* Veracruz en este momento está en el lugar 23 del 32 entidades en el Índice del Estado de Derecho, destaca.
/ Yhadira Paredes/
22.06.2023 / El Heraldo.com/ Xalapa, Ver.- La comunidad nacional e internacional tienen los ojos puestos en la entidad veracruzana ante la falta de Estado de Derecho y la nula libertad judicial que tienen los jueces y juezas veracruzanos, aseveró la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, Rosa Hilda Rojas Pérez.
La experta en Derecho de la UV manifestó que Veracruz ocupa apenas el lugar 23 de 32 entidades en Estado de Derecho, de acuerdo al análisis de World Justice Projet, el primer lugar lo ocupa Querétaro y el último Quintana Roo.
“Veracruz, desgraciadamente, no está en los primeros lugares de un Estado de Derecho, World Justice Project presentó la quinta edición del Índice de Estado de Derecho en México y Veracruz en este momento está en el lugar 23 de 32 entidades, de manera que, yo considero que todas las autoridades deben estar preocupadas y ocupadas para mejorar el Estado de Derecho, para que ocupe el primer lugar”.
Rojas Pérez dijo que en el caso de la jueza Angélica “N”, detenida y vinculada a proceso por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, se da cuenta que en la entidad no hay una independencia judicial.
“La sociedad, los colegios estamos preocupados de lo que sucede en Veracruz, vulnera todos los derechos humanos, un procedimiento legal injusto, en el caso de Angélica primero detenida, sin datos de prueba, 10 días después integran una carpeta de investigación y le imputan otro delito, contra la fe pública y tráfico de influencias. En mi opinión los datos de prueba no alcanzan para configurar tales delitos, la Fiscalía General del Estado debe encuadrar en estos delitos los datos de prueba”.
Consideró que en este caso se ha llevado un proceso irregular y es una evidente persecución, sobre todo cuando la Fiscalía integra una carpeta de investigación, solicita la orden de aprehensión y la ejecuta en tiempo record.
Además, a su parecer, si el mensaje que se le da a la sociedad es combatir la corrupción, no debe ser usando al Poder Judicial, pues para evidenciar la corrupción de jueces debe hacerse un estudio minucioso de su trabajo.
“Es preocupante que los jueces no tengan independencia judicial, sobre todo en el sistema penal, es uno de los pilares de la democracia, porque si no la hay se ha roto la separación de poderes, si el Ejecutivo tienen una injerencia sobre el judicial y legislativo estamos perdidos”.
Finalmente calificó como “extraño” que en este sexenio sea el titular del Poder Ejecutivo el que de cuenta de los asuntos de naturaleza penal, cuando es una responsabilidad de la Fiscalía General y del Poder Judicial.
