentemos ilustrar con un ejemplo más doméstico, qué debe hacerse cuando en un hogar la legítima autoridad familiar de los padres y los derechos de los hijos se ve amenazada o atropellada por el abuso de un padre golpeador o una madre chantajista o cómplice en perjuicio de los derechos y hasta la integridad de los hijos y con ello de la familia. Acaso nadie tendría derecho a intervenir en auxilio de la familia porque se argumentaría el respeto a la seguridad, estabilidad y respeto a la voluntad de los miembros de una familia, o qué no se justifica la intervención de la autoridad ante los abusos de los padres o de quien vulnere la seguridad familiar.
El ejemplo, aunque pueril creemos que es ilustrativo para comprender el tema de las dictaduras en las naciones y la eventual intervención de otros países para garantizar la soberanía de los pueblos, pero para ello habríamos de explicar que debe entenderse por “soberanía” así “La soberanía es el poder supremo del Estado para gobernarse a sí mismo y decidir sobre su territorio y su población. Implica que no existe una autoridad superior dentro del país.
También supone independencia frente a otros Estados en el ámbito internacional. En las democracias modernas, la soberanía reside originalmente en el pueblo. Se ejerce conforme a la Constitución y al orden jurídico propio.
Pero qué sucede cuando un gobierno manipula, engaña, defrauda el voto popular para mantenerse en el poder como sucede en las dictaduras.
¿El resto de la humanidad debe mantenerse al margen? El resto de la comunidad internacional y de las personas, ¿deben permanecer silenciosas? viendo como se vulneran y atropellan los derechos humanos de otras personas. Mientras la humanidad y los organismos internacionales no tienen – porque además no se los permiten – mecanismos internacionales eficientes que permitan garantizar el pleno ejercicio de derechos como el de el libre sufragio, o libre determinación de los pueblos, las dictaduras seguirán “ad perpetuam” utilizando el pretexto para mantenerse en el poder y secuestrar a sus pueblos.
Pues no, nada justifica el poder de ninguna dictadura cuando, no solo da señales de manipular a su voluntad popular, sino que basta con que exista la sospecha de que un gobierno ha manipulado su elección para que con la sola sombra de sospecha, se permita la intervención de instancias éticamente autorizadas para calificar los procesos democráticos y pronunciarse ante las injusticias de cualquier dictadura. Así que, de ese modo, nada justifica que cualquier gobernante se erija como legitimo gobernante sin serlo y tampoco nada justifica a cualquier gobernante de otro país, con rasgos dictatoriales que se pronuncie en defensa de otro dictador. Sí es verdad que hay mucho que avanzar en el derecho internacional, pero también es verdad que la comunidad internacional – aún polarizada en intereses geopolíticos – se manifieste en un sentido o en otro pero siempre que se privilegien los derechos humanos. La falta de respeto de las instituciones electorales, en principio, justifican plenamente el pronunciamiento de gobierno extranjeros y en casos extremos hasta quizá la intervención de países extranjeros, pero con el cuidado y reservas de no desbordar la voracidad sobre el patrimonio de cualquier nación.
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