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19/07/2022/ México.- Desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa inició la llamada “guerra contra las drogas” en 2006, México se ha visto envuelto en una ola de violencia que parece no ceder, sino incrementarse con el tiempo. En medio de esta guerra, miles de mujeres y niñas han sufrido las consecuencias directas e indirectas de administraciones que continúan en la apuesta por la prohibición en lugar de negociar una regulación con perspectiva de género.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2020 había 11 mil 724 mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios del país. De ellas, el 15.2 por ciento estaba en prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
En un estudio publicado en noviembre del mismo año, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) explicó que tanto en México como en el resto de América Latina la mayoría de estas mujeres son sentenciadas por delitos como la tenencia de sustancias.
La WOLA afirma que, en muchos casos, estas mujeres enfrentan sentencias injustas mayores a las de los hombres, a pesar de que ellas suelen estar en los eslabones más bajos de las cadenas de tráfico. En estos estratos, precisamente, sus papeles se reducen casi siempre al de las “mulas”: las personas encargadas de transportar la droga.
Monserrat Angulo, coordinadora de comunicación del colectivo ReverdeSer, declaró a Cimacnoticias que las mujeres relacionadas con el crimen organizado en México no son poseedoras de terrenos ni lideran grandes cadenas de tráfico. Además, suelen recurrir al narcomenudeo como un último recurso para subsistir.
Pese a esto, mientras ellas son encarceladas, los líderes de los grandes grupos criminales permanecen en la impunidad. De esta manera, el sistema prohibicionista de las drogas pone en una marcada desigualdad a las mujeres; pero esta vulneración de los derechos se reproduce más allá de los penales mexicanos.
La prohibición de las drogas reproduce violencias machistas
Probablemente muchas personas están convencidas de que el negocio del crimen organizado se reduce al tráfico de drogas. Sin embargo, estos grupos también son responsables de otros delitos como el tráfico de personas y la prostitución –economías criminales que afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas–.
De ahí que para Sonia Dávila Vargas, filósofa y activista por la divulgación de la historia desde una mirada crítica, la expansión de estos grupos represente también un incremento en el feminicidio, las desapariciones forzadas de mujeres y, en general, la violencia machista en la sociedad mexicana.
Las cifras respaldan esta afirmación. Según un informe de 2017 elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, en los últimos 32 años previos a la publicación se habían registrado 52 mil 210 casos de feminicidio. Casi la tercera parte de esos delitos sucedió entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –es decir, después del inicio de la llamada “guerra contra el narco”–.
Basta con ver las noticias actuales para saber que los números continúan al alza en toda la República mexicana.
CIMACFoto
Además de estos tipos de violencia generalizados, hay que considerar que las mujeres habitantes de comunidades fuertemente golpeadas por los grupos delictivos enfrentan otros problemas como los desplazamientos y el empobrecimiento de poblaciones enteras, la desposesión de tierras y la participación forzada en actividades criminales.
Por su parte, otras mujeres madres o cuidadoras de personas con discapacidades viven la dificultad de acceder a terapias alternativas con derivados del cannabis para tratar los padecimientos de sus hijas, hijos o personas a su cuidado. Y, si logran acceder a ellos, aún les queda traspasar la espesa barrera del estigma social.
Ante este estigma, varias mujeres en México y América Latina se han organizado en busca de una solución a la prohibición y la violencia.
El feminismo antiprohibicionista: la lucha por el fin de la guerra
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó el primer amparo para permitir el uso lúdico de la marihuana. Dos años después, en 2017, se aprobó una reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir el uso medicinal de la planta. Sin embargo, estas reformas se hicieron oficiales hasta enero de 2021.
En noviembre de 2020, el Senado aprobó un dictamen para la creación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Pese a esto, todavía no hay consenso sobre el tema y la publicación oficial de dicha ley sigue en pausa.
