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10.06.2023. /Cimac.Noticias.com/ Benito Juárez, Cancún.- A dos años y medio del camino legal, las víctimas de la represión feminista del pasado 9 de noviembre de 2020 en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo, no han obtenido justicia. En este tiempo no se ha podido llegar a juicio, acusó el ‘9.11 Comité de Víctimas’, sumado a ello los policías señalados buscan la suspensión condicional del proceso que enfrentan.
En conferencia de prensa a las afueras del juzgado oral localizado en la avenida Nichupté, Cancún, Wendy Galarce, integrante del ‘9.11 Comité de Víctimas’, detalló que este 8 de junio, policías involucrados en la represión del 9N, buscaban que su proceso fuera suspendido.
Galarce, también víctima de represión, refirió que las autoridades no les notificaron sobre esta audiencia en la que buscaban deslindarse de responsabilidades. Sin embargo, tras ejercer presión por medio de redes sociales y medios de comunicación, la audiencia de suspensión condicional fue cancelada.
“Ellos quieren que lleguemos a un acuerdo con los policías. Han habido tres intentos de suspensión condicional. Nos preocupa que hay una línea clara de parar estas audiencias por parte del gobierno del estado”, acusó Wendy Galarce.
Con dicha suspensión, si en algún momento llegara a darse, se terminaría el proceso legal contra los elementos de seguridad.
“No estamos a favor de que se lleve a cabo la suspensión con los policías, quieren liberarse de todos los cargos. Queremos llevarlos a juicio, queremos justicia y verdad. Al día de hoy no nos quieren decir quién dio la orden para disparar, porque las investigaciones de la Fiscalía son tan asquerosas que limpiaron la escena del crimen. Dicen que no se disparó ni una sola bala. No tenemos verdad, no tenemos justicia, no hay una reparación integral que es en lo que se podrían basar para dar una suspensión provisional”, expresó .
Aunado a ello, Wendy Galarce detalló que ella y otras personas que integran el Comité de Víctimas del 9N, constantemente reciben amenazas, por lo que fueron ingresadas al Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Pese a ello, acusa que continúan siendo vigilados y amedrentados, “apuestan a que nos cansemos”, sentenció.
Sin justicia a más de dos años
El 9 de noviembre de 2020 policías agredieron a manifestantes feministas que se encontraban frente al municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado o “Alexis”, como era conocida.
Alexis tenía 20 años. El 7 de noviembre salió de su hogar y después de esto no se supo nada de ella, hasta el día siguiente, cuando fue localizada sin vida.
La indignación se desató en Cancún, lo que derivó en protestas, entre ellas la realizada el 9 de noviembre.
Ese día policías municipales y estatales abrieron fuego contra la manifestación y detuvieron a varias mujeres que portaban paliacates y otros distintivos propios del movimiento feminista. Además, torturaron sexualmente al menos a dos menores de edad.
La Red Feminista de Quintana Roo acusó que esta agresión fue planeada. Al respecto, Mara Lezama Espinosa, entonces presidenta municipal de Benito Juárez (y actual gobernadora de la entidad), aseguró que jamás ordenaría ningún tipo de represión.
Por su parte, quien en ese momento gobernaba la entidad, Carlos Joaquin González, expresó que dio instrucciones precisas de “no agresiones y no armas en las marchas”.
Sin embargo, los testimonios de las mujeres revelaron la verdad. Tal es el caso de María Oronzor, una de las mujeres que acudieron el 9N al Palacio Municipal Benito Juárez, quien fue víctima de tortura sexual por parte de los policías que participaron en el operativo.
De acuerdo con el testimonio que ofreció en un foro virtual el 7 de noviembre de 2022, María recordó que policías las amenazaron a ella y a sus compañeras diciéndoles que “las iban a dejar peor que a Alexis”.
Oronzor también afirma que, cuando acudió a denunciar las agresiones en su contra, las autoridades le dijeron que eso no era tortura sexual. Era violencia, sí, pero no tortura; esto, pese a que quienes perpetraron la violencia eran aquellos que deberían proteger a la ciudadanía en lugar de intimidarla y acallarla.
“Era euforia con la que golpeaban a las mujeres manifestantes… Yo sigo protestando porque no quiero que pase, porque quiero garantías de no repetición, quiero justicia”.
La represión de la marcha del 9N en Cancún incluso fue documentada por Amnistía Internacional México en su informe México: La era de las mujeres. Estigma y violencia contra mujeres que protestan, publicado en marzo de este año.
Dicho informe incluye el caso de Wendy Galarza, joven activista que resultó herida con armas de fuego durante la represión de la marcha referida.
Precisamente un año después de los hechos, el 10 de noviembre 2021, una delegación de Amnistía Internacional México y del “9.11 Comité de Víctimas” se reunió con el Fiscal General de Justicia de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, para conocer los avances en la investigación iniciada para identificar a las y los integrantes de las fuerzas policíacas que reprimieron física y sexualmente a las mujeres, pero no hubo avance alguno.
Sin embargo, entonces y ahora, la investigación se encuentra estancada, ninguna autoridad se ha disculpado -pese a peticiones de las víctimas- y la violencia institucional se ha incrementado, buscando obligar a las mujeres a desistir de sus intentos por exigir justicia.
La criminalización de la protesta es una constante en México. En octubre de 2021 organizaciones denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado mexicano hace uso indebido de la fuerza, violencia, tortura sexual, acoso, hostigamiento físico y digital contra las mujeres que participan en las protestas feministas.
Tan sólo entre 2020 y 2021 las organizaciones documentaron represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 estados de la república: Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Ciudad de México. Estos casos de represión policial tuvieron en común que durante las detenciones y traslados, las niñas y mujeres sufrieron violencia física, psicológica y sexual.
