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04.04.2025 Ginebra.- Luego de que el 15 de marzo Liz Throssell, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hiciera pública la preocupación del organismo internacional sobre el descubrimiento de restos humanos en un rancho en México (Izaguirre), el Comité contra la desaparición Forzada en la ONU (CED) ha reaccionado ampliamente anunciando un procedimiento inédito ante lo que llamó “desapariciones sistemáticas” en México.
“El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país”, había señalado Liz Throssell, hace un mes.
Este 4 de abril la Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió por primera vez un procedimiento para investigar la situación de las desapariciones en México que calificó de “sistemáticas o generalizadas”, por lo que el caso se expondrá ante la asamblea.
El presidente de la CED, Olivier de Frouville, durante el discurso de Clausura del 28 periodo de sesiones, abordó el caso México y señaló que recibieron “información fundamentada” que indica que la desaparición forzada “se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”.
Debido a lo anterior anunció que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) abrió el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas y solicitó información al gobierno mexicano sobre la “existencia de un contexto generalizado o sistemático de desaparición”, previsto en el artículo 34 de la convención internacional.
“Así decidió, primero, hacerle llegar al Estado mexicano, dentro de las próximas semanas, una solicitud formal de información pertinente respecto a esta situación, sin prejuzgar los siguientes etapas del procedimiento”, apuntó.
Olivier de Frouville explicó que el CED solicitará primero toda la información pertinente relacionada con la situación para su análisis y por lo tanto de ninguna manera implica prejuzgar al Estado mexicano.
“El comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención”.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente hay más de 126 mil personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio mexicano. Lo que sistemáticamente evade el Gobierno mexicano.
El artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, en el que se basó el comité para iniciar el procedimiento contra México por esta situación, establece que:
“Si el Comité contra la Desaparición Forzada recibe información que a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esta situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidad, por medio del secretario general de las Naciones Unidas”.
En una primera reacción la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) hizo un llamado al Gobierno de México para que proporcione toda la información necesaria que permita al Comité realizar un análisis completo sobre las desapariciones forzadas en el país.
Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, señala al medio Yo ciudadano que respalda la decisión del Comité de la ONU y también instó al Estado mexicano a colaborar de forma transparente.
“Consideramos que lamentablemente las desapariciones en México es un fenómeno que sigue creciendo, que no hay medidas de prevención ante ello, y es responsabilidad del Estado mexicano”, sostuvo.
Méndez destacó la importancia del CED como un contrapeso para frenar el crecimiento de las desapariciones en México: “el Estado mexicano tiene que ser llamado a rendir cuentas”, advirtió.
