/Por Mónica Garza /
Gerardo Fernández Noroña se lanzó con agresivas desacreditaciones contra periodistas que lo cuestionaron, colocándose así como parte de una lamentable estadística nacional. (…) retrató la facilidad e impunidad con la que una figura en el poder puede violar la libertad de expresión
En México sólo el 3.6 por ciento de la población económicamente activa tiene la capacidad de adquirir un departamento o una casa con comodidad. En la Ciudad de México una propiedad de 2.5 millones de pesos a crédito requiere un ingreso mínimo de 35 mil pesos, con solvencia asegurada de 10 a 20 años que puede durar el financiamiento.
Según el Inegi, hasta mayo de 2025, sólo 2.17 millones de las 59.97 millones de personas empleadas, tienen ingresos mensuales por encima de 25 mil pesos, lo que hace del proyecto de comprar una casa, un imposible para muchos.
Por eso la historia de “prosperidad transformadora” en poco tiempo de algunos políticos siempre sorprende, como la del senador Gerardo Fernández Noroña, que esta semana se enredó en sus declaraciones patrimoniales, frente a la sagrada montaña del Tepozteco.
“Necesito una casa, nomás que no tengo dinero”, dijo apenas en 2021, el mismo que antes aseguró haber vendido parte de su biblioteca personal para sobrevivir, mucho antes de consolidarse como youtubero y colaborador de medios de comunicación, cuyos ingresos junto con su sueldo de legislador, finalmente le permitirían probar las mieles de una cabina business class en vuelos trasatlánticos.
Entonces pareció reconocer que eso de la prosperidad incluyente no está tan mal…
Pero esta semana, además del lamentable —aunque no tan impredecible— episodio de golpes que protagonizó con el coordinador de los senadores del PRI, Alejandro Moreno, Gerardo Fernández Noroña se lanzó con agresivas desacreditaciones contra periodistas que lo cuestionaron, colocándose así como parte de una lamentable estadística nacional.
Primero se fue contra mi compañero de Azteca Noticias, Gerardo Segura, durante una conferencia de prensa, respondiendo a preguntas simples y coyunturales con ataques contra el reportero y la empresa que representa.
Después, a través de su cuenta de X se lanzó contra la periodista Azucena Uresti, exhibiendo una fotografía tomada de las redes sociales de la periodista, sin su consentimiento, en un acto por demás intimidatorio.
La exhibió en un área del complejo habitacional donde vive la comunicadora, asegurando que es de su propiedad, lo que Uresti desmintió sólo horas después.
Lejos del diálogo y más lejos aún del oficio político, el senador Fernández Noroña retrató la facilidad e impunidad con la que una figura en el poder puede violar la Ley de Protección a Defensores y Periodistas, y el artículo 6to de la Constitución que protege el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento.
La organización Artículo 19 reprobó públicamente las acciones del legislador, señalando la gravedad de divulgar datos de periodistas dentro del marco de declaraciones oficiales, porque puede generar mayores hostilidades.
Y es que no se puede pasar por alto que dichas acciones son una forma de violencia digital, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Y el hecho no es un episodio aislado, sino parte de un clima creciente donde los periodistas enfrentamos no sólo agresiones físicas —en el país más letal para ejercer el periodismo en Latinoamérica— sino también jurídicas sistemáticas.
El Poder Judicial de la Federación emitió una contundente resolución el 18 de agosto pasado sobre la sección “Quién es Quién en las Mentiras”, de las mañaneras del expresidente López Obrador.
Fue declarada violatoria del honor, dignidad y derechos de periodistas críticos del Gobierno. Pero ocurrió hasta ahora, luego de haber sido animada y sostenida durante seis largos años, por el propio Presidente de la República, que cada miércoles cruzaba una línea prohibida, dejando en el patíbulo digital a periodistas que ya con pocas armas salían a defender su prestigio.
Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, la organización Artículo 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios, que afectaron a 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios, en 17 estados del país.
Veracruz, Ciudad de México y Jalisco encabezan el acoso sistemático; en algunos casos, escudándose en la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, empleada no para proteger, sino para inhibir el debate crítico.
Campeche ha sido uno de los mayores ejemplos de intolerancia y hostigamiento, seguido por Baja California y Guerrero.
Son muchos los casos que hoy exhiben un asedio digital con la exposición de datos privados y hasta familiares; asedios jurídicos con amenazas de demandas, o simbólicos, al intimidar desde la política, que debería ser una herramienta al servicio del bien ciudadano, no un arma para silenciar información incómoda.
La política en México ciertamente está atravesando por uno de los episodios más vergonzosos de su expresión, pero también de su intolerancia e impunidad, en su ejercicio inescrupuloso de perseguir desde el poder para silenciar las crónicas de lo que nunca debió suceder…
