/ Gabriela Cuevas /
En 1995 se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Esta Conferencia cobró relevancia porque consolidó los avances jurídicos de las décadas anteriores para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. En ese año las mujeres representaban únicamente el 11.3% de los espacios en los parlamentos del mundo.
El reporte Women in Politics —publicado por ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria— indica que para 2023 el porcentaje de mujeres en los poderes legislativos se incrementó a 26.5 y sólo 6 países han alcanzado la paridad de género en la composición de sus parlamentos.
En México la historia ha sido distinta, somos un caso de éxito en el avance hacia el empoderamiento político de las mujeres. Nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial por el número de mujeres en el Poder Legislativo Federal; además, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial son encabezados por mujeres, y todo indica que el próximo año también tendremos a una mujer presidenta de la República.
El camino hacia la paridad y el empoderamiento político de las mujeres en México no ha sido fácil, por el contrario, hemos tenido que superar obstáculos culturales e institucionales por décadas. Algunas voces —la mayoría masculinas— aún cuestionan la pertinencia de las acciones afirmativas y olvidan la grave desigualdad que enfrentamos las mujeres.
Un breve recuento histórico. En 1953 se reconoció el derecho al voto para las mujeres, quienes pudieron acudir a las urnas por primera ocasión dos años después. En 1996 se modificó la legislación para que los partidos políticos consideraran en sus estatutos que las candidaturas al Poder Legislativo no excedieran el 70% de un mismo género, y hasta 2002 se reformó el Cofipe para establecer la obligatoriedad de las cuotas de género en esa misma proporción.
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Las reformas legales continuaron en 2008 modificando la proporción a 60-40% en el Cofipe y se tomaron medidas para garantizar que las mujeres no fueran relegadas a los últimos lugares de las listas plurinominales. Aún así, en 2009 algunos partidos políticos utilizaron a mujeres que pedirían licencia a favor de los hombres que tenían como suplentes. En 2014 se modificó el artículo 41 de nuestra Constitución para incluir la paridad de género (50-50%) en las candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos estatales, y finalmente en 2019 se aprobó la reforma de “Paridad en todo”.
El principal objetivo de las acciones afirmativas es acelerar los cambios culturales a través de mecanismos institucionales porque la realidad nos demuestra que hombres y mujeres no competimos en igualdad de circunstancias: de acuerdo con la ENUT (2019) cuando una mujer se casa pierde 7.3 horas diarias de tiempo libre, mientras que el hombre gana 2.9 horas diarias, el Inegi (2021) reportó que el 70.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos un incidente de violencia en su vida, y el WEF (2023) ubica la brecha de género en México en 76.5 por ciento.
Las polémicas cuotas de género deben entenderse como un mecanismo temporal para transformar nuestras sociedades y hacerlas más justas, igualitarias e incluyentes. Continuar por la misma ruta sólo perpetuaría la desigualdad o al menos ralentizaría la inclusión de género. Sólo a través de una mejor representación política podemos abrogar las leyes que aún discriminan a 2 mil millones de mujeres en el mundo, generar mejores oportunidades de desarrollo humano y bienestar económico, y erradicar todas las formas de violencia y discriminación.
