Mesoamérica, 2 de agosto de 2019 – Desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México expresamos nuestra preocupación ante la grave situación de violencia y riesgo que están enfrentando las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México y la negligencia e incapacidad del Estado para garantizar su protección.
Con el asesinato de Zenaida Pulido, ocurrido el pasado 19 de julio, ya suman 5 las mujeres defensoras y periodistas asesinadas en México desde el inicio de 2019. Según datos de la oficina permanente en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el número total de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante el año en curso se eleva a 14, igualando el número de ese tipo de crímenes perpetrados durante todo 2018.
En los últimos días, varias mujeres periodistas y comunicadoras han sido objeto de ataques de diversa índole: Lydia Cacho sufrió un allanamiento de hogar con robo de información sensible, justo después de que el Estado levantara las medidas de protección con que contaba; la casa de la comunicadora Nidia Hernández, en Puebla, fue balaceada; y la twittera Frida Guerrera ha recibido diversas amenazas de muerte y violencia sexual a través de las redes sociales.
Frente a ello, el Estado mexicano, lejos de cumplir con su obligación de garantizar la protección a quienes defienden derechos humanos y ejercen la labor periodística, es responsable de decisiones muy graves e irresponsables que incrementan el riesgo que estas personas enfrentan, como la de levantar las medidas de protección a la periodista Lydia Cacho; o la de no reconocer como “defensora de derechos humanos” a Zenaida Pulido, pese a su trayectoria contrastada y la clara definición sobre quién es una “persona defensora” establecida por el Relator de la ONU sobre la situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Tampoco contribuye a garantizar la protección a personas defensoras y periodistas el hecho de que desde las más altas esferas del Estado se dé pie a un discurso que muchas veces pone en entredicho la labor de estas personas, desacreditándolas y poniéndolas en el punto de mira de ataques de diversa índole y procedencia.
Los ataques y criminalización contra organizaciones y defensoras de los derechos de las personas migrantes, junto con el despliegue de la Guardia Nacional para llevar a cabo tareas de control migratorio e inhibir la labor de defensa de los derechos de la población migrante son otros hechos que en el actual contexto de incremento del flujo migratorio nos preocupan especialmente. Tras el reciente pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de migración, varios albergues han sido allanados por la Guardia Nacional y diversas defensoras han sido objetos de ataques en Estados como Baja California y Sonora.
Consideramos que en el contexto de un país que desde hace años se encuentra sumido en una profunda crisis de violencia generalizada que se manifiesta en cifras escandalosas de asesinatos, feminicidios, personas desaparecidas, secuestros, trata de personas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, corrupción e impunidad, como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales que han propiciado el auge del crimen organizado y de la economía extractiva; la labor de quienes defienden derechos humanos y de quienes a través del ejercicio periodístico denuncian y documentan violaciones a derechos es fundamental para revertir la situación y abonar a la necesaria transformación del país.
En el caso de las mujeres defensoras y periodistas, quienes además de la coyuntura actual de violencia enfrentan una discriminación estructural e histórica por razón de su género que las expone de manera diferenciada en contextos de riesgo, el reconocimiento público de su trabajo es fundamental para su protección, así como la adaptación de los mecanismos de protección a sus necesidades y circunstancias específicas.
Por todo ello, desde la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigimos al Estado mexicano que:
•Cumpla con su obligación de garantizar la protección a las mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas, de manera efectiva y atendiendo a las necesidades y especificidades de cada caso.
•Reconozca públicamente el papel fundamental que las defensoras de derechos humanos y las periodistas desarrollan para la transformación del país y garantizar la democracia y el respeto a los derechos humanos; absteniéndose cualquier servidor público de verter mensajes que pongan en entredicho su labor y credibilidad.
•Cumpla con las recomendaciones y obligaciones en materia de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas.