Para Sonia Dávila Vargas, lo anterior refleja la falta de intención de los gobiernos para llegar a un acuerdo en la regulación de la marihuana. Paradójicamente –afirma la filósofa–, las administraciones siguen preguntándose cuáles son las causas de los aumentos de violencia relacionados con las drogas en el país.
Ante esta falta de respuesta desde las instituciones, las mujeres han tomado la iniciativa de organizarse para ejercer presión y proponer caminos hacia una regulación con perspectiva de género. Estas nuevas redes y sus objetivos han recibido el nombre de feminismo antiprohibicionista.
Desde sus colectivos, tanto Sonia Dávila como Monserrat Angulo forman parte del movimiento a favor de una regulación de la marihuana y otras sustancias. Y aunque es un movimiento reciente, se ha extendido no solo en México, sino en otros países a los que la guerra contra las drogas les ha pasado factura.
De acuerdo con Monserrat Angulo, esos países generalmente forman parte del sur global, un sur sometido históricamente por las potencias del norte. En ellos, la prohibición se intersecta con los gobiernos conservadores, el mercado capitalista y las economías ilícitas para dar pie a algunas de las violencias enumeradas con anterioridad. Por ello, para ReverdeSer, la apuesta es por políticas de incidencia que abarquen toda la región.
Desde hace 10 años, el colectivo ha trabajado a favor de una regulación que lleve al término de la guerra contra las drogas. Parte de su labor incluye la incidencia directa en comunidades afectadas, así como el acompañamiento a personas usuarias que han sido criminalizadas y a familiares de víctimas de desaparición forzada, entre otras más.
Por su parte, el colectivo donde participa Sonia Dávila trabaja en la difusión de una regulación con mirada feminista desde 2018. El podcast Fem Cannábica y la fanzina Genealogías Manifiestas son parte de su labor.
Además de estas acciones, ambos colectivos fueron parte de la Encuentra Nacional de Mujeres Feministas y Antiprohibicionistas en septiembre de 2021. En esta congregación participaron 143 asistentes entre colectivos, investigadoras, consumidoras y activistas, todas a favor de una política regulatoria de sustancias.
Acción colectiva frente a la inacción del gobierno
Para Sonia Dávila, la presión ejercida desde espacios como la Encuentra es indispensable frente a la inacción de los gobiernos. De acuerdo con ella, lejos de tener avances en el tema, el debate al respecto parece estar detenido en México.
Desde su perspectiva, la lucha para revivir la discusión debería enfocarse en el cultivo autogestivo y no en concesiones a las grandes empresas. Esto beneficiaría, en parte, a todas aquellas mujeres que abogan por el uso médico de la marihuana.
A lo largo de más de 5 mil años, la cannabis ha acompañado a las mujeres, sobre todo para mejorar la salud femenina, pero también la salud de las personas a quienes cuidamos porque las mujeres siempre hemos sido las responsables de los cuidados y la sanación.
SONIA DÁVILA VARGAS
Por su parte, Monserrat Angulo destaca que, si bien no hay una regulación todavía, organizaciones como “Mujeres Forjando Porros Forjando Luchas” han sacado a la luz la mirada feminista sobre el tema de la regulación. En diciembre de 2020, la red logró posicionar su perspectiva en la Cámara de Diputados durante el análisis de uno de los dictámenes referentes a la cannabis.
Con todo esto, se observa que la guerra contra las drogas expone a las mujeres a la violencia sexual durante las detenciones, carencias específicas en los sistemas penales en México y estigma social incluso dentro de los círculos de las y los consumidores.
A pesar de esto –según manifiestan Sonia Dávila y Monserrat Angulo–, los gobiernos tratan el tema de las drogas como un asunto basado en la moral en el que, además, la perspectiva de género sigue relegada. Mientras el debate no se traslade al ámbito de la salud pública y no se considere a las mujeres –y las implicaciones para ellas– dentro de la discusión, la guerra contra las drogas prevalecerá como una guerra contra nosotras.
