*Retrovisor.
/Ivonne Melgar /
La política de los votos cooptados derrotó a la resistencia de los jueces y magistrados que en 2024 protagonizaron una defensa sin precedentes de la autonomía del Poder Judicial (PJF).
Quienes descalifican la legitimidad social de esas protestas olvidan que, en medio de la aplastante victoria electoral del partido gobernante, en 2024 el voto opositor fue de 46 por ciento. Ese dato no puede borrarse, aun cuando las movilizaciones de jueces, magistrados, secretarios y profesionistas diversos del PJF parecerían haber cerrado el ciclo de las protestas con futuro.
Porque con la aprobación de la reforma judicial en el Senado se concretó el inicio del ciclo de la hegemonía gubernamental, gracias a opositores conversos que seguirán creciendo.
Previamente, esa reforma se abrió paso en la Cámara de Diputados, debido a que las instituciones electorales otorgaron a la mayoría legislativa oficialista una representación inflada de 74 por ciento.
Con ese poder, en el último cuatrimestre del año pasado, el gobierno y sus representantes en el Congreso concretaron más reformas para demoler a siete organismos autónomos.
Frente a un inminente entierro, nadie se ha atrevido a protestar y menos a movilizarse en Inai, Cofece, IFT, Coneval, CRE, CNH y Mejoredu.
Con la espada del despido en el cuello, los trabajadores de esas instituciones esperan ser liquidados decentemente o recontratados con ingresos a la baja, como ya sucedió en Inmujeres y Conavim, que se irán a la Secretaría de las Mujeres.
El silencio y la estoica espera de la guillotina resulta comprensible en el sector de los servidores públicos que en los últimos años entendieron la moraleja de que inconformarse era contraproducente en un nuevo régimen sin oídos para la crítica y la protesta.
Cada institución que en 2025 habrá de desaparecer será subsumida por otras o relevada en sus integrantes, como es el caso del PJF, prepara a su modo la respectiva entrega, transición o el funeral.
Y como si la extinción o la remoción no fuera suficientemente grave, los diputados del oficialismo les asignaron precarios presupuestos en su último año.
El Inai ya no recibirá un peso en abril, mes de su desaparición; en Cofece esto ocurrirá en julio y en IFT en agosto.
El fin de la mitad de los jueces y magistrados y todos los ministros será en noviembre.
En tanto llega ese día, la incertidumbre y una austeridad que compromete las funciones sustantivas encomendadas caracteriza la vida cotidiana de las instituciones y sus empleados.
Hay casos en los que se habla hasta de falta de agua y en los que se ha tenido que suspender el pago de servicios cruciales para bases de datos que el Estado mexicano acumuló en las últimas dos o tres décadas.
Los obligados ajustes presupuestales que por el recorte de los diputados aplica cada institución son antesala de la clausura sin gloria de una época del Estado mexicano que está llegando a su fin. Este jueves tocó el turno a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –componente clave del PJF, junto con el Consejo de la Judicatura Federal– que, de entrada, se bajaron su sueldo 50%.
La reducción en porcentajes diversos se aplicará a los salarios de 330 funcionarios de la Corte, incluyendo a los 11 integrantes del todavía máximo tribunal constitucional.
El acuerdo asumido por los ministros descartó afectar las percepciones del resto de los empleados de base, un total de 3 mil 80, ni recurrir a los recortes de personal, pero debió hacerlo en los apoyos de comida y estacionamiento.
Ambas prestaciones continuarán, pero habrá reducciones, e incluso se analiza incrementar el cobro de los alimentos de los trabajadores de la Corte, que desde hace una década pagan 25 pesos por un menú.
Aun cuando la SCJN presentó un presupuesto de transición, ajustándose a los parámetros de austeridad del régimen, los diputados le restaron 714.4 millones de pesos.
El monto total de 5 mil 208. 5 millones que ejercerá la Corte este año de transición es 25% menor en términos reales al que se le autorizó en 2018, un hecho que afectará el capítulo de Servicios Personales.
Y eso se planteó este jueves entre los ministros: dada la magnitud del recorte, será imposible que la reducción sólo se absorba en el gasto de operación, por lo que habrá ajustes en el también denominado capítulo 1000.
Lo anterior ocurrirá sin afectar las condiciones generales de trabajo vigentes. Pero todavía está en veremos el pago del estímulo económico de noviembre; lo asignado alcanza para los de abril y agosto. Y se anunció la solicitud de ayuda al respecto al gobierno vía la Secretaría de Gobernación.
¿Y el dinero para pagar las indemnizaciones de los 900 jueces y ministros que serán removidos este año? Es un enigma que igualmente aplica para los organismos autónomos.
En medio de estos preparativos del funeral del viejo régimen, como peyorativamente lo resumen los políticos de la 4T, no deja de ser significativa la negativa de más de 500 jueces y magistrados a someterse a las nuevas reglas del PJF.
Porque de ese tamaño es la cifra de los juzgadores que hasta ahora han solicitado su jubilación o retiro anticipado.
Una manera silenciosa y terrible de resistirse a lo que consideran una destrucción. Un desperdicio terrible de conocimientos y experiencias para la República.
