*
14/06/2022/ Irineo Pérez Melo/ Xalapa, Ver.- El diputado local Ramón Díaz Ávila, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz, demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) llame a comparecer al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en torno a la situación jurídica de Pasiano “N”.
En entrevista el legislador local petista fundamentó su petición para que den los elementos de prueba que tienen en la vinculación a proceso de la que es objeto el alcalde electo de Jesús Carranza, ya que hicieron públicos algunos señalamientos ante los medios de comunicación de la entidad relacionándolos con integrantes del crimen organizado.
De resultar verídico esos señalamientos, dijo, “nosotros no tenemos nada que defender a Pasiano, pero debe comprobársele algún hecho que los vincule con el narcotráfico, tal y como lo están señalando estos servidores públicos, porque nosotros solo sabemos que él fue detenido por ultrajes a la autoridad y ahora lo vinculan con la tentativa de homicidio”, añadió.
“Con esto que comenta el Gobernador del Estado, que no maneja el nombre solamente dice: candidato del Partido del Trabajo y pues no hay otro más que Pasiano, entonces, ojalá el Fiscal General de la República esté atento de los comentarios que hizo el Gobernador y el secretario de Gobierno y los llame a comparecer”.
Y es que en la conferencia de prensa ofrecida por el Ejecutivo del Estado el pasado miércoles 13 de junio, dijo que a Pasiano Rueda se ve ligado con el Gallo o el Vani, de ahí que está obligado a probar sus dichos, señaló por último el legislador local.
Exhortan a magistrada Isabel Romero informe sobre estado jurídico de expedientes de procesados por ultrajes a la autoridad.
Por otro lado, en la sesión legislativa de este día, el diputado Ramón Díaz Ávila presentó un exhorto para que la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informe al Congreso local sobre el estado actual y jurídico que guardan los expedientes de ciudadanos veracruzanos procesados por el delito de ultrajes a la autoridad.
El legislador local petista, al presentar el posicionamiento de su partido, refirió que el delito de ultrajes a la autoridad fue declarado invalido de este tipo penal, al considerar que viola el principio de taxatividad y que este tipo de normas son sobreinclusivas o desproporcionadas.
Expresó que desde el pasado 28 de febrero del año en curso este delito fue derogado, por lo que es necesario que la sociedad conozca la situación de las miles de personas procesadas por este delito y si los jueces de control siguen sin acatar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, caen en desacato de un mandamiento del Máximo Tribunal del país, omisión que los lleva a una responsabilidad penal.
Con este punto de acuerdo, dijo por último, se busca salvaguardar las garantías individuales de quienes hasta hoy se encuentran privados de su libertad por este delito que en Veracruz es inexistente y, que permitirá a la vez cerrar el paso a la impunidad, así como exigir con la ley en la mano la rendición de cuentas a quienes están al servicio de la administración de la justicia.
